Perú: hay más casos de crueldad y ensañamiento entre el número creciente de femicidios

A las 21 horas del sábado 18 de marzo,  la joven peruana Katherine Gómez de 18 años se encontró con su ex novio Sergio Tareche Parra, venezolano de 19 años, en una calle céntrica de la ciudad capital de Lima. Antes que ella pudiera explicarle las razones por las cuales rompió la relación, Tarache la roció con gasolina e incendió su cuerpo sin darle tiempo de que pudiera huir, frente a las cámaras de seguridad que monitorean la Plaza Dos de Mayo, una zona muy transitada. Los transeúntes intentaron extinguir las llamas con su ropa y escucharon a la joven tendida en el suelo susurrar: “Me quemó porque lo dejé”.

Los bomberos llegaron demasiado tarde. El sesenta por ciento de su cuerpo quedó  quemado. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Katherine murió el 24 de marzo.

Hoguera viviente

La tragedia de Katherine ha dejado a Perú en estado de shock. La penosa escena filmada por cámaras de video vigilancia fue transmitida en la televisión nacional. Horas después de conocer la noticia, la presidenta Dina Boluarte declaró: “Esa violencia contra las mujeres debe parar. Las mujeres no somos propiedad de las parejas”. Las palabras de la primera mandataria no causaron ni esperanza ni alivio;  por el contrario, la lenta respuesta y negligencia de las autoridades ha desatado la ira de la ciudadanía peruana. El Ministerio del Interior (MINITER) emitió una orden de arresto para  Tarache  seis días después del ataque y ofreció de recompensa por su captura 50,000 soles  (aproximadamente 13,000 dólares).  

En Perú muere una mujer cada 48 horas a causa de la violencia machista. Melissa Guillén activista de la organización no gubernamental Manuela Ramos, que lucha por los derechos de las mujeres en Perú desde 1978, amerita: “Este feminicidio contra Katherine Gómez no es de ninguna manera un caso aislado, encaja exactamente en el esquema. Sobre todo, porque en Perú todavía existen todavía estereotipos sobre que las mujeres están subordinadas a los hombres y les pertenecen. Y siempre que una mujer rompe con esos estereotipos, pasan estas cosas terribles”. 

El trágico episodio de Katherine quemada en la vía pública no es el primero en Perú. En abril de 2018,  la joven cajamarquina Eyvi Agreda  de 22 años  fue rociada con combustible y prendida fuego por Carlos Hualpa en el colectivo donde regresaba a su hogar después del trabajo en Lima. “Si no eres mía, no serás nadie”, dijo Hualpa ante los viajeros petrificados.

La muerte de Eyvi después de 38 días de internación e intervenciones quirúrgicas a causa de las quemaduras originó manifestaciones masivas en protesta. El entonces presidente Martín Vizcarra (2018-2020), declaró “de interés nacional y prioridad del Estado”  la lucha contra la violencia hacia las mujeres y anunció que se constituiría una comisión de emergencia para hacer frente a ese problema.

Justicia Machista

Sin embargo, los resultados no tuvieron la eficacia prometida. Una  investigación realizada por Salud Con Lupa en 2022, que estudió 129 fallos de femicidio y nueve condenas por tentativa de femicidio en nueves cortes del entero Perú,  verificó que las sanciones minimizan la gravedad letal de los hechos. En una cuarta parte de los casos, los autores de los atentados contra las mujeres se beneficiaron de una reducción en la sentencia y una recalificación del crimen por violencia simple. Los magistrados transmiten estereotipos sexistas. Si las mujeres llegan a un juicio, se les suele preguntar si les dieron motivos a sus parejas para atacarlas con ferocidad. Se minimizan sus heridas porque no fueron en órganos vitales e incluso a  veces,  intentan justificar los crímenes. “Él no le cortó la garganta porque ella es una mujer, sino por celos”, declaró un juez durante una audiencia transcripta por los medios de comunicación.

El caso de Walter Ipanaque, sentenciado a diez años de prisión en 2021 por intento de femicidio, es particularmente esclarecedor. Ipanaque buscó a su ex pareja el 1 de febrero de 2020 luego de que ella terminara la relación. La llamó 80 veces y, como ella no le contestaba la buscó  en el bar donde trabajaba. En el transcurso de su viaje le mandó mensajes en aviso que iba a su encuentro. Cuando llegó, la llevó a la cocina, le arrojó aceite en el cuerpo y pidió  un fósforo. Fue condenado por intento de femicidio a 10 años de cárcel. En la sentencia de apelación, los magistrados consideraron que no tuvo la intención de matarla porque el aceite que le echó por sí solo no podía generarle la muerte. Para que ocurriera  necesitaba fuego, de un fósforo u otro medio, que no llevó ni tuvo a la mano. Por esta razón lo condenaron por “lesiones leves” y una sentencia de un año y cuatro meses de prisión.

“Ni Una Menos” Perú

El 15 de julio de 2016, un tribunal dictaminó prisión preventiva a Adriano Pozo, el hijo de un regidor de Ayacucho quien arrastró de los cabellos a su ex pareja Arlette Contreras en la recepción de un hotel después de que intentara violarla. Los magistrados arguyeron que no encontraron pruebas de intento de violación ni de femicidio contra Arlette. La sentencia originó en Facebook el movimiento “Ni una menos”,  igual que en Argentina y otros países  movilizó a la sociedad civil  e instituciones públicas y privadas para la realización de la marcha nacional del 13 de agosto en reclamo al sistema judicial de un trato adecuado a las mujeres víctimas de violencia de género. El ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018),quien participó en la movilización de “Ni Una Menos” aseguró “lo que no queremos en el Perú es violencia contra nadie y, sobre todo, contra las mujeres y los niños.

El Poder Judicial incluyó la obligación de una capacitación de enfoque de género a los jueces el mismo día de la intervención de una veintena de jóvenes en las escalinatas del Palacio de Justicia en el centro de Lima que escenificó la imagen viralizada de Arlette golpeada y arrastrada por los pelos que no fue tomada en cuenta por la corte ayacuchana. El efecto fue similar a la caricatura de Carlín Tovar, en el diario La República, en la que los miembros de la sala dicen al agresor “Solo hay lesiones leves, puede irse con libertad condicional” ante la imagen de Arlette arrastrada por Pozo desnudo como registró el circuito cerrado del hotel.

Los femicidos no cesaron ni  tampoco la actividad del colectivo criticado por la Iglesia Católica, especialmente el arzobispo de Lima Juan Luis Cipriani,  políticos y ciudadanos de a pie a pesar del  aumento alarmante de la violencia sexual.  

En 2022, 137 feminicidios fueron registrados por las autoridades peruanas. En ese año, 51 muertes fueron caratuladas como delitos violentos, y hubo más de 111 intentos de asesinato de mujeres. Ese mismo año, Perú registró más de 5.380 denuncias por desaparición, y gran parte de esas personas desaparecidas eran niñas y adolescentes. 

Según los datos obtenidos por una encuesta a nivel nacional más de la mitad de los encuestados y encuestadas tolera la violencia contra las mujeres de más de 18 años. Una de cada tres personas piensa que es adecuado el castigo contra una mujer que ha sido infiel, y una de cada cuatro piensa que las mujeres deben estar dispuestas a tener sexo si los hombres lo quieren.

A finales de marzo, el trujillano Einer Gilbert Alva Leon influencer conocido como  “Makanaky, la realeza”, se jactó en una entrevista de haber participado en su juventud en la violación colectiva de estudiante universitaria de 15 años. El presentador se mantuvo en silencio sin manifestar repudio alguno. La Fiscalía ha abierto una ‘supuesta’ investigación de violación.

En el país andino en lo que va del año se ha registrado  el alarmante número de 17 mil 974 casos de agresiones de género, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). En Puno, la enfermera B.M.S.A de 32 años fue sometida a una violación y mutilación por  dos compañeros de trabajo de EsSalud.

Las herramientas legales que no usan: un kit para mostrar a los gringos

Después del femicidio contra Eyvi Agreda, el delito de acoso se incorporó en el Código Penal y los términos de prisión son más severos para los asesinos de mujeres: mínimo de veinte años y treinta años si hay circunstancias agravantes (asesinato en una mujer menor y embarazada). Desde 2018 también, se han creado centros especializados de justicia con magistrados y una policía capacitada en violencia de género.

Diana Portal, comisionada asistente de los Derechos de las Mujeres en la Defensoría del Pueblo, llama la atención sobre “la falta de aplicación de estas medidas. De los 34 polos que iban a estar operativos a nivel nacional en 2022, solo ocho operaban. En general, los presupuestos asignados no están a la altura y las fallas son importantes. Cuando hay medidas de protección dictadas por un juez, no hay seguimiento del caso. Hay una falta de voluntad política para todas las preguntas relacionadas con las mujeres”.  La  Defensoría del Pueblo reclama al MIMP  mayor prepuesto para intensificar el trabajo de educación y las campañas de información pública masivas.

“¿Por qué se esperó tanto?” El asesinato de una activista desaparecida, Solsiret de Rodríguez

A principios de 2020, la opinión pública peruana se conmovió con el trágico epílogo del asunto Solsiret de Rodríguez Aybar, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado tres años y medio después de su desaparición en Callao, localidad vecina a Lima. La joven, que estudiaba sociología en la Universidad Nacional Federico Villarreal, era militante del movimiento Ni Una Menos.

El 24 de agosto de 2016, su pareja presentó una denuncia en su contra por el supuesto abandono de su vivienda. Dos días después, los padres de la joven intentaron denunciar su desaparición, pero la policía se negó entonces a tomarles declaración: según los agentes, lo más probable era que Solsiret Rodríguez  se hubiera ido con otro hombre. La desaparición finalmente se registró el 1 de septiembre de 2016, pero no se llevó a cabo ninguna investigación hasta el nombramiento de un nuevo fiscal, en febrero de 2020, cuando se produjeron las primeras detenciones.

Perú ha ratificado el Tratado de la Convención Latinoamericana de Belem do Para de 1994, para la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer, que establece que los Estados tienen la obligación de establecer mecanismos para prevenir las desapariciones, reducir riesgos y fortalecer los medios de respuesta inmediata. De lo contrario, se hacen responsables “por omisión activa”, insiste Convoca. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto? “ [Las autoridades] no tenían nada que hacer”, denunció entonces en Twitter Carlos León Moya, columnista de La Mula , sitio peruano de “periodismo ciudadano”.

Otra violencia, otros femicidios: mujeres que desaparecen

Durante el confinamiento en Perú, una mujer desaparecía cada tres horas.  Según la Defensoría del Pueblo, 915 mujeres, incluidas 606 menores de edad, desaparecieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio del 2020.  El problema, endémico en el país, se agravó por la crisis sanitaria y las fallas de las autoridades.

“¿A quién le importan las 915 mujeres peruanas desaparecidas durante el confinamiento?” preguntó el 21 de julio el sitio de investigación peruano Convoca.  “Cada tres horas desaparecía una mujer”, resume, “una cifra que pondría en alerta a cualquier país del mundo, con la excepción de Perú, donde la violencia contra las mujeres parece naturalizarse”.

Algunas mujeres y niñas han reaparecido desde el levantamiento del confinamiento el 1 de Julio. Sin embargo, es imposible saber con certeza el número, así como el correspondiente a los que aún faltan. La mayoría de las veces, la policía y los fiscales creen que estas desapariciones se deben a salidas voluntarias del hogar. Sobre todo porque “hay resistencia a investigar estos casos”, sostiene la jueza Eliana Revollar. Estas desapariciones, independientemente del alto número de feminicidios, guardan relación con la trata de personas y prostitución forzada en el continente.

Perú cuenta con un marco legal de búsqueda de personas desaparecidas  por Ley del 11 de julio de 2003, que ordenó la creación de un registro nacional de información destinado a centralizar todos los casos de desaparición. Diecisiete años después, esta herramienta aún no se ha puesto en marcha. No existe una plataforma en línea, abierta a instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil, para facilitar el trabajo de investigación mediante la transmisión, entre otras cosas, de opiniones de investigación. “No tenemos una línea activa 114, ni un sistema de mensajes de texto para enviar alertas de búsqueda a los teléfonos”, lamenta la socióloga y activista feminista  Katherine Soto, fundadora de la Asociación de Mujeres Desaparecidas del Perú. “No tenemos un registro de personas desaparecidas, ni un banco de ADN”.

Desde abril de 2022, por decreto Supremo del Ministerio de la Mujer y refrendado por el ex presidente Pedro Castillo (2021-2022) se estableció que la desaparición de mujeres en el país debe ser reconocida como una modalidad de violencia de género. Sin embargo, los avances legales no han generado grandes cambios. Sin datos sobre la desaparición de mujeres (estadísticas, factores de desaparición, variables, lugares) los casos se invisibilizan y nunca obtienen justicia.

AGB