Las asambleas venezolanas entre la existencia y la subsistencia de los reconocimientos internacionales

La aprobación o desaprobación que recibió al declarar el inicio de su existencia y entrar en funciones la flamante Asamblea Nacional venezolana nacida de las elecciones realizadas el 6 de diciembre se ordenó según las mismas líneas que habían seguido un mes atrás reconocimientos y repulsas después de la convocatoria, organización y supervisión de los comicios legislativos por las autoridades que tienen el poder en Caracas. En líneas paralelas generales, otro tanto ocurrió con las palabras de aliento o desaliento que recibió al reanudar funciones y dar pruebas de su subsistencia la Asamblea Nacional de mayoría opositora nacida de las anteriores elecciones de 2015, que el Ejecutivo de Nicolás Maduro desconoce. Sin embargo, mirados de más cerca, es en el contexto o la expresión de algunos de los apoyos clave prestados a la Asamblea opositora que preside Juan Guaidó donde pueden detectarse signos que, en un más largo plazo, pueden traducirse en acciones, o, más probablemente, en la ausencia de todo accionar efectivo.

El Grupo de Lima, en carta firmada por Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay y Perú, declaró ilegales e ilegítimas en su llamamiento y condiciones, y fraudulentas en su realización y recuento, a las legislativas del 6 de diciembre, mientras que calificó de últimas legales, legítimas y limpias a las de 2015. Por lo que repudió la inauguración de la Asamblea de mayoría oficialista presidida por Jorge Rodríguez y respaldó la reanudación de la Asamblea de mayoría opositora presidida por Juan Guaidó, a quien ese mismo cuerpo ha designado como Presidente Encargado, es decir, titular legítimo del Ejecutivo.

Tan nítido y previsible, aunque más característicamente rutinario antes que verbalmente enfático, fue a su vez el apoyo que a la Asamblea del 6 de diciembre prestaron aliados tradicionales de las autoridades de Caracas, tal como lo manifiestan desde hace más o menos veinte años: Rusia, China, India, Siria, Argelia, Vietnam, Irán, Siria, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, Egipto en el mundo y, dentro de América, Cuba, Nicaragua, Dominica, Barbados y Trinidad y Tobago. Como se formulan a título nacional, y no por el documento común de un grupo, los apoyos al poder de Caracas deben analizarse uno por uno, porque varían en extensión e intensidad de compromiso, y, sobre todo, no son coaligados, porque provienen de Estados diversamente hostiles entre sí, como Arabia Saudita e Irán o Turquía y Qatar. Los cambios políticos recientes en otras varias naciones americanas -cambios de gobierno, o del peso ocasional de determinadas fuerzas en el interior de esos gobiernos-, explica las suscripciones de Bolivia, Argentina y México respecto a la Asamblea votada en 2020 como la posición actual de Uruguay respecto a la de 20|5.

Los respaldos y repugnancias más susceptibles de cambiar, y de producir efectos globales por estos cambios, provienen de las potencias mayores, militares y económicas, del hemisferio Norte, y de aquellas que en sus historias más ligadas han estado a los destinos latinoamericanos.

Desde Estados Unidos, el desconocimiento de toda autoridad en Nicolás Maduro y el reconocimiento de toda autoridad en Juan Guaidó fueron tan violento como siempre, o acaso sonó aún más violento, por Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump. No ha escapado ni a los analistas internacionales ni a los estadounidenses una vibrante ironía de fondo en la situación actual, que se desarrolla a lo largo de estas mismas horas. El mismo presidente republicano que denuncia que desde Caracas se han celebrado en diciembre elecciones fraudulentas, denuncia desde Washington que en propio su país se han celebrado en noviembre elecciones no menos fraudulentas. Senadores oficialistas de un Legislativo que Trump reconoce impugnan, en el recuento final de los electores del Colegio Electoral, resultados que le darían la victoria a nuevos Ejecutivo y Legislativo opositores, y obligarían a un inminente cambio, en uno y otro Poder del Estado, de la titularidad del poder. Todo invita a creer que estas impugnaciones oficialistas de último momento no se verán coronadas por el buen éxito. Sin embargo, si en una semana y media, como está previsto, el demócrata Joe Biden jura ante la Corte Suprema como nuevo presidente, en su futuro tendrá cuestiones internas de las que ocuparse de una urgencia tal que Venezuela pasará a una muy segunda o aun tercera escena. En el orden social, encargarse de los números de contagios y muertes por la pandemia del covid, que crecen tanto como no llega a crecer, en el tiempo y la forma prometidos, la vacunación efectiva de la población, al punto que las vacunas almacenadas corren el riesgo de echarse a perder. También deberá atender los reclamos de acciones inmediatas que esperan de él tras un año marcado por la violencia racial. En el orden político interno, Biden deberá ocuparse del trumpismo, que seguirá activo. En el internacional hemisférico, Biden buscará rehacer los pasos de acercamiento con Cuba, que Trump ha desandado no sin violencia. Por ello, es difícil ahora pronosticar si durante los próximos cuatro años, a los ojos de Washington, tendrá tanta importancia como en los cuatro últimos, cuando se trate de ponerle una nota a la buena conducta de los países latinoamericanos, qué dijeron o dejaron de decir sobre Caracas. 

A pesar de lo que se oye de lo que declararon en público, tan poco esperanzador, o aún menos, han de haber resultado para la oposición venezolana que aspira a una restitución en el poder con una palanca exterior las declaraciones de la Unión Europea. En primer lugar, fue menos inmediata, más en desconcierto un eje de Washington con el cual, por otra parte, tampoco estuvo jamás en pleno concierto. En un documento consensuado por el bloque y dado a conocer por Josep Borrell, encargado de las Relaciones Exteriores europea, lamentaron que la elecciones del 6 de diciembre se celebraran sin el auténtico acuerdo nacional interpartidario que merecían. El cuidadoso texto añade lo siguiente: que Europa “mantendrá su compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015”. Esto puede parecer mucho, pero es mucho menos que reconocer, en la coyuntura actual, a Guaidó como presidente encargado: pasa a ser un primus inter pares entre los viejos asambleístas de 2015. Por detrás de la posición de Bruselas hay un hecho geopolítico mayor de la última semana. Es el acuerdo comercial sin precedentes que firmó con China la Unión Europea, que abre casi sin limitaciones el mercado chino a los productos europeos y permite la instalación de industrias europeas en suelo chino sin necesidad de asociarse con empresas chinas o de efectuar transferencias de tecnología –gran triunfo de Angela Merkel, que no abandonará la cancillería de Berlín sin este regalo de Reyes para las automotrices y demás buques insignia del empresariado alemán. De que China espera, como contrapartida, una mayor laxitud europea de sus acciones y las de sus aliados en el tablero internacional da prueba que esperara hasta ayer para proceder en Hong Kong a decenas de arrestos de líderes comprometidos en iniciativas electorales que la nueva ley de seguridad nacional de Beiing encuentra delictivas, y condenables.