Cinco catástrofes, el FMI y una encerrona autoprovocada sellan el destino del Frente de Todos

A modo de balance prematuro, Alberto Fernández venía sosteniendo que finalizaría su mandato con tres años consecutivos de crecimiento del PBI. Un logro significativo, a tasas altas, que serviría como contrapeso del lastre de inflación y volatilidad financiera que ensombrecen la gestión presidencial. Un trienio de crecimiento inédito desde 2008 contrastaría, de paso, con el legado de sus dos principales adversarios/enemigos, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, tutores de un ciclo de estancamiento (ella, en su mandato 2011-2015) y recesión (él, 2015-2019). Al parecer, una sequía que es calificada como la más grave en un siglo podría tornar en papel mojado el pergamino antedatado que enarbolaba Fernández sobre un crecimiento 2021-2023.

Economistas de diversas procedencias estiman que la falta de lluvias redundará en una caída de exportaciones agropecuarias de entre US$ 14.000 y US$ 25.000 millones, un golpe letal a los ingresos fiscales vía retenciones (la caída interanual en ese renglón fue de 45% en febrero, informó la Secretaría de Hacienda) y un retroceso del PBI que casi nadie pronosticaba hasta un par de meses atrás. La evidencia indica que los bancos, las consultoras, el FMI y los panelistas de la tele se especializan en subestimar los riesgos cuando gobiernan los mejores tecnócratas de los cincuenta años previos y en sobreestimar colapsos cuando se instala en la Casa Rosada un grupo promotor del Estado elefantiásico (fraseología de Alsogaray), pero miradas más sosegadas advierten que el signo del PBI será, como mínimo, levemente negativo en 2023.

Sergio Massa, el último optimista, pinta un cuadro más alentador. Evalúa que la caída de exportaciones por la sequía se encontrará en el piso de lo pronosticado y que menores importaciones de gas en invierno y a un precio más bajo que el previsto, créditos de organismos internacionales y ventas al exterior de la industria automotriz equilibrarán la balanza de dólares. Habrá que ver, porque la economía es la dinámica de lo impensado, como quedó comprobado con una inflación que duplica el anticipo de Massa de que, a esta altura del año, el índice comenzaría con tres.

El Presidente solía recitar la letanía de las tres plagas que le tocó enfrentar: deuda externa, pandemia y guerra. Las consecuencias de cada una de ellas se fueron solapando y restaron herramientas que permitieran ver el camino de salida. Ahora, la sequía suma la cuarta desgracia, que fuerza al Ejecutivo a tener que elegir entre herramientas malas o peores, como un retroceso de las importaciones, grados de devaluación, liquidación de bonos en dólares, más inflación y recortes de gastos.

La quinta catástrofe que signa al Gobierno de los Fernández es política.

Cacofonía a tres voces

La noche del martes se hacía larga en el renombrado quinto piso del Palacio de Hacienda. Massa y su equipo sacaban punta a un canje masivo de títulos en dólares en manos de agencias del Estado. Una operación difícil de comprender para el público y de asimilar para estamentos políticos; denotativa, además, de los pocos cartuchos que quedan para evitar una crisis fuera de control. El objetivo es calmar a los dólares financieros y, en consecuencia, la inflación. Las reservas se cuentan dólar a dólar, el FMI —el mismo cuerpo que le regaló a Mauricio Macri un préstamo electoral que triplica el crédito anunciado hasta ahora para la invadida Ucrania— presiona por más ajustes y la alternativa de la devaluación promete ser devastadora, a meses de las elecciones presidenciales.

A trescientos metros de esos despachos del Palacio poblados por rostros tensos, tasas de café y pantallas de televisión muteadas, Cristina denunciaba “la nueva amenaza a la democracia”, “del partido militar al partido judicial”, en una reunión del Grupo de Puebla en el marco del III Foro Mundial de los Derechos Humanos.

Acompañaban a la vicepresidenta en el estrado de La Ballena del CCK, los exgobernantes Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia), el exjuez español Baltasar Garzón, el exdiputado chileno Marco Enríquez-Ominami y la jurista brasileña Gisele Ricobom, miembro del equipo de defensa de Luiz Inácio Lula da Silva. El objeto del encuentro era solidarizarse con Cristina y denunciar la persecución judicial contra referentes de izquierda y populistas de América Latina.

Arropada por colegas que no ahorraron elogios a su figura, la abogada de La Plata repasó detalles del lawfare y ensayó sus motivos: venganza y disciplinamiento de los dirigentes “del campo nacional y popular” que no alcanzan a ser —sugiere— tan valientes como ella.

A esa hora, el Presidente hablaba en Resistencia junto al gobernador Jorge Capitanich y el ministro Gabriel Katopodis. El mandatario se buscó una inauguración de obras viales para ausentarse del foro del Grupo de Puebla, uno de los sellos que más le atraen. Los discursos de Alberto y Cristina, separados a 935 kilómetros, llegaron a competir en el prime time. Un camporista pasó el reporte del rating. Ganó ella.

Arropada por colegas que no ahorraron elogios a su figura, Cristina repasó detalles del lawfare en su contra y ensayó los motivos que lo motivaron: venganza y disciplinamiento de los dirigentes “del campo nacional y popular” no tan valientes como ella

La fallida conducción del frente político que debe arbitrar distopías de índole sanitario, financiero y meteorológico genera situaciones bizarras. Ese mismo 21 de marzo, pero más temprano, los disertantes del CCK se habían reunido con Alberto en Casa Rosada. Estaban todos, menos Cristina, para tratar los mismos temas.

La enemistad entre el Presidente y la vicepresidenta dispara incomodidad e incomprensión entre sus vinculaciones extranjeras. Evo, Zapatero y Correa, que tienen una relación genuina con Alberto, resuelven el tironeo duplicando su agenda cuando visitan Buenos Aires. Lula da Silva optó en enero por cancelar una cita con Cristina y esta vez se privó de enviar a un representante de peso a los actos de solidaridad con su colega argentina, en una actitud que las voces más apasionadas del cristinismo deciden —por ahora— no calificar como traición.

Los ejes argumentativos de Cristina se repiten en cada uno de sus discursos, tanto como las manos de quienes aplauden en primera fila.

El lawfare concita la mayor cantidad de minutos en las presentaciones de Cristina. Pruebas de todo tipo y color le sobran a la vicepresidenta si quienes la juzgan no tomaron siquiera el recaudo de no ir a jugar al fútbol y al paddle a las quintas de Macri y, encima, actuaron como seres procaces y sumisos en sus diálogos vía Telegram con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta y el Grupo Clarín. Cristina ve el campo libre y echa a correr. En medio de tanta enjundia justificada, se ahorra explicar por qué sus Gobiernos habilitaron negocios millonarios a contratistas del Estado que, coincidentemente, eran socios o clientes de Néstor Kirchner y su familia.

En su disparada hacia adelante, la vicepresidenta puso a los suyos a jugar con una palabra maldita: “proscripción”. La encerrona es perfecta. Si la peronista que supuestamente tiene la mayor intención de voto es vetada con malas artes para participar de las elecciones, no hay Estado de Derecho, por lo cual, el ganador de octubre no tendrá legitimidad y habrá que emprender la resistencia. La proscripción se levantaría si las señorías que componen la Cámara de Casación y la Corte Suprema trabajan como nunca en su vida y revierten la condena de la causa Vialidad en tiempo récord: dos imposibles. Al mismo tiempo, Andrés Larroque, Wado De Pedro y Axel Kicillof encabezan el operativo clamor para convencer a Cristina de que se postule. Una proscripción extraña, sujeta a ser levantada por la mera voluntad de la proscripta. Nadie impediría a la vicepresidenta anotar su candidatura por una condena que está en suspenso. Eso sí. Que nadie desafíe a la líder en primarias, porque entonces, habrá que hacer rancho aparte. El juego se llama “perder o perder”.

División de tareas

Cristina habla de Los Abrojos y Lago Escondido mientras su círculo más próximo apunta a Alberto Fernández. El grupo que se referencia en Máximo Kirchner dedica tanto tiempo a denostar a un Presidente aislado y con una imagen negativa de 65%, que contribuye a la difícil tarea de desviar la mirada del papel del Gobierno de Macri en la crisis. Alberto es tan inepto, tan ventajero y tan traidor, que el deterioro del salario real es su responsabilidad antes que de la pandemia y de la debilidad del Estado producto de una deuda asfixiante gestada por Cambiemos en tiempo récord, como pocas veces en la historia, si es que hay algún antecedente.

La vicepresidenta propone combatir al FMI desde la tribuna mientras, en silencio, le aporta los apoyos necesarios a Massa para avanzar con metas que lucen temerarias ante el cambio de perspectivas que configuró la sequía. Dos economistas de peso que algo tuvieron que ver con el Frente de Todos, que no son cercanos pero comparten reticencia en distintas facciones del Frente de Todos, Emmanuel Álvarez Agis y Martín Guzmán, señalaron días atrás que seguir el plan del Fondo puede ser más gravoso en términos de recesión y daño social que declarar la imposibilidad de su cumplimiento. En otras palabras, ante la suma de catástrofes, el default con el FMI puede no ser el peor de los mundos.

Massa retorna a instintos que parecían estacionados en su afán por presentarse como un dirigente enfocado en los problemas reales y distante del griterío. La semana pasada, el ministro se metió en el barro a través de la presidenta de AySA, Malena Galmarini, para denunciar la “paupérrima” gestión económica de Guzmán y las “operaciones off the record que surgen de Casa Rosada”. Parecieron disparos al aire con una retórica afín a Máximo Kirchner que nadie decodifica si fueron meros fuegos artificiales o tuvieron un destinatario desconocido. Si el acuerdo de Massa con el hijo de Cristina es sincero, deberían calibrar la sintonía, porque el diputado acusa a Guzmán de haber ajustado de más y el ministro dice que lo excesivo fue el desequilibrio fiscal.

Un indicio sobre el estado de relaciones es la explicación de Massa sobre una de las motivaciones del canje de bonos en manos de agencias del Estado. Dijo a Radio Mitre que era necesario que hubiera coordinación en el manejo de esas tenencias para evitar lo que ocurrió a mediados del año pasado, cuando una empresa estatal —no nombró a ENARSA, manejada por La Cámpora— realizó una “venta masiva” de sus bonos de un día para el otro, decisión que disparó una corrida contra los títulos argentinos y marcó la antesala de la salida de Guzmán del cargo. En tiempos turbulentos, mejor prevenir que curar.

Al tembladeral económico le toca un Gobierno que, en más de un sentido, quedó tildado. Hace tiempo que segundas y terceras líneas pintan un cuadro que combina desidia, desconocimiento o complicidad con poderes fácticos que en la faz pública se ubican en la vereda de enfrente. El anecdotario alcanza a despachos con incidencia en mercados de decenas de millones de personas y centenares de millones de dólares, con terminales que obedecen tanto al Presidente como a la vicepresidenta y al ministro de Economía.

Por ejemplo, el tiempo pasa y la licitación del espectro de 5G de telecomunicaciones, que podría aportar US$ 1.000 millones a las arcas del Estado, está entrando en zona de riesgo y podría quedar como otro de los paquetes ofrendados con papel de regalo y moño al Gobierno que asuma en diciembre. Alguna empresa experta en ganar cautelares huele la debilidad y piensa cómo postergar el proceso hasta la asunción en Casa Rosada de alguien más permeable a sus exigencias.

Ya lo dijo Cristina hace más de dos años, con Alberto y Massa ubicados a pocos metros en un escenario de La Plata. Hay funcionarios que no funcionan. 

SL