Una solución keniana para los problemas haitianos

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó ya el 2 de octubre con 13 votos favorables de sus 15 miembros, y la  abstención de China y Rusia, el despliegue de una misión multinacional de apoyo durante 12 meses, bajo el liderazgo de Kenia  y en colaboración cercana con el gobierno nacional, para la seguridad de Haití. Este país ocupa en el mar Caribe uno de los dos extremos, el occidental, de la isla de Española, cuyo otro extremo ocupa la República Dominicana. Al declarar en 1804 su independencia de Fancia, fue la primera nación americana en proclamar en el siglo XIX su emancipación de las potencias imperiales europeas. Fue, también, la primera república negra del mundo, algo que Occidente, al parecer, nunca le ha perdonado. Hoy Haití se ve sumido en una imparable escalada de  violencia, el más empobrecido de América Latina y el Caribe, y uno de los más pobres del mundo. El lunes 9 de octubre, la Corte Suprema de Kenia prohibió, temporalmente, el despliegue de fuerzas a otros países

Durante los últimos meses, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)  António Guterres, habían pedido el envío de personal especial para hacer frente a la creciente crisis de seguridad del país. El reclamo fue enfáticamente reiterado el 22 de septiembre, en el discurso del  primer ministro Henry ante  la Asamblea General de la ONU. Caracterizó la crisis que padece su país como “estructural y muldimensional”  acentuada por el flagelo de la violencia actuada por las pandillas y declaró: “en nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las miles de familias expulsadas de sus hogares, de los niños y jóvenes de Haití, a quienes se les ha negado el derecho a la educación y a la instrucción, en nombre de todo un pueblo que es víctima de la barbarie de las pandillas, insto a la comunidad internacional a actuar rápidamente”.

A pesar de que anteriores intervenciones en Haití  para mantenimiento de la paz causaron sonadas controversias, Kenia había anunciado a finales de julio que estaba dispuesta a asumir el papel de nación líder y desplegar una fuerza de 1.000 efectivos en el empobrecido país caribeño.

Hasta el momento, EEUU y Brasil, los dos países más grandes del continente americano, rehusaron a que sus fuerzas participen en una intervención. Esa cautela refleja las dudas que causa enviar un número considerable de soldados dos años después del retiro de EEUU de Afganistán y la fatiga de muchos gobiernos del hemisferio ante las crisis casi perpetuas en Haití.

Las conversaciones en torno a la propuesta de Kenia se iniciaron hace dos años y comenzaron a concretarse este 2023, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Kenia, Alfred Mutua. Otra motivación para Kenia fue inspirar la unidad panafricana y mostrar solidaridad con el pueblo de Haití, donde “las personas esclavizadas organizaron la revolución para liberarse de los franceses”, señaló Mutua en clara referencia al primer movimiento revolucionario en América Latina de 1804,  que culminó con la abolición de la esclavitud en la ex colonia francesa de Saint-Dominge. “No está en duda que vayamos a Haití: sin duda, vamos a ir”, declaró Mutua. “Estamos convencidos”.

El decidido convencimiento expresado por el Ministro entró en pausa. El 9 de octubre, la Corte Suprema de Kenia prohibió, temporalmente, el despliegue de fuerzas de seguridad a otros países por dos semanas, cuando se revisa la denuncia de Ekuru Aukot, un excandidato presidencial, quien presentó una petición el 5 de octubre contra el despliegue de fuerzas kenianas, argumentando que la ley que permite al presidente tomar tal acción viola la Constitución. La petición de Aukot además critica al presidente William Ruto por acceder a encabezar tal misión en momentos en que Kenia tiene sus propios problemas de seguridad derivados de ataques milicianos y episodios de violencia étnica.

Haití, la violencia de este mundo

Haití padece una espiral de violencia y protestas que desde 2018 cubrieron sus calles. Sin embargo, no se previó entonces la magnitud que alcanzaría principalmente después del magnicidio del presidente  Jovenel  Moïse,  asesinado el 7 de julio de 2021, en su residencia privada en el distrito Pelerin 5 de Pétion-Ville, un enclave rico en las colinas de la ciudad donde vive la élite política y empresarial de Haití, uno de los países con mayor desigualdad de la región aún más marcada por su vulnerabilidad a los peligros naturales, principalmente huracanes, inundaciones y terremotos. Más del 96 % de la población está expuesta a este tipo de shocks.

Como otras veces, el gobierno de Haití ha vuelto a pedir la asistencia e intervención extranjera;  un ‘Estado asistido’, expresión que afina el concepto de  ‘Estado fallido’, acuñada por Jake Johnston, investigador del Center for Economic and Policy Research en Washington.  “Un ‘Estado asistido’, es un país [donde] las instituciones actuales han sido conformadas más por actores externos que por los internos. Eso se ha manifestado […]… no en menor medida por el hecho de que desde la dictadura de [Baby Doc] Duvalier (que concluyó en 1986), la asistencia ha pasado por alto al Gobierno, lo que ha tenido un efecto profundamente corrosivo”. A la observación se suma que  las políticas económicas fueron impuestas por bancos multilaterales, como el FMI, que redujo los subsidios a la agricultura. La educación y el sistema de salud han sido entregados a actores privados, como ONG.  El resultado fue “una separación entre el pueblo y un Gobierno que no está gobernando”. Una profunda desconexión entre una clase gobernante que apenas gobierna, extraída de la élite rica, y los apenas gobernados,  en el asolado escenario haitiano, donde  se despliega desde la falta de servicios públicos, la pobreza rampante, la explotación medioambiental y hasta la  criminalidad violenta representada por las pandillas.

El poder de las pandillas

El uso político de las pandillas en Haití se remonta a los años ‘60, cuando el dictador François Duvalier apodado Papa Doc, creó los Tonton Macute, una fuerza civil a manera de ejército privado que sembró el terror entre la población durante décadas. Cuando el depuesto tres veces presidente Jean-Bertrand Aristide, el primero en ser elegido democráticamente en la isla, regresó al gobierno en los años 2001-2004 y también creó su propia banda armada, los chimères, con su base en Cité Soleil. Moïse y su predecesor, Michel Martelly (2011-2016), utilizaron pandillas vendidas al mejor postor para controlar la franja costera en la que se concentra un gran número de votos e históricamente han sucedido las movilizaciones políticas. Cuando Moïse fue asesinado, las pandillas decidieron que ya no era necesario servir de intermediarias a los políticos. “¿Por qué iban a aceptar ser utilizadas si podían gestionar el negocio ellas mismas?”

Progresivamente,  las bandas se fueron apoderando de una zona tras otra de la ciudad capital de Puerto Príncipe.  “Entre el 1 de enero y el 15 de agosto 2023  al menos 2.439 personas murieron y otras 902 resultaron heridas por la violencia de pandillas en Haití”, declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH, el 18 de agosto  en una conferencia de prensa en Ginebra. Agregó que, “desde el 24 de abril hasta mediados de agosto, más de 350 personas fueron linchadas por la población local y grupos de autodefensa”,

Los combates provocados por  las bandas, que controlan el 80% del territorio capitalino, son frecuentes y aterrorizan a la población con gran brutalidad y también violencia sexual. La cantidad de secuestros ha aumentado drásticamente. Últimamente, se produjo un movimiento contra las bandas, por parte de personas que quieren tomar la justicia por su mano, formado en gran parte por haitianos de dela capitalina Puerto Príncipe. Sus miembros suelen usar machetes en lugar de armas, y son conocidos por propinar castigos brutales en las calles. Aunque el estallido de la justicia popular hizo que los secuestros y asesinatos cometidos por las bandas disminuyeran temporalmente, su resurgimiento en las últimas semanas ha originado una nueva fase de disturbios. Casi 200.000 personas están desplazadas en todo el país, según la Organización Internacional para las Migraciones; la mayor concentración de estos refugiados internos se encuentra en Puerto Príncipe, donde miles de personas permanecen en albergues

La violencia empeora además la de por sí precaria situación de abastecimiento. Casi la mitad de los once millones de habitantes de Haití sufren de hambre, según las Naciones Unidas. 

Cuestionamientos a la misión internacional liderada por Kenia

La eventual llegada de las fuerzas autorizadas por la ONU y lideradas por Kenia reanima preocupaciones arraigadas en Haití respecto a las intervenciones extranjeras como así también la falta de confianza en las fuerzas de seguridad kenianas, debido   por su historial de abusos de DDHH y corrupción. A la vez, cursan dudas respecto a la eficacia del número de efectivos (1000 agentes de policía kenianos y varios cientos de oficiales o soldados de países caribeños, entre los cuales se encuentran Jamaica, Bahamas y Antigua y Barbuda) de quienes se duda de que posean el conocimiento necesario de los barrios pobres y los cerros para un eficaz control de las pandillas.  A la vez, una desaprobación generalizada respecto a la medida adoptada por el gobierno debido a su decisión de invertir dinero en fuerzas extranjeras en vez de fortalecer a la policía local.

Las reservas ante el número de los efectivos que eventualmente llegarían a Haití,  se comprende en la comparación con el aplicado en 1994, cuando intervino una fuerza liderada por EEUU e integrada por 21.000 soldados, y otra más, enviada por Brasil en los años 2004-2017, que llegó a estar conformada por hasta 13.000 soldados.

Las fuerzas de seguridad  de Kenia bajo la lupa

Desde hace tiempo, las fuerzas de seguridad de Kenia han participado en despliegues militares en el extranjero; han prestado servicios en países como Líbano, Sierra Leona y Sudán del Sur. Kenia tiene 445 miembros de su personal en misiones de paz de Naciones Unidas, según datos de la ONU. Algunos soldados kenianos también participaron en otra misión de paz de la Unión Africana en Somalia y en un nuevo grupo operativo regional que fue desplegado en la volátil región del este de la República Democrática del Congo.

Sin embargo, tanto en el interior del país africano como en el extranjero, las fuerzas de seguridad de Kenia están bajo escrutinio por sus acciones. En Somalia, se ha acusado al ejército de Kenia, aliado clave de Naciones Unidas en la lucha contra el extremismo islámico, de facilitar y aprovechar exportaciones ilícitas de carbón de leña y azúcar. Los agentes de la ley kenianos también han sido condenados por grupos defensores de DDHH que los acusan de utilizar fuerza excesiva, cometer asesinatos extrajudiciales y realizar detenciones arbitrarias. Estas acciones se constataron durante la pandemia, cuando se acusó a su fuerza policiaca de matar a decenas de personas para hacer cumplir los confinamientos. La policía de Kenia también asesinó por lo menos a 30 personas que participaban en manifestaciones contra el gobierno este año, según datos de Amnistía Internacional.

En vista de este historial, tanto activistas como grupos defensores de DDHH en Kenia y otros países han criticado la decisión de enviar a la policía de ese país a Haití. Muchos han expresado sus preocupaciones al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como al gobierno de EEUU y otros más, y los han instado a dejar de apoyar el plan. “La policía keniana va a exportar su brutalidad a Haití”, afirmó Otsieno Namwaya, director para África Oriental de Human Rights Watch.

El ministro Mutua calificó esas preocupaciones como “palabrería” y detalló: “Hay una razón por la que Estados Unidos, Canadá, todas las naciones caribeñas, y muchas naciones del mundo le están pidiendo a Kenia que asuma el liderazgo”, dijo. “Es porque confían en la profesionalidad de la policía keniana”.

“Estados Unidos debería dirigir una misión de mantenimiento de la paz”, afirmó el ex enviado especial del gobierno de Biden a Haití, Daniel Foote. “No necesitan enviar 10.000 soldados. Deben mandar tipos de las Fuerzas Especiales que bajen y descubran cómo abrir las vías y perseguir a las bandas”, concluyó Foote.

Numerosos haitianos se hacen eco de las preocupaciones de los grupos kenianos defensores de DDHH y resaltan las intervenciones recientes como prueba del daño que le causan al país. La confianza en Naciones Unidas se fue a pique en Haití después de que ciertas investigaciones demostraron que la falta de aseo de las fuerzas de paz de ese organismo, enviadas a Haití tras el terremoto de 2010, causó uno de los brotes más mortíferos de cólera en la era moderna, con un saldo de por lo menos 10 mil personas fallecidas.

AGB