Por qué Trump impone en Washington DC la agenda autoritaria que quiere para todo el país

Donald Trump vive en una ciudad donde perdió las elecciones contra Kamala Harris por 86 puntos. Washington fue el escenario de la fiesta de asistencia récord que celebró la victoria de Barack Obama en 2008, de los huecos en la explanada del Capitolio que obsesionaban al actual presidente por la escasez de público en 2017 y de la histórica marcha de las mujeres contra él. En su primer mandato, Trump estuvo el mínimo tiempo posible en la ciudad. Ahora la capital es su “laboratorio” para imponer el control que querría para el resto del país.

El presidente de Estados Unidos, que muchas veces se ve limitado en sus intentos de tomar más poder por los tribunales y la resistencia de los gobernadores y los fiscales de los estados, está aprovechando ahora los poderes que puede ejercer en Washington por el estatus especial de la ciudad desde que fue elegida como capital hace más de dos siglos.

Después de desplegar la Guardia Nacional e intentar tomar el control total de la policía local, Trump asegura que hará los cambios para que la Fiscalía pida siempre la pena de muerte para los casos de homicidio en la ciudad, que la rechazó en referéndum en 1992, cuando tenía uno de los índices más altos de crimen del país. Trump dice que los vecinos “son libres por primera vez” por el despliegue militar que impuso aunque los delitos violentos ya estaban en su nivel más bajo en 30 años, según los datos de la policía de 2024, con una bajada del 35% respecto al año anterior. Una querella paralizó el intento de Trump de sustituir al jefe de policía de la ciudad, pero el despliegue de las fuerzas federales está en acción en todo tipo de arrestos.

Este miércoles, además, el secretario de Transportes anunció que planea asumir el control de la gestión de la estación de tren de la ciudad, Union Station, hasta ahora en manos de Amtrak, la empresa ferroviaria semipública que gestiona la red por todo el país. Es la misma estación donde el vicepresidente JD Vance se paseó hace unos días con el secretario de Defensa entre abucheos y gritos de “free DC!” (“¡libertad para Washington!”)

La censura de los museos públicos, la toma del gran auditorio de la ciudad y el despido de miles de funcionarios públicos son otras acciones que está forzando Trump, en parte aprovechando el estatus de Washington.

Un estatus único

El particular control que la autoridad federal tiene sobre la ciudad desde 1801 está ahora pasando factura a sus habitantes con un presidente especialmente hostil y con ganas de probar hasta dónde puede llegar su poder. “Tendría el poder de hacer lo que quisiera, soy el presidente de Estados Unidos”, dijo esta semana, con palabras que repitió muchas veces, casi idénticas a otras de 2019, durante su primer mandato.

Los fiscales federales, a diferencia de lo que sucede en el resto del país, son los encargados de perseguir los delitos en la ciudad y el Congreso tiene poder para cambiar o vetar las normas locales. También tiene el control del presupuesto de la ciudad y múltiples maneras de bloquear el ya escaso margen de maniobra y representación de sus habitantes. Los republicanos ya intervinieron al final de la Presidencia de Joe Biden para bloquear un cambio en el código penal de la ciudad para reducir algunas penas, si bien este cambio más sustancial se topará con los tribunales y en último término con el Tribunal Supremo, que en 1976 declaró inconstitucional establecer la pena de muerte como castigo obligado en un delito. El presidente tiene también el poder de nombrar a los jueces del distrito.

Todo esto sucede porque dentro del sistema federal de Estados Unidos, en el que los estados tienen plenos poderes y autonomía para casi toda la gestión interna, Washington es una excepción. El distrito de Columbia (el DC de su nombre) es una entidad aparte que depende directamente de la autoridad federal, del presidente de turno y de la mayoría del Congreso, y no tiene representación con derecho a voto ni en la Cámara de Representantes ni en el Senado. No tuvo ni derecho a elegir su propia alcaldía hasta 1973.

Sus habitantes solo tienen derecho de voto para elegir al presidente y al vicepresidente desde 1961, cuando se aprobó la 23 enmienda de la Constitución. Sus cerca de 700.000 habitantes son más que los que viven en Wyoming o en Vermont, y casi los mismos que viven en Alaska, pero no tienen senadores ni miembros de la Cámara de Representantes, solo una delegada que puede participar en algunos debates, pero no votar.

Las continuas protestas, el lema introducido en las matrículas en 2000 de “Taxation without representation” (“impuestos sin representación”) y votaciones para cambiar el estatus de Washington no han dado resultado porque la decisión depende de cierto grado de acuerdo entre los dos partidos en el Congreso que los republicanos no quieren vista la inclinación de la ciudad hacia el Partido Demócrata.

El estado 51

En noviembre de 2016, casi el 86% de sus habitantes votaron a favor de que Washington se convirtiera en el 51 estado en referéndum. La ley para conseguirlo -New Columbia Admission Act- se lleva años presentando y, tras varios intentos fallidos, la Cámara de Representantes votó a favor en abril de 2021, cuando hubo un empujón a favor por el asalto al Capitolio de los seguidores de Trump aquel enero, pero el Senado bloqueó la ley por la acción de Joe Manchin, un senador demócrata de Virginia Occidental que votaba a menudo con los republicanos y después se registró como independiente.

Ahora la posibilidad de ser un estado aparece más lejana que nunca.

La delegada de Washington, Eleanor Holmes Norton, volvió a presentar la ley en cuanto se constituyó el Congreso el pasado 3 de enero. Pero, con la mayoría de las dos cámaras en manos de los republicanos, no tiene manera de prosperar. El presidente, que tiene poder de veto, quiere tomar el control de la ciudad hasta dónde pueda, con o sin la ayuda del Congreso.

Uno de los argumentos más repetidos a favor del reconocimiento de Washington es que se trata de un asunto de derechos civiles ya que los afroamericanos son el grupo étnico más numeroso de la población. Desde el siglo XIX, la ciudad ha sido uno de los lugares más diversos de Estados Unidos, y hoy cerca de la mitad de la población es afroamericana, dos quintos tienen origen europeo y el resto se identifica como hispano o asiático. En los años 70, ya tenía el apodo de “ciudad de chocolate”.

“En el siglo XXI, el Congreso no puede simplemente pedir a nuestros ciudadanos que sigan siendo unos mirones de la democracia mientras el Congreso vota en asuntos que les afectan”, dijo Norton, la delegada de Washington, en el Senado en septiembre 2014, cuando Obama todavía era presidente y el Partido Demócrata todavía tenía la mayoría en el Senado (estaba a punto de perderla en las elecciones de aquel noviembre, que dieron el control de las dos cámaras al Partido Republicano).

Censura en el arte y la historia

Además, Washington es sede de los museos de la Institución Smithsonian, que se financia con fondos públicos y tiene una peculiar junta gestora donde se sienta el vicepresidente de Estados Unidos, el presidente de la Cámara de Representantes, jueces del Tribunal Supremo y ciudadanos elegidos por el Congreso.

Trump forzó la salida de la directora de la Galería de Retratos –excediendo sus poderes– y provocó episodios de censura, como la que acabó con la esperada retrospectiva de la pintora Amy Sherald para este otoño. Para no “molestar” al presidente, Sherald tenía que retirar uno de sus retratos, que representa a una mujer trans posando con el gesto de la Estatua de la Libertad. La Casa Blanca presumió después de haber evitado la exposición del cuadro en Washington (ya había estado en el Museo Whitney de Nueva York).

Una de las obsesiones de Trump es tener “lista” la ciudad y el mensaje que quiere transmitir para el 250 aniversario de la declaración de independencia de Estados Unidos, que se celebra el año que viene.

Una persona cercana a la Casa Blanca dijo a la CNN que el presidente está “obsesionado” con el aniversario y “no se puede creer la suerte que tiene” de que la celebración coincida con su presidencia. En una carta, la Casa Blanca dio instrucciones para una revisión de la Institución Smithsonian para que los museos reflejen una imagen positiva del país de cara al aniversario.

Oposición popular y frenos legales

Todas estas acciones del presidente se están encontrando con protestas populares. Ocho de cada diez residentes de Washington está en contra de que el Gobierno de Trump asuma poderes para vigilar la ciudad, según una encuesta para el Washington Post de mediados de agosto. La mayoría de la población en el país también está en contra del despliegue de tropas en Washington y se opone a la “revisión interna” de los museos Smithsonian, según una encuesta recién publicada de la Universidad Quinnipiac.

La resistencia popular y los tribunales frenaron hasta ahora algunas de las decisiones de Trump. Pese al esfuerzo del presidente, un equipo de fiscales federales no logró convencer a un gran jurado para presentar un auto de procesamiento con cargos penales -por un delito grave- contra un hombre que le tiró un sándwich a un agente federal de frontera en protesta por el despliegue federal (estaba junto a él y le dio en el pecho, sin consecuencias).

El hombre, de 37 años, y que había trabajado como asistente legal en el Departamento de Justicia, es un símbolo por un video difundido en redes, y ya había sido acusado inicialmente de asalto a la autoridad. Su silueta se vio proyectada en edificios, en murales y en viñetas, y hay manifestantes con sándwiches como el suyo en alto.

La Administración Trump está utilizando fiscales federales para casos que no suelen llegar a los tribunales y se resuelven, como mucho, con una multa.

En otro caso de un arresto de un hombre negro para registrarle en un supermercado, un juez abroncó a los fiscales que representaban al Gobierno por “hacer un show arrestando a la gente” y así “tirando por la ventana” sus derechos constitucionales que les protegen de ser registrados de manera arbitraria. “La falta de respeto por la ley no puede venir del Gobierno”, dijo el magistrado, Zia Faruqui. “Aquí estamos forzando los límites. Ya hemos sobrepasado los límites. Y algo se va a romper”.