ENTREVISTA
Pedro Sánchez, presidente de España: “Es hora de que el Parlamento se parezca a la calle y no a quienes viven en pisos de lujo”
“España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha”, propone Pedro Sánchez en su primera entrevista tras convocar elecciones. El presidente y candidato socialista recibió a elDiario.es a las 12:30 del miércoles en la sede del PSOE en Ferraz. Tras el fallecimiento de Maricarmen, Sánchez accedió a ampliar esta entrevista con varias preguntas sobre una muerte que conmocionó a la sociedad española. Esa parte se grabó el jueves: aquí se pueden ver ambos videos completos.
“Hay que intervenir”, insiste Sánchez sobre la vivienda. El presidente plantea estas elecciones como una disyuntiva: “O derechos o recortes”, “o la gente o los fondos buitre”. Se muestra preocupado ante la posibilidad de una injerencia extranjera en las elecciones, “y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales”. Sobre el dueño de Amazon Jeff Bezos, que apoyó en redes las críticas a sus medidas de vivienda, Sánchez se pregunta “por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos”. También rechaza las acusaciones de la derecha sobre el voto por correo: “Esta mentira, y se les ve en la cara, es por miedo a perder las elecciones”.
¿Qué sintió al conocer la muerte de Maricarmen?
Pena, por supuesto. Tristeza. Y mucho rechazo a cualquier tipo de politización del dolor. Creo que la política está precisamente para responder a ese dolor y es lo que hemos hecho, con la aprobación y esperemos la convalidación del decreto que prohíbe precisamente desahucios como el que sufrió Maricarmen.
Maricarmen falleció en el hospital a las dos semanas de ser desahuciada. Otras personas, como es el caso de Olga en Hospitalet, se suicidan tras verse forzadas a dejar su casa. ¿Considera que son víctimas de un sistema injusto?
Sin duda. Este sistema tiene una parte de injusticia, sobre todo con los fondos buitre que mercantilizan el derecho a la vivienda que está reconocido en nuestra Constitución. Por eso creo que es tan importante lo que hemos aprobado en el Consejo de Ministros: definir qué es un fondo buitre. En muchas ocasiones la derecha y la ultraderecha tratan de enfrentar al pequeño propietario con el inquilino. Y es al contrario: tenemos que defender los derechos de los pequeños propietarios, de los inquilinos y, por supuesto, enfrentarnos a los fondos buitre, que lo que quieren es la especulación y el enriquecimiento frente al derecho a la vivienda.
Tras la muerte de Maricarmen, muchos manifestantes protestaron frente al Congreso. Entre otros cánticos, también gritaban: “¿Dónde está el Gobierno progresista?” ¿Qué les responde?
Que el Gobierno progresista está con su causa social, que está también en resolver el problema de la vivienda. Y de hecho, creo que dimos una respuesta pronta a esta cuestión con los dos decretos que aprobamos este pasado martes y que están ya en vigor, evitando desahucios.
Feijóo pide que no se haga campaña con la muerte de Maricarmen, mientras el PP veta un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid y Almeida permanece sentado en el minuto de silencio en el Ayuntamiento. ¿Se puede pedir que esta muerte quede fuera del debate político?
Sin duda. Un minuto de silencio no es de un partido político o de un determinado colectivo. El minuto de silencio siempre es una representación del dolor que expresa el conjunto de la sociedad. Es bueno que no se politice el dolor. Lo que hay que hacer es reivindicar la política para que no se produzca ese dolor.
Antes de ser desahuciada, Maricarmen le responsabilizó expresamente a usted junto a Ayuso y Almeida. Es verdad que ustedes aprobaron después un decreto que hubiese evitado ese desahucio, pero ¿en qué falló su Gobierno? ¿No se pudo aprobar antes?
Maricarmen lo que nos hizo es un llamamiento a todas las instituciones públicas para evitar los desahucios a personas vulnerables, como es su caso. Esta cuestión la hemos intentado plantear al Congreso en reiteradas ocasiones a lo largo de estos más de tres años de legislatura. Desafortunadamente sin el apoyo del bloque conservador, que ha sido muy taxativo en contra de evitar desahucios a personas vulnerables.
Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura
Usted justifica el adelanto electoral por el bloqueo parlamentario, pero tampoco se han aprobado los Presupuestos en toda la legislatura. ¿Por qué ese bloqueo era compatible con seguir gobernando y el rechazo a los decretos obliga a convocar elecciones?
Es cierto, no hemos aprobado los Presupuestos. Pero con los Presupuestos con los que actuamos hemos logrado un crecimiento récord: más del triple de la zona euro. Estamos concentrando la creación del 85% del total de empleo dentro de la zona euro. Además, hemos reducido a mínimos históricos la desigualdad en nuestro país, aunque sigue siendo uno de los principales problemas. Desde el punto de vista presupuestario, creo que hemos cumplido con los objetivos.
En segundo lugar, hemos aprobado 78 iniciativas legislativas entre las cuales están dos reformas de la Constitución. Creo que ha sido una legislatura fructífera. Pero a diferencia de la anterior, donde aprobamos la primera ley de la democracia sobre la vivienda, en esta ha habido un bloqueo por parte de una mayoría conservadora que ha entendido que los desahucios son poco menos que desalojos que se tienen que producir. Eso ha generado una contestación social, contraria a la realidad del Parlamento. Y si el Parlamento da la espalda a la ciudadanía, la ciudadanía tiene todo el derecho a reclamar la respuesta a lo que está demandando, que es una intervención contundente del mercado de la vivienda.
¿La presión de la calle ha hecho cambiar al PSOE su posición sobre la vivienda? ¿Se han atrevido a tomar medidas más osadas por las manifestaciones?
Nosotros hemos tenido siempre un mensaje muy claro. Necesitamos hacer del artículo 47 de nuestra Constitución lo que es: un derecho, una realidad. Hoy desgraciadamente no lo es.
¿Dónde está la dificultad? Primero, en gobiernos autonómicos del Partido Popular con Vox y en ayuntamientos también, que se niegan por razones ideológicas a aplicar la intervención en el mercado de la vivienda que habilita la ley de vivienda. Y dos, un Parlamento que se niega a regular y a intervenir en el mercado de la vivienda, en aquellos aspectos donde efectivamente es disfuncional.
Esta es la realidad que nos hemos encontrado durante estos tres años largos de legislatura y por eso he convocado las elecciones: porque necesitamos una mayoría parlamentaria progresista para hacer esa intervención en el mercado de la vivienda. La disyuntiva es: o derechos o recortes. O gente, o los intereses de los fondos buitre: los intereses de aquellos que miran las cosas desde arriba, desde los áticos.
¿Es usted partidario del alquiler indefinido y de que los propietarios indemnicen a los inquilinos al acabar el contrato o ha publicado este decreto en el BOE porque se lo exigía Sumar?
No, yo creo que es un debate necesario que tenemos que dar y que es pertinente porque existe en otras partes de Europa. Es verdad que es un debate avanzado para el estado actual del debate en España, pero el Gobierno y el Partido Socialista lo apoyan también.
¿Lo va a llevar el PSOE en el programa electoral?
Sí, vamos a llevar unas medidas de vivienda potentes y en ese asunto, por supuesto, el Partido Socialista estará. No solo hemos congelado los precios del alquiler al 2%, sino que también prohibimos los desahucios y extendimos ese escudo social hasta más allá de la pandemia y la crisis de Ucrania.
El Gobierno ha planteado este debate en las Cortes Generales no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces: en multitud de ocasiones. Hemos intentado regular el alquiler de temporada, hemos intentado proteger a las personas vulnerables víctimas de los desahucios, como fue el caso de Maricarmen. Desgraciadamente, los gobiernos autonómicos del PP y de Vox y los ayuntamientos se han negado. Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no a quienes viven en pisos de lujo.
¿Las medidas a favor de los inquilinos van en contra de los caseros? ¿Le preocupa que haya caseros que voten al PSOE que se puedan enfadar con estos decretos?
Esa es una falacia de la derecha y la ultraderecha, porque el pequeño propietario tiene en casa a sus hijos y sus hijas: a potenciales inquilinos que no pueden emanciparse por el precio del alquiler. Creo que el decreto guarda el equilibrio entre la defensa del pequeño propietario y los inquilinos. Y sobre todo, marca la diferencia entre cuáles son los intereses que defendemos nosotros frente a los fondos buitre y los especuladores.
¿Llevar a la Diputación Permanente unos decretos que antes fueron rechazados por el Parlamento es un fraude democrático, como critica la derecha? ¿O es una forma legítima de aprobarlos?
Es legítimo. El Gobierno va a seguir gobernando hasta el último día de las elecciones. Mi compromiso es que no se va a producir ningún desahucio en lo que queda de legislatura. Y aspiro a una mayoría parlamentaria más amplia, progresista, para que en la próxima legislatura tampoco haya desahucios y se respeten los derechos de personas como Maricarmen.
¿Apoya usted la huelga general por la vivienda? Dice su número dos en el partido, María Jesús Montero, que es una huelga contra la oposición.
Es evidente que toda esta movilización de la gente es en contra de los fondos buitre, a favor de una persona vulnerable que es desalojada precisamente por un fondo buitre… Es producto de una contestación ante un Parlamento que dice ‘no’ a una demanda legítima de solidaridad, de empatía. Esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad.
El derecho a la huelga general está reconocido en nuestra Constitución. Y me parece llamativo que lo cuestionen aquellas fuerzas políticas como el PP y como Vox que se manifestaron contra leyes que aún no existían, como la amnistía. Algunas de esas concentraciones han devenido en actos vandálicos y violentos contra mi partido que, por cierto, no contaron con el reproche ni el rechazo de la oposición: ni del PP ni, por supuesto, de Vox. Ahora están criticando el ejercicio de un derecho constitucional.
Ese ataque a las acampadas diciendo que son violentas... ¿Qué opina de esas críticas de la derecha?
Están en esa vieja máxima de Fraga Iribarne: la calle es mía. La calle es de todos. Mientras sea pacífico, como se están manifestando, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Se están movilizando precisamente por causas sociales y eso creo que dice mucho del país que somos: un país que quiere seguir avanzando en términos sociales. No deja de ser curioso que a cada avance social haya habido un insulto por parte de la derecha. España necesita más avances sociales y menos insultos de la derecha.
Usted ha recordado las veces en que su partido ha intentado vetar los contratos de alquiler temporales, pero esto es una posibilidad que permitió la ley de vivienda y que en su momento ya fue cuestionada. ¿Fue un error haber dejado esa puerta abierta?
Es que tenemos que regularlo, hay que intervenir. Por eso no nos basta con repetir una mayoría parecida a la que tenemos en estas Cortes. Necesitamos una mayoría más amplia para resolver el problema de la vivienda: un Parlamento que se parezca más al clamor de la calle.
Por mucho poder y dinero que tengan esos fondos y las terminales políticas en el Parlamento de esos fondos, que son el Partido Popular y Vox, no hay nada en democracia más fuerte que el voto de la gente. Si las urnas se llenan, habrá ganado la calle. Pero si las urnas se vacían, pues ganarán aquellos que mueven los hilos.
En el último programa electoral del PSOE, en 2023, se comprometían a construir 183.000 viviendas públicas para alquiler en esta legislatura. ¿Cuántas se han construido?
Estamos en construcción o en proceso de construcción en torno a 124.000 viviendas. Hemos rehabilitado más de 500.000 viviendas y, en conjunto, vivienda protegida más vivienda de libre mercado, estamos hablando de que estamos por encima de las 900.000 viviendas en construcción o ya construidas, que es el máximo desde la crisis financiera.
Todo lo que está sucediendo en el debate sobre la vivienda es muy parecido a lo que pasó desde la crisis financiera. Entonces hubo movilizaciones en contra de la reforma laboral que hizo el Partido Popular, en contra de la reforma de las pensiones, en contra de la congelación del salario mínimo interprofesional. Tardamos más de diez años en llevar al Parlamento y aprobar la reconstrucción del Pacto de Toledo. Tardamos muchos años en aprobar el impuesto a las grandes energéticas, el impuesto a la banca, el impuesto a las grandes fortunas. Lo hicimos gracias a mayorías progresistas y es evidente que hay élites a las que no les gusta que les pongan un impuesto.
Si se fija, al final hay siempre una movilización social, hay una solución que plantean esa movilización social y las fuerzas progresistas, y siempre hay un obstáculo: un bloqueo de mayorías conservadoras. Eso es lo que se rompió en 2018, en 2019, en 2023, y tiene que volver a romperse en 2026. Necesitamos una mayoría progresista si queremos la solución al mercado de la vivienda.
¿Se siente traicionado por Junts tras su rechazo al decreto de vivienda?
No quiero entrar tampoco a… porque en el balance general ha habido cosas positivas que ha aportado esa fuerza política y el resto. Por ejemplo, aprobar algo tan importante como es el decreto de Irán, que crea un escudo social ante el shock energético que implica esta guerra ilegal.
Lo que no he entendido es que hayamos negociado, hayamos llegado a un acuerdo sobre beneficios fiscales que son muy positivos para los propietarios o sobre los fondos buitre y que posteriormente hayan votado en contra. Al menos si hubieran permitido tramitar con su abstención el proyecto de ley, hubiéramos podido negociar. Pero en esta cuestión es evidente que Junts está más cerca del PP y de Vox que del resto de fuerzas políticas del arco parlamentario.
¿Por qué cree que cambiaron de idea?
No lo sé. Eso tendrán que preguntárselo a ellos. Lo que tengo muy claro es que la cuestión de los desahucios, la intervención del mercado de la vivienda, ha sido siempre un elemento de discrepancia importante entre el Gobierno de coalición progresista y esta fuerza política.
¿Cuándo fue la última vez que habló por teléfono con Carles Puigdemont?
Nunca he hablado con él.
La principal asociación de jueces, conservadora, sostuvo que la ley de amnistía supondría el fin del Estado de Derecho. Después de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de la justicia europea avalando esta ley, ¿cree que aquella advertencia era un análisis jurídico o una posición política?
Yo siempre dije que en un Estado democrático como el nuestro todos los colectivos tienen derecho a manifestarse y fijar posición. Pero también dije que nuestro Estado de Derecho tiene espacios, instituciones a los cuales recurrir. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional han dicho que la ley de amnistía es una ley constitucional, acorde con la normativa europea. El Tribunal de Justicia europeo ha dicho algo más importante y es que las leyes de amnistía se han aplicado en todas las democracias del continente europeo para solucionar crisis políticas, de convivencia y de cohesión. El TJUE dijo textualmente que las leyes de amnistía son el instrumento precisamente para lograr esa reconciliación.
Las consecuencias y las implicaciones políticas de la ley de amnistía están ahí. Hay una sociedad en Catalunya más cohesionada, una sociedad que vive la discrepancia desde el respeto y desde la convivencia. Y por cierto, una Catalunya que gracias a la acción del president Salvador Illa hoy es una de las principales locomotoras económicas y generadoras de empleo de todos los territorios de España.
La ley de amnistía fue de las primeras que acordó en este Gobierno y ha sido la última en aplicarse por la exótica interpretación sobre la malversación que hacía el Supremo y que ahora ha corregido el Constitucional. ¿Cree que fue un simple debate jurídico o cree que el Supremo trató de torpedear a este Gobierno?
En eso no entro. Respeto al Poder Judicial. Insisto: es una buena noticia. Como decía en un análisis Enric Juliana, ya todos estamos dentro. Y eso hace mejor nuestra democracia. No lo hacíamos por un partido o por una persona, lo hacíamos por la gente de Cataluña. Y es la gente de Cataluña la que de manera mayoritaria ha respaldado estas medidas porque quería pasar página. Y creo que cuando una democracia se muestra generosa y pone en valor la integración, no la exclusión, pues es cuando demuestra su poder y se fortalece. Nuestro país es un país mejor gracias también a esta ley.
Pero en 2023, antes de las elecciones, usted no defendía la amnistía.
Pero yo dije dos cosas al respecto. Reconocí efectivamente que no la había defendido durante la campaña, tenía dudas, como las tuve también con los indultos. Pero también es cierto, como dije entonces, que había que hacer de la necesidad virtud en dos cuestiones. La primera, teníamos que resolver definitivamente el drama que vivimos en 2017 y para eso servía la amnistía. Y en segundo lugar, la amnistía también abría las puertas a una legislatura de un Gobierno de coalición progresista.
¿Qué quiere que le diga? Este Gobierno de coalición progresista ha consolidado derechos y libertades durante estos últimos tres años, como hizo durante los cinco años previos, y lo quiere seguir haciendo durante los próximos cuatro años.
Al final, creo que la disyuntiva, como siempre, es esa. En estas horas que llevamos de precampaña ya hemos visto cuáles son los intereses que defienden la derecha y la ultraderecha. Ya están abriendo la puerta a la privatización de las pensiones en nuestro país, vinculándolas con la productividad, diciendo que son insolventes. Y ya escuchamos al jefe de la oposición, al señor Feijóo, hablar de que las bajas laborales son como un cáncer. Yo lo veo claro: estas elecciones van de o derechos o recortes, de avance social o de involución. Y en esa disyuntiva estoy convencido de que habrá una mayoría de españoles y españolas que se movilizarán.
¿Ha habido corrupción en el PSOE, lawfare contra el PSOE o ambas cosas a la vez?
Ha habido una corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y ha habido ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha, claramente vinculadas con partidos políticos como PP y Vox, que han traspasado todas las líneas rojas y han entrado de lleno en tratar de perseguir judicialmente a, en mi caso, David y Begoña, y, en el caso del PSOE, a toda la organización. Ya sabemos cuál es la campaña del PP: tratar de desmovilizar a la gente para que no vaya a votar con insultos y la judicialización de la política. Y nosotros no vamos a entrar en ese registro.
Ha habido corrupción real. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. También ficción y un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha que han traspasado todas las líneas rojas
¿Cuándo volverá la normalidad a Ceuta?
Da la sensación de que ha sido hace mucho tiempo, pero fue el 30 y 31 de julio. Estamos a principios de octubre y ya estamos reubicando a muchos de estos migrantes. En la última semana han sido nada más y nada menos que 900 los migrantes que han retornado a Marruecos. Ceuta volverá a la normalidad con el apoyo del Gobierno y pese a los intentos de la oposición de cronificar esta crisis.
¿En qué estado está la investigación que anunció su Gobierno sobre las agresiones de militares a migrantes en Ceuta?
Se está investigando por parte de las Fuerzas Armadas. Quiero poner en valor su trabajo para garantizar la convivencia y la seguridad. Y, en segundo lugar, si se han producido esos hechos, pues lógicamente no pueden quedar impunes.
Siendo usted secretario general, el PSOE llevó al Constitucional las devoluciones en caliente que aprobó el PP para Ceuta y Melilla. Ahora su Gobierno se plantea endurecerlas.
No estamos endureciendo, al contrario. Estamos colaborando con las ONG en todo lo que tiene que ver con el triaje, la filiación y las solicitudes de protección internacional. Lo he dicho siempre.
Me refiero al proyecto de decreto que tenían en marcha.
Lo que queremos es acortar desde el punto de vista administrativo algunos pasos, pero desde luego no recortar los derechos que tienen todas las personas, también los migrantes, para solicitar esa protección internacional. Este Gobierno ha demostrado con la regularización que no es incompatible la fortaleza de un Estado de Derecho con la protección y la dignidad de los seres humanos.
¿Ha sido solidario a la hora de afrontar esta crisis Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta?
En 2021 y en 2026 vivimos crisis semejantes. La actitud de Vivas en 2021 es completamente diferente a la de 2026 y yo creo que es porque ahora mismo está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta.
Vivas está más pendiente de lo que diga Génova que de resolver el problema en las calles de Ceuta
¿Marruecos es un aliado, a pesar de haber utilizado en el pasado la presión migratoria contra España o de las evidencias sobre el posible uso de Pegasus contra usted y su Gobierno?
La política de Marruecos y la relación bilateral es calificada de estratégica. Lo es porque cooperamos en muchos ámbitos, como en seguridad y lucha contra el terrorismo. Hay una diáspora marroquí muy importante aquí, como también muchos españoles viviendo allí. Hay una relación de proximidad que supera lo geográfico. En esa relación bilateral hay elementos en los que podemos discrepar, pero siempre desde el ánimo constructivo y no desde la confrontación. La españolidad de Ceuta y de Melilla siempre ha sido un elemento incuestionable por parte del Gobierno. Hemos exigido medidas e investigaciones a Marruecos, pero eso no significa que tengamos que romper las relaciones como quiere el Partido Popular.
Con la información que tienen hoy, ¿siguen sin saber qué pasó?
Hay algo que trasciende a la especulación que se ha vivido en muchos de los debates de los medios y es toda la dimensión de las redes sociales y de la tecnología como una herramienta para movilizar. El hecho cierto e incontestable es que las de Ceuta y de Melilla son fronteras donde existe una desigualdad en términos de oportunidades y de renta per cápita evidente. Esa tensión migratoria siempre va a existir.
Tenemos que hacer tres cosas: reforzar nuestras fronteras, dar respuesta humanitaria a esta crisis y reforzar esa relación bilateral, sin perjuicio de que podamos tener elementos de discrepancia. Lo que no creo que sea inteligente es que Europa rompa su relación estratégica con Marruecos. Eso me suena un poco también a lo que ha hecho Feijóo con Francia. Hombre, yo creo que un tratado de guerra, pues, entiendo que se vote en contra, ¿pero un tratado de amistad con el principal socio económico que tiene España, que es Francia?
¿Lo ocurrido con el tratado de amistad con Francia es el ejemplo perfecto de hasta qué punto ha sido imposible llegar a acuerdos en esta legislatura?
Es el ejemplo también de la interpretación que hacen PP y Vox de la política exterior. Yo he escuchado al señor Aznar decir que lo de Ceuta es consecuencia de la postura del Gobierno frente al genocidio en Gaza. ¿Qué es lo que está pretendiendo decir? ¿Que para que no suframos crisis tenemos que tragar con violaciones flagrantes de los derechos humanos?
Hay que recordar que el jefe de la oposición y el jefe del partido de la ultraderecha han dicho que estarían dispuestos a utilizar de una u otra manera la fuerza ante la llegada masiva de personas civiles a la frontera de Ceuta. Es que hoy no estaríamos hablando –que ya es bastante lamentable la situación y dramática– de 141 muertos. Estaríamos hablando de muchos más.
Su Gobierno ha jugado un importante papel en la política internacional, muy crítico con la guerra de Irán, con el genocidio en Gaza. ¿Le preocupa que haya injerencias extranjeras en nuestra campaña electoral?
Sí, y no solamente de naciones, sino también de actores no estatales.
¿A qué se refiere?
Me pareció de particular interés que el chef José Andrés en Twitter se posicionara en contra de las medidas de vivienda por intervencionistas. Venía a decir que lo que se necesita es construir más. Permítame el sarcasmo: no habíamos caído en ello. Pero bueno, Twitter aguanta todo. Yo respeto al chef José Andrés, pero no solamente hay que construir vivienda y aumentar la oferta, tenemos que hacer mucho más. Esa es la filosofía de la ley del suelo, que nos llevó a la burbuja inmobiliaria, que luego nos llevó a la crisis y al rescate de la banca que hizo Rajoy.
¿Qué es lo interesante de ese comentario? Que Jeff Bezos, el CEO de Amazon, dijo: “Estoy completamente de acuerdo”, Y yo me pregunto por qué estos oligarcas se posicionan en contra de debates que les quedan un poco lejos. No solamente por lejanía geográfica, porque esta gente no es que viva en el lujo: esta gente quiere vivir en Marte. Con eso lo digo todo. Yo entiendo que a lo mejor a Jeff Bezos no le gusta la regulación que nosotros hemos planteado sobre los centros de datos porque tienen que consumir energía renovable para que no se aumente el precio de la electricidad a los hogares, gestionar eficientemente el agua o que haya soberanía en los datos por parte de España. Pero para eso está un gobierno democrático.
¿Cómo valora el cuestionamiento por parte del PP al voto por correo?
El bulo del voto por correo, y se les ve en la cara, es miedo a perder las elecciones.
¿Un intento de justificar el resultado si pierden y poner en cuestión la legitimidad del próximo gobierno?
Eso sin duda. Pero hay un elemento adicional: la gente que ejerce su derecho al voto por correo suele ser gente currante: que ese domingo está trabajando en una cafetería o un restaurante, que tiene que abrir su pequeño negocio o tiene que hacer una mudanza. No solamente hay miedo a perder, sino también un intento claro de recortar el derecho al voto de millones de trabajadores.
Es lo mismo que ha pasado con la ley de memoria democrática. Le pido encarecidamente al Supremo que resuelva antes de estas elecciones el derecho al voto de esas 400.000 personas que lo han ejercido desde 2023, que es el tiempo que lleva en vigor esta ley. Que han votado en 2023, en 2024, en 2025 y no lo van a poder hacer en estas elecciones generales. Eso sí es alterar el censo. Son españoles y la condición de ser español incluye también el ejercicio del voto.
¿El Consejo de Ministros va a aprobar el indulto para el fiscal general del Estado antes de las elecciones?
Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes y medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en Diputación Permanente o bien por parte del Gobierno en su condición de Poder Ejecutivo.
¿No lo descarta?
No lo descarto.
No descarto el indulto al fiscal general
¿Cuántas veces en estos ocho años ha pensado en tirar la toalla, además de la conocida en la que usted se dio cinco días de reflexión?
Soy muy consciente de que nos insultan y nos atacan no porque yo me llame Pedro Sánchez, sino porque subimos el salario mínimo, revalorizamos las pensiones, plantamos cara a los fondos buitre y le decimos ‘no’ al 5% de la OTAN en gasto en defensa. Y porque decimos ‘no’ a la guerra en Ucrania y en Irán y ‘no’ al genocidio en Gaza.
La reflexión que yo me hago es la siguiente: si con un gobierno en minoría hemos logrado crecer como nunca, ¿qué no seremos capaces de hacer si ese Gobierno tiene una mayoría parlamentaria progresista en las Cortes?
¿Quién va a ser su número dos en las elecciones? En las anteriores fue Nadia Calviño.
No le puedo dar todas las respuestas, pero ya lo irá conociendo.
¿Y va a repetir en las listas la ministra de Defensa? ¿Cómo es su relación con ella? Se ha publicado que es tensa.
Margarita Robles lleva acompañándome desde 2014 o 2015. Es una extraordinaria ministra de Defensa a la que tengo no solamente una alta consideración política, sino también una amistad personal. Los ministros, evidentemente, tendrán las puertas abiertas para ser candidatos al Congreso si ellos así lo estiman.
Si no logra revalidar el Gobierno, ¿seguirá usted al frente del PSOE en la oposición?
No contemplo otra opción que seguir gobernando. Es más, yo veo el ambiente, la ilusión y la ambición que se ha generado en la izquierda. Y veo a una derecha muy desorientada que se resume en tres ‘erres’: recortes, resentimiento –de ahí los insultos y el mal perder que tienen– y, finalmente, la reacción. Su proyecto es de involución para nuestro país y ya lo estamos viendo. Hay razones de sobra para revalidar el Gobierno de coalición con una mayoría parlamentaria más amplia de la que tenemos.
Si gana las elecciones, ¿su partido nos llevará a la Tercera República como profetiza José María Aznar?
Lo que le digo a Aznar es que esté tranquilo, que no se excite, que lo que queremos es que se cumpla el artículo 47, que es el derecho al acceso a la vivienda por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Y que si quiere que se cumpla la Constitución de la A a la Z, del primero al último de los artículos, que le pida a sus gobiernos autonómicos del PP con Vox que apliquen la ley de vivienda y que se comprometan a la intervención de un mercado que necesita claramente de la intervención de lo público.
La entrevista completa a Pedro Sánchez:
Parte 1
Parte 2