Se posterga el viaje de funcionarios al FMI por el estancamiento de la negociación

Ayer por la mañana se preveía que a la noche los negociadores del equipo económico volaran a Washington a sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la tarde ya se hablaba de que viajarían 24 horas después. Llegó el jueves y llegó la confirmación de que se suspendió el vuelo. Es lo mismo que viene ocurriendo desde hace un mes. El ministro de Economía, Sergio Massa, no quiere que sus funcionarios vayan a Estados Unidos antes de terminar de pactar todos los detalles por Meet. Pretende evitar que llegados allá les corran la cancha con nuevas exigencias. El problema es que hasta ahora siguen sin ponerse de acuerdo y entonces todo se retrasa. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores de la cartera, Leonardo Madcur, el director del Banco Central Jorge Carrera y el subgerente general de la entidad, Germán Feldman, permanecen sin acercarse a Ezeiza.

El gobierno de Alberto Fernández firmó en 2022 con el FMI un programa por el que iba a recibir de manera paulatina los fondos para repagar el préstamo récord que tomó Cambiemos en 2018. Cada tres meses se evaluaría el cumplimiento de tres metas (de ajuste fiscal y monetario y de acumulación de reservas) y si la Argentina las alcanzaba, recibiría desembolsos para abonar inmediatamente después. Todo venía más o menos bien el año pasado, pero el problema es que por impacto de la sequía el país incumplió las metas en el primer trimestre y difícilmente pueda lograrlas en todo 2023. Por eso, ya en junio dejó de recibir los giros del FMI para abonar los vencimientos de junio, que se saldaron a costa de bajar las reservas del Central al menor nivel en nueve años, y los de julio, que se postergaron para el último día del mes. Mientras tanto, se seguirán negociando nuevas metas y nuevas políticas para alcanzarlas. Cuando haya acuerdo, llegará el dinero para pagar la deuda que dejó Mauricio Macri. De desembolsos específicos para reforzar las reservas por la sequía cada vez se habla menos.

El conflicto radica en que para transferir la plata para saldar el crédito, el FMI pide más ajuste fiscal y una devaluación del peso oficial que aliente la exportación -hay US$ 9.200 millones de porotos de soja sin liquidar, en silobolsas- y desincentivar la importación. Se trata de dos medidas que el ministro candidato presidencial no está dispuesto a aceptar en plena campaña hacia las primarias del 13 del mes próximo. Tampoco el Fondo está proclive a reforzar reservas para que Massa se las patine autorizando importaciones para sostener la actividad económica en el periodo electoral.

Cuando llegue el 31 de julio, el Gobierno puede pagar sacrificando más reservas, lo que podría disparar el tipo de cambio paralelo o dificultaría la compra externa de insumos y maquinarias necesarias para la producción. O puede llegar antes a un pacto con el FMI aceptando condicionamientos, ¿pero cuáles? ¿El Fondo no entenderá que la sequía impidió llegar a las metas? La tercera opción es que la Argentina entre en “arrears” (atraso), no se llama default en el caso del organismo. Pero ni al Gobierno le interesa caer en una situación así ni el organismo desea que su principal deudor no le pague.

Si un país entra en retrasos, ya no puede seguir negociando con el Fondo para normalizar su panorama. Debe buscar ayuda de un tercero para repagarle al FMI, ya sea el Tesoro de Estados Unidos, China o quien sea, lo cual sería muy engorroso y enturbiaría en plena campaña el clima financiero local, ahora entusiasmado por los candidatos pro mercado. Además, si una nación deja de abonarle al Fondo, pierde la canilla de préstamos del Banco Mundial y del Interamericano de Desarrollo (BID), lo que complicaría al Gobierno en sus gastos sociales y obras públicas justo cuando más las necesita en términos políticos. Habrá que ver qué sucede en estas próximas tres semanas de julio.

AR /MG