8M-Opinión

En el Día Internacional de las Mujeres reivindicamos el derecho a ejercer nuestros derechos

Llegamos a la conmemoración de un nuevo 8 de marzo con algunos cambios de escenario luego de un año que marcó nuestras vidas en muchos sentidos. Con la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hacia el final del 2020 cambió de manera definitiva el paradigma desde el cual se abordan los derechos sexuales y reproductivos en Argentina y que (esperamos) podría amplificarse en la región. Por primera vez, las políticas públicas pueden poner el acento en la autonomía de las mujeres, en nuestro derecho a decidir en qué condiciones deseamos maternar, implementando políticas sanitarias para garantizar el ejercicio de ese derecho. 

Por otra parte, la pandemia puso de manifiesto las dinámicas del cuidado al interior de las familias mostrando un escenario de desigualdades amplificadas. Con la interrupción de los servicios de apoyo que contribuyen a gestionar el cuidado (entre ellos, las escuelas y espacios de cuidado infantil), quedó muy claro cómo esa tarea indispensable y rutinaria de asegurar el bienestar emocional y material de integrantes de las familias recae casi exclusivamente en las manos de las mujeres. La nueva realidad dejó al descubierto esa situación de desigualdad que impacta de distinta manera según las conformaciones familiares pero también en función de las condiciones de vida, de los recursos materiales y simbólicos disponibles. El regreso a las clases presenciales que se va cumpliendo de manera dispar por estas semanas, nuevamente muestra la forma en que las políticas públicas evaden la cuestión del cuidado: en las espaldas de quiénes recae la difícil arquitectura de organizar horarios, protocolos y traslados en un contexto donde la mitad de la población trabajadora no tiene derechos laborales como licencias que faciliten esa articulación. El mercado laboral ya presentaba brechas de género en materia de inserción y calidad en el empleo de las mujeres, pero los datos del INDEC muestran que la participación económica femenina cayó 8.3 puntos porcentuales entre el primer y segundo trimestre de 2020 (la caída es aún mayor para las jóvenes de hasta 29 años). Esto implica una salida acentuada del mercado laboral para las mujeres, en una situación asemejable a la crisis socioeconómica del 2002.  

Por primera vez, las políticas públicas pueden poner el acento en la autonomía de las mujeres, en nuestro derecho a decidir en qué condiciones deseamos maternar, implementando políticas sanitarias para garantizar el ejercicio de ese derecho.

Hay algo del escenario que no cambió en 2020 pero que sin dudas recrudeció en Argentina y en el mundo: las violencias por razones de género. Desde muy temprano, apenas iniciado el largo período de aislamiento social que se extendió por varios meses, advertimos desde distintos lugares la trampa mortal que encerraba la interpelación al “resguardo” en el hogar. Hogares y vínculos de familia esconden (y a veces, ni tanto) las relaciones de dominación y sometimiento al interior de unidades familiares que están muy lejos de los espacios de contención emocional que imaginamos deseables. Los números de los femicidios y transfemicidios que se repiten de manera cotidiana muestran las violencias extremas en las parejas, en los vínculos sexoafectivos, pero también en el desentendimiento social desde el cual muchas veces se ignoran las vulneraciones de derechos más básicos y la desatención de sus obligaciones de protección por parte de la justicia y los gobiernos locales.

El regreso a las clases presenciales nuevamente muestra la forma en que las políticas públicas evaden la cuestión del cuidado: en las espaldas de quiénes recae la difícil arquitectura de organizar horarios, protocolos y traslados

Hay una parte importante de las luchas de los feminismos que fueron encontrando su reflejo en las demandas sociales y hasta una resonancia en las reivindicaciones políticas. Por eso llegamos a una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres con la acertada convicción que mucho se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos. Pero mientras continue la distribución desigual del trabajo no remunerado de cuidados, la discriminación en el empleo que sólo llega a brindar a algunas pocas el acceso a su autonomía económica, mientras las violencias extremas sigan cobrando las vidas de las mujeres y dejando a muchas más en el vacío del miedo y el sometimiento, entonces las condiciones para el ejercicio de esos derechos seguirán siendo marcadamente desigual. 

Hay demasiadas evidencias de la situación de subalternatidad de las mujeres que se expresa aún en los espacios de mayores privilegios. En Argentina sólo el 18% de los puestos de más alta decisión están ocupados por mujeres: es decir, 2 de cada 10. El dato surge de la segunda edición de nuestra investigación Sexo y Poder: ¿Quién manda en Argentina? donde relevamos los puestos de mayor jerarquía en once áreas claves: política; economía; sindicatos; sociedad civil; salud; educación; ciencia; cultura y artes; defensa y seguridad; medios; y deportes. 

En una fotografía de las distintas dimensiones del poder, el Índice de Participación de las Mujeres (IPM) que mide exclusivamente los puestos número uno de decisión muestra diferencias muy marcadas entre las áreas analizadas. Mientras que el IPM es más elevado en el ámbito de Cultura y arte (53%); sociedad civil (43%); ciencia (36%), salud (29%) y política (25%) en otras áreas como Economía, Sindicatos y Defensa y Seguridad la presencia de las mujeres en los lugares de más alta dirección todavía es apenas incipiente (5%, 3% y 3% de mujeres lideran esos espacios, respectivamente). 

El relevamiento muestra avances y retrocesos luego de una década en que las reivindicaciones de la agenda feminista tomó volumen en la agenda pública, pero que sin duda no llegó a transformar las estructuras de desigualdad. Menos aún, logró revertir la subalternidad que la sociedad todavía reserva a las mujeres ni la manera en que recompensa a quienes ya tienen ciertos privilegios de clase, de origen, de condiciones socioeducativas o identitarios.  Mientras que el acceso a espacios de poder en gran medida siguen estando vedados, quienes llegan son un recorte de personas que no representa la diversidad de la sociedad. 

Una agenda de reivindicaciones y demandas para el Día Internacional de las Mujeres requiere poner el foco en las desigualdades de género de manera más compleja y promover una conversación amplia sobre cómo desarmar las resistencias de las instituciones y estructuras sociales. Estrategias como las acciones afirmativas podrán ser una herramienta válida en algunos ámbitos pero difícilmente deban ser extrapolables a todos los espacios. Se trata de avanzar en el cambio cultural que promueve un compromiso sólido con la igualdad y la valoración de la diversidad, para que, a partir de una certeza colectiva que comprenda la paridad de género como un principio rector que aspira a una democratización de las relaciones sociales, sea posible avanzar en estrategias para superar esas barreras de acceso muchas veces invisibles, pero que se expresan en en consecuencias muy concretas.

(*) Abogada, Directora Ejecutiva de ELA - Equipo Latinoamericano de Justicia y Género @EquipoELA