Reino Unido: Isabel II presionó en secreto a ministros escoceses para esquivar una ley medioambiental en sus terrenos privados

La reina Isabel II durante una visita a Irlanda en mayo de 2011.

Rob Evans / Severin Carrell / David Pegg

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Los abogados de la reina británica Isabel II presionaron en secreto a ministros escoceses para que cambiaran un proyecto de ley y eximieran sus terrenos privados de una importante iniciativa para reducir las emisiones de carbono, según revelan documentos publicados recientemente.

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La exención significa que la reina, una de las mayores propietarias de tierras de Escocia, es la única persona de la región que no está obligada a facilitar la construcción de canalizaciones para calentar los edificios con energías renovables.

Sus abogados consiguieron la dispensa del Gobierno escocés hace cinco meses aprovechando un oscuro procedimiento parlamentario conocido como 'consentimiento de la reina', que permite a la monarca ver por adelantado la legislación. El opaco mecanismo parlamentario se ha tomado prestado de Westminster, donde existe como costumbre desde aproximadamente el año 1700.

En una serie de informes sobre el 'consentimiento de la reina' publicadas en los últimos meses, The Guardian ha revelado cómo la monarquía utilizó repetidamente su acceso privilegiado a los proyectos de ley entre finales de la década de 1960 y 1980 para presionar a los ministros para que cambiaran la legislación del Reino Unido en beneficio de sus intereses privados o para que reflejaran sus opiniones.

Un proceso secreto

Los nuevos documentos, descubiertos por la investigadora del Partido Liberal Demócrata escocés Lily Humphreys utilizando las leyes de transparencia, revelan cómo la monarca utilizó su acceso especial a la legislación escocesa para intervenir en el proceso parlamentario en febrero de este año. Los documentos también sugieren que el Gobierno de Nicola Sturgeon no reveló las actividades de lobby de la monarca cuando un político escocés utilizó un debate parlamentario este año para preguntar por qué la reina tenía una exención en la ley de energía verde.

La medida parece contradecir el compromiso público de la familia real de hacer frente a la crisis climática. El príncipe Guillermo se unió recientemente a su padre, Carlos, en la campaña para reducir las emisiones y proteger el planeta.

El Gobierno de Sturgeon anunció el proyecto de ley como una pieza clave para combatir la emergencia climática. Dijo que la ley, conocida como proyecto de ley de redes de calor, ayudaría a recortar las emisiones, reducir la pobreza energética y crear empleos verdes. La legislación permite la construcción de canalizaciones para calentar grupos de casas y empresas utilizando energía renovable, en lugar de calderas independientes de combustibles fósiles.

El 12 de enero, John Somers, jefe de gabinete de Sturgeon, escribió a Sir Edward Young, el más alto asesor de la reina, pidiéndole su consentimiento para el proyecto de ley de redes de calor. En su carta, Somers decía que permitiría a las empresas y a las autoridades públicas comprar terrenos a los propietarios, que se verían obligados a vender.

El 3 de febrero, los funcionarios que trabajaban para Paul Wheelhouse, el entonces ministro de Energía, dejaron constancia de que los abogados de la reina habían planteado sus dudas sobre el proyecto de ley. También dejaron constancia de que había accedido a modificar el proyecto de ley, señalando que el "ministro estaba de acuerdo con la propuesta de enmienda que abordaba [sic] las preocupaciones de los abogados de la reina". Esto se había hecho en relación con el proceso de 'consentimiento de la reina'.

Una enmienda para la reina

El 17 de febrero, un miembro de la Casa Real comunicó al Gobierno escocés que la reina había dado su consentimiento para la aprobación del proyecto de ley. Cinco días después, cuando los diputados debatieron el asunto, Wheelhouse presentó una enmienda que se aplicaba únicamente a los terrenos de propiedad privada de la reina. En concreto, impide que las empresas y las autoridades públicas obliguen a la reina a vender terrenos suyos para permitir la construcción de canalizaciones de energía verde.

El Palacio de Buckingham dice que el 'consentimiento de la reina', un proceso que requiere que los ministros notifiquen a los abogados cuando un proyecto de ley pueda afectar a sus poderes públicos o intereses privados, es una parte "puramente formal" del proceso parlamentario.

Sin embargo, cada vez hay más ejemplos en los que la reina ha aprovechado sus privilegios de consentimiento para exigir cambios antes de consentir formalmente que la ley siga su curso en el Parlamento. Eso parece haber ocurrido en esta ocasión en Escocia, donde el procedimiento –conocido como consentimiento de la corona– funciona de la misma manera.

Durante el debate sobre el proyecto de ley parlamentario, Andy Wightman, entonces diputado independiente, se opuso a la enmienda, argumentando que era un error señalar a la reina para que recibiera un trato preferente.

Wheelhouse respondió que la enmienda era "necesaria para garantizar la buena marcha del proyecto de ley". Sin embargo, no reveló que los abogados de Isabel II habían presionado para que se realizara el cambio. La enmienda se aprobó con la oposición de Wightman y un puñado de otros diputados. Tras ser informado de los nuevos documentos, Wightman dijo estar "sorprendido al descubrir que la enmienda se puso en marcha para asegurar el consentimiento de la reina. Eso debería haberse dicho en el debate". "Si se solicitan cambios para conseguir el 'consentimiento de la reina', hay que informar a la gente de ello y parece que en este caso no se nos ha informado", añadió.

A diferencia del procedimiento de la aprobación real –una formalidad que convierte un proyecto de ley en ley–, el consentimiento de la reina da a la monarca un mecanismo para inmiscuirse de forma encubierta en las leyes británicas propuestas sin que la opinión pública sepa de su intervención.

"Intereses patrimoniales de la jefa de Estado"

Las revelaciones de principios de este año sobre cómo la reina había examinado los proyectos de ley antes de que fueran aprobados por los representantes electos del Reino Unido hicieron que más de 65.000 personas pidieran una investigación sobre el "enrevesado" proceso.

Adam Tucker, profesor de derecho constitucional en la Universidad de Liverpool, dijo que las revelaciones dejan claro que el proceso era más que una mera formalidad y "debería suscitar graves preocupaciones sobre la continuidad de esta práctica". Willie Rennie, que abandonó recientemente el cargo de líder del Partido Liberal Demócrata escocés, dice que los documentos preocupan por la existencia de "puertas secretas" disponibles para la monarca para cambiar las leyes. "Los que presionan para que haya cambios tienen que declararlo", dice. "Eso debería ser así para todos".

"La reina, con razón, no expresa sus opiniones públicamente y lo hace en privado con el primer ministro. Sin embargo, esto es diferente. Se trata de los intereses patrimoniales y directos de la jefa de Estado. Cualquiera de estas comunicaciones debería notificarse pública y abiertamente para que podamos juzgar por nosotros mismos".

Un portavoz del Palacio de Buckingham dice: "La Casa Real puede ser consultada sobre los proyectos de ley con el fin de garantizar la precisión técnica y la coherencia de la aplicación del proyecto de ley a la corona, un principio jurídico complejo regido por la legislación y el derecho. Este proceso no cambia la naturaleza de ningún proyecto de ley".

Wheelhouse, que perdió su escaño en las últimas elecciones, señala: "Dirigí varios proyectos de ley en mi época y este tipo de exenciones en favor de los intereses de la reina se requieren a veces como un paso necesario".

El Gobierno escocés no ha respondido a las preguntas sobre el número de proyectos de ley que contemplan exenciones especiales para la reina, ni sobre si es necesaria una mayor transparencia. "La política del Gobierno escocés es que la corona debe estar sujeta a los requisitos reglamentarios en las mismas condiciones que el resto, a menos que haya una razón legítima para una exención o variación. Sin embargo, la ley exige el consentimiento de la corona si un proyecto de ley afecta a la propiedad privada o a los intereses de la soberana y eso es lo que ha ocurrido en este caso", ha afirmado un portavoz en una breve declaración.

Traducido por Javier Biosca

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