El costo del ajuste
El tarifazo que no fue a las redes: las empresas de servicios públicos ganaron 55% y no invirtieron
Usuarios que recibieron el 2026 sin luz en el AMBA por apagones masivos de Edenor y Edesur, la suspensión de más de sesenta vuelos en plena ola de calor por un desprendimiento de asfalto en la pista, Argentinos enojados con sus servicios de Internet. El crecimiento de lista de reclamos hacia los prestadores de servicios públicos convive con tarifas que aumentan mes a mes.
El discurso oficial repite desde hace años que las deficiencias en la prestación de servicios públicos se debe a la regulación del precio de las tarifas, pero un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), que analizó los balances de 18 empresas de servicios públicos de electricidad, gas, telefonía, aeropuertos, peajes presentados ante la Comisión Nacional de Valores, no verifica que esos aumentos hayan ido a inversiones productivas para mejorar los.
De acuerdo al informe elaborado por Gustavo García Zanotti y Martín Schorr entre 2023 y 2025, la ganancia bruta (EBITDA) agregada de estas firmas creció más del 55% en términos reales, mientras la inversión productiva quedó estancada o incluso retrocedió en muchos de estos sectores.
El sinceramiento que no sinceró inversiones
El gobierno de Javier Milei bautizó su política tarifaria como un sinceramiento de precios relativos, que se traduce en una reducción de subsidios y su consecuente aumento de tarifas para reflejar los costos reales de los servicios. Entre 2023 y 2025, mientras el índice general de precios de la economía subió 334%, el rubro electricidad, gas y agua aumentó 760%, según datos del INDEC citados en el informe.
El informe muestra que ese aumento significó una transferencia de ingresos: los ingresos por ventas de las 18 compañías de la muestra crecieron 28% real entre 2023 y 2025, mientras el valor bruto de producción de toda la economía apenas subió 1%. Esto que los autores denominan “transferencia de recursos hacia las compañías prestatarias”, no se explica por eficiencia ni por mérito empresarial, sino por el diseño regulatorio.
¿Qué pasó con la otra mitad de la promesa? (lograr una mejora en los servicios a partir del aumento de tarifas). “La tasa de inversión respecto de la facturación no presenta mejoras significativas”, asegura el informe. En generación y transmisión eléctrica, transporte y distribución de gas, las inversiones medidas en pesos constantes se mantuvieron estables o cayeron. Solo telefonía (por la fusión Telecom-Telefónica) y transporte de electricidad (donde el ENRE obliga por regulación a reinvertir parte del tarifazo) fueron la excepción durante el periodo.
El excedente que generó el aumento de tarifas no fue, en general, a ampliar la capacidad de las redes, sino a engrosar la caja financiera de las compañías con inversión en fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones, plazos cortos. Según los balances analizados en el informe mencionado, a fines de 2025 TGS mantenía activos financieros por 1.239 millones de dólares, el equivalente al 105% de toda su facturación anual. Pampa Energía tenía 1.173 millones (57% de sus ventas); Edenor, 582 millones (28%); Telecom, 553 millones; Central Puerto, 373 millones.
Los dueños
Un puñado de grupos económicos nacionales domina el mapa de las empresas que brindan servicios públicos con una característica común: diversificación sectorial y alta capacidad de incidencia sobre los marcos regulatorios que ellos mismos negocian.
Marcelo Mindlin, a través de Pampa Energía, controla generación eléctrica y mantiene una participación del 50% en Transener, la columna vertebral del sistema de alta tensión que conecta casi todo el país. Pampa cerró 2025 con una capitalización bursátil que rozaba los US$ 5.200 millones, y es hoy el mayor generador eléctrico del país. Mientras crecía el negocio regulado, Mindlin expandió su imperio hacia otros frentes. En abril de 2026 se quedó con el control de Loma Negra, la cementera más grande de Argentina, al convertirse, junto a los fondos Redwood Capital Management y Moneda-Patria Investments, en accionista mayoritario de InterCement, el holding brasileño que la controlaba desde 2005. La operación se cerró tras una reestructuración de una deuda de US$ 1.500 millones de InterCement, e incluyó un aporte de capital de US$ 110 millones.
Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América y de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000, combina ese negocio con energía a través de la Compañía General de Combustibles (CGC). Es, según Forbes, el argentino que más subió en el ranking global de multimillonarios en 2026: pasó de USD 3.400 a USD 4.800 millones de patrimonio en un año, ubicándose cuarto entre los seis argentinos que integran la lista mundial. Su vínculo con el actual gobierno no es sólo empresarial: Milei trabajó 21 años para el grupo de Eurnekian antes de ser diputado, y recién en diciembre de 2024 venció el plazo de tres años que la ley de ética pública le exigía para poder firmar decisiones que beneficiaran a su exempleador. Aun así, en septiembre de 2025 su gobierno avanzó con un acta acuerdo —hoy en revisión, tras la detención por corrupción y narcotráfico del entonces titular del ente regulador aeroportuario— para extender la concesión de Aeropuertos Argentina de 2028 hasta 2056, con una opción de prórroga hasta 2066.
Daniel Vila y José Luis Manzano, socios desde hace casi tres décadas en el Grupo América, se quedaron en 2021 con Edenor en sociedad con Mauricio Filiberti, conocido como el rey del cloro por ser uno de los principales proveedores de ese químico para AySA. El dúo ya controlaba desde 2007 la distribuidora eléctrica de Mendoza, Edemsa, y participa además en Metrogas, la gasífera que abastece a más de 10 millones de personas en el AMBA. El ritmo de expansión del grupo se aceleró en el último año y medio: en octubre de 2025 compraron Telefe, la principal señal de TV abierta del país y en junio de 2026 Manzano participó de la compra de los activos de Raízen Argentina, la empresa con la que además se convirtió en uno de los mayores consolidadores de litio de Sudamérica.
Paolo Rocca, del Grupo Techint, es el empresario más rico de la Argentina según el último ranking Forbes. El holding incluye a Tenaris (tubos de acero sin costura, donde Rocca dejó la conducción ejecutiva en mayo de 2026 pero sigue como presidente del directorio), Ternium (acero plano), Tecpetrol, su brazo petrolero, y el transporte de gas natural a través de TGN.
La familia Brito, dueña del Banco Macro, sumó a su negocio financiero la generadora Genneia, con presencia en generación renovable, distribución de gas y transmisión eléctrica. Bemberg y Reca consolidaron posiciones en generación y distribución eléctrica, y el Grupo Clarín amplió su presencia en telecomunicaciones comprando Telefónica Argentina.
El caso que el informe destaca como el conglomerado estrella de esta gestión es el de la familia Neuss, que en pocos años pasó de vender gaseosas y sodas en el conurbano a controlar piezas clave de la infraestructura energética del país. El grupo ya tenía desde hace años la distribuidora eléctrica de Río Negro (EDERSA) y, a partir de las privatizaciones habilitadas por la Ley Bases, sumó las centrales hidroeléctricas Cerros Colorados y Alicurá, las distribuidoras de Tucumán (EDET) y Jujuy (EJESA), y en mayo de 2026 se quedó con el control de Transener —la empresa que opera la red troncal de alta tensión eléctrica del país— al comprarle al Estado su participación en Citelec por USD 356 millones, en sociedad con Genneia. Los hermanos al frente del grupo, Juan y Patricio Neuss, son señalados por su cercanía personal, desde la infancia, con el asesor presidencial Santiago Caputo.