Colombia a veinte años de la masacre en la iglesia de Bojayá

El 2 de mayo del 2002, en Bellavista, el casco urbano de Bojayá, en el selvático y lluvioso departamento del Chocó, el único de Colombia con costas en el Pacífico y el Atlántico, se produjo un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Bloque Elmer Cárdenas de la organización paramilitar, terrorista, narcotraficante de extrema derecha  Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los  guerrilleros lanzaron varios cilindros bomba. El primero destruyó una vivienda sin víctimas fatales y el segundo cayó, sin explotar, en el patio trasero del puesto de salud. Un tercer cilindro, sobre la iglesia de Bellavista, rompió el techo y detonó su carga en  la población civil allí refugiada.

“En la masacre de Bojayá (Chocó) fueron asesinadas más de un centenar de personas; 70 quedaron heridas y, tras los ataques, al menos 1.700 personas se desplazaron forzosamente de este territorio”, asegura la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Entre fines de 2001 y comienzos del 2002 se produjeron más  100 atentados en menos de un mes; y, fue el secuestro del entonces senador Jorge Eduardo Géchem Turbay por parte de las FARC, el 20 de febrero de 2002,  el detonante definitivo  que decidió al ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002)-quien en su campaña electoral ofreció una “Agenda de Paz”  incumplida  en los cuatro años de ilusiones y reveses de su gobierno que no detuvo la expansión territorial de las FARC y de los grupos paramilitares ni  un profundo proceso de reingeniería de las FFAA financiado por EEUU a través del Plan Colombia-  dar por terminados los diálogos de paz con las FARC. Tres días después fueron secuestradas la entonces candidata presidencial por el partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, y su asesora Clara Rojas.

Pastrana por cadena televisiva comunicó la noche del  20 de febrero del 2002: “Después de los terribles sucesos del 11 de septiembre del año pasado, yo se lo dije a la guerrilla en varias ocasiones, incluso desde el mismo foro de las Naciones Unidas: a ellos les correspondía definirse con sus actos. O son un grupo de insurgencia política, o son una organización terrorista”.

Sin que su gobierno asumiera responsabilidad alguna respecto a la ausencia de medidas para  evitar el accionar de la guerrilla, Pastrana logró que la UE incluyera a las FARC entre las organizaciones terroristas.

Si las FARC contribuyeron al  triunfo de Pastrana, también influyeron  con los abusos y excesos perpetrados a lo largo de ese  cuatrienio en el triunfo en mayo de 2002 de Álvaro Uribe, quien durante su campaña por el movimiento Primero Colombia presentó un discurso de mano dura con la guerrilla  y ganó en primera vuelta con el 55 por ciento. 

De manera similar el informe del Grupo de Memoria Histórica (GMH) sobre la masacre de Bojayá sostiene: “La interpretación de la masacre de Bojayá se convirtió en un empujón para que la candidatura en cuestión [la de Álvaro Uribe Vélez] alcanzase la victoria en primera vuelta”. 

Uribe, tanto en Colombia como en el extranjero, negó la existencia del conflicto armado interno, y presentó la violencia en Colombia como una instancia de la lucha contra el terrorismo global.

Bojayá ya no era simplemente el rostro descubierto del terrorismo en Colombia, sino que era lugar de “tierras tan bellas”, de “selva única” que, si bien habían sido “usurpadas, maltratadas por el terrorismo”, por fin era gobernada por la tranquilidad de la presencia de la Fuerza Pública.

Esta imagen de Bojayá como el territorio del éxito de las políticas gubernamentales logró su consolidación y amplió su alcance en la inauguración el 13 de octubre de 2007 de Nuevo Bellavista, a menos de un kilómetro del antiguo Bellavista, cinco años y medio después de la masacre, con la asistencia del presidente Uribe , acompañado el Secretario de Comercio  de EEUU, Carlos Gutiérrez y  un grupo de congresistas.

La segunda fase del Plan Colombia fue  implementado en el marco de la política de la Seguridad Democrática entre el 2002 y el 2006  enfocado en “la campaña contrainsurgente contra las FARC y el proceso de negociación con AUC” cuyos abusos fueron denunciados recientemente en las audiencias celebradas en el municipio de Ocaña del departamento Norte de Santander.

Simultáneamente, se firmó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre EEUU y Colombia el 22 de noviembre del 2006 que fue objeto de largo debate entre demócratas y republicanos por la oposición de un grupo de congresistas demócratas que planteaba serios reparos al gobierno colombiano en materia de derechos humanos.

En este contexto, los hechos violentos y las víctimas de Bojayá se posicionaron en el escenario político internacional como un 'caso a mostrar' que  se consolidó en el segundo mandato de Uribe (2006-2010): el mejor argumento para convencer a Colombia y a la comunidad internacional (particularmente, EEUU) de seguir apoyando la política de seguridad democrática, una política que no solo pretendió mostrar avances en cuanto a la presencia estatal en todo el territorio colombiano y en la lucha antinarcóticos, sino que también acciones concretas  en cuanto a reparación a las víctimas del terrorismo.

En agosto de 2010, Juan Manuel Santos asumió la presidencia de Colombia. En su discurso de posesión de mando  se presentó como la persona que conduciría a la nación  hacia la “Prosperidad Democrática” y dejó explícitamente abierta la puerta para entablar diálogos de paz con los grupos armados ilegales.  Enfatizó  el reconocimiento y la defensa de las víctimas en el marco de un “conflicto armado interno” y la necesidad de que la sociedad, en su conjunto, reconociera su responsabilidad en el conflicto. Oficialmente, en noviembre de 2012, se iniciaron  las negociaciones de paz que se llevarían a cabo en La Habana, Cuba. En el nuevo marco a las negociaciones de paz con las FARC, Bojayá, volvió a estar presente como escenario de perdón para impulsar los diálogos en su recta final.

Bojayá dejó de ser  el emblema de la lucha antiterrorista ni el “ejemplo a mostrar” en la recuperación militar del territorio y pasó representar la reconciliación entre los colombianos, que era precisamente lo que se buscaba con el proceso de paz con las FARC.  Consecuentemente, las FARC pidieron perdón en Bojayá en diciembre de 2015.

Bojayá, no aparece entonces en referencia a un municipio específico del territorio colombiano, sino una suerte de paradigma universal e inobjetable del horror de la guerra que se buscaba terminar y jamás repetir.

Bojayá se consolidó como emblema de la reconciliación en Colombia, el 26 de septiembre del 2016, en Cartagena de Indias. Ese día, Santos y el último comandante de las FARC Rodrigo Londoño Echeverri -alias Timochenko- firmaron el Acuerdo de Paz que se creyó definitivo. En presencia de varios jefes de Estado y de diversas personalidades de la política nacional y de la comunidad internacional, tras un minuto de silencio por las víctimas del conflicto, la maestra de ceremonias introdujo a un grupo de mujeres de Bojayá que entonarían un alabao: “Le damos la bienvenida a las alabaoras de Bojayá. Un grupo de mujeres que se vestían de negro, de luto, para cantarle al dolor de la guerra y que ahora le cantan a la esperanza de la paz”.

Ante la perspectiva del plebiscito del 2 de octubre del 2016, con el cual el gobierno buscó refrendar los acuerdos por parte de la ciudadanía colombiana, Bojayá se presentó ante Colombia y el mundo como el mejor argumento para votar “Sí”: esas mujeres fueron presentadas como ejemplo de perdón ante la violencia que habían sufrido en carne propia.

Los resultados del plebiscito, en los que el “No” se impuso por poco menos de 55.000 votos, conmocionaron a la opinión pública nacional e internacional. La votación  en el departamento del Chocó el “SI” se impuso con el 79,76% y, particularmente, en el municipio de Bojayá con el 95,78%- según datos de la Registraduría Nacional.

Cinco días después del plebiscito, el 7 de octubre del 2016, el presidente Santos fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2016 y el 9 de octubre viajó a Bojayá para “compartir” con sus habitantes el premio, y prometerles que se alcanzaría la paz a la vez que anunció que los ocho millones de coronas suecas del Nobel serían destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

Bojayá y Chocó conmemoran dos décadas entre la guerra y el olvido

Veinte años después, una procesión en Bojayá  conmemoró la masacre en Bellavista Nuevo para honrar la memoria de sus familiares muertos y alertar sobre los riesgos de la violencia que nunca desapareció de la región.  El Cristo mutilado que descansaba sobre el altar de la iglesia de Bojayá -uno de los símbolos de la resistencia de la comunidad que fue asolada- fue  llevado en andas por los sobrevivientes y familiares de las víctimas vestidos de blanco al antiguo pueblo para asistir a una misa en la que numerosas mujeres cantaron los tradicionales “alabaos” del Pacífico colombiano.  

Actualmente, la subregión del Medio Atrato está atravesada por los intereses expansivos de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). El actual presidente Iván Duque calificó las muertes resultado de estos enfrentamientos de “homicidios colectivos”  y las atribuyó al narcotráfico. La simplificadora definición del primer mandatario contrastó con la preocupación del  Equipo Humanitario País de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, sobre los hechos violentos que están sucediendo en el territorio nacional, más concretamente en las zonas de Colombia priorizadas para la implementación del Acuerdo de Paz. 

En la conmemoración por los 20 años participaron representantes del Comité por los Derechos de las Víctimas, autoridades étnico-territoriales, el Sistema Integral para la Paz, la DDHH de la ONU,  miembros de la Iglesia, comunidad internacional y representantes de la sociedad civil. El partido de los Comunes, surgido de la desmovilización de la extinta guerrilla de las FARC, se disculpó con la comunidad y con todo el país. Lo mismo hizo  Rodrigo Londoño, “Sobre estos atroces hechos sentimos vergüenza y un dolor profundo por haber martirizado a nuestro pueblo”.

Sin embargo, los actos y palabras de disculpas y reparación no resultan suficientes: la JEP pidió la protección de la vida de los habitantes de la zona a través de un comunicado. Al mismo tiempo en que enfatizó algunas de las demandas pendientes como “la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales de la población; la búsqueda de las personas desaparecidas en razón del conflicto armado” y “el desmantelamiento de los grupos armados no estatales”. La reparación de los afectados es una cuestión urgente que hasta ahora no fue atendida. El número de víctimas registradas  llega a  38.024, según un reporte entregado por la Unidad para las Víctimas.

AGB