Iluminados que visitan la democracia para ejecutar un golpe redistributivo en las sombras

A lo largo de un extensísimo año electoral, los argentinos debatimos sobre motosierras, venta de órganos, maquetas con cárceles con el nombre de CFK y agotadoras internas peronistas. Había candidatos que decían contar con equipos de cientos de especialistas, y otros, más propensos a la improvisación, como Patricia Bullrich, prometían “un sistema que tenga que ver con el ser humano bajo una filosofía muy interesante. Ya lo vas a entender”.

La campaña tomó color en el tramo final. La derecha acusó a la ultraderecha de levantar propuestas “malas y peligrosas” para el país. Javier Milei alertó a la población sobre una candidata que había puesto bombas en jardines de infantes y las artimañas de “juntos por el cargo”. Sergio Massa, a la cabeza de una candidatura que procuraba ser un dique del centro a la izquierda ante la radicalización de una derecha temeraria, rifaba dólares especiales para los sojeros, provocaba un agujero al Estado al eliminar el impuesto a las Ganancias (ingresos) para la elite salarial y aplicaba una devaluación arrancada por el FMI, sin sentido ni previsión económica.

Mientras todo esto ocurría, Federico Sturzenegger —docente, consultor, exdiputado, exbanquero central— daba “print” sin piedad por el Amazonas a un megaplan para redactar proyectos y derogaciones de cientos de leyes, decretos y regulaciones. El economista se otorgaba permiso para reaparecer después de su papel como corresponsable, no de uno, sino de dos endeudamientos masivos: el megacanje del fin de la convertibilidad y la aventura de Mauricio Macri. Su última presencia en una oficina estatal concluyó con una proyección de inflación de 10% para 2018. Fue el quíntuple.

Mientras la campaña transcurría, Federico Sturzenegger daba “print” sin piedad por el Amazonas a un megaplan para redactar proyectos y derogaciones de cientos de leyes, decretos y regulaciones

Con esos antecedentes, Sturzenegger trabajó en sigilo en los programas de Gobierno de Juntos por el Cambio. En consonancia, el estudio Bruchou & Funes de Rioja y otros de su estirpe se abocaron a redactar una amplia reforma normativa para un “cambio de régimen”.

Milei fue electo presidente con la promesa central de aplicar la motosierra a “la casta” y a “la política” con un plan meticuloso, muy trabajado, y el alarde de que se le acumulaban en su whatsapp propuesta de préstamos multimillonarios en dólares. Al final, el éxtasis que provocaba Milei en sus entrevistadores de La Nación +, América 24, TN y Neura resultó ser infundado, porque el ultraderechista no tenía nada preparado. Maquinaba objetivos claros, eso sí.

Reclutados por Milei

Encaramado a la Presidencia, Milei compró los powerpoints de la consultora Anker para el Ministerio de Economía y el Banco Central, y el block de hojas A4 de Sturzenegger para rediagramar el Estado.

Nada de lo humano le es ajeno al grupo de consultores que el ultraderechista subió a su barco. Desde privatizaciones a gran escala a licencias por maternidad; desde la producción estatal de medicamentos a los alquileres; desde el levantamiento de todo control a las tarjetas de crédito a la virtual eliminación del derecho a huelga; desde el armado de las góndolas en el supermercado a la grilla de los sistemas de TV paga, el funcionamiento de la industria del cine y el seguro del auto.

Todo ello fue compilado en un decreto de necesidad y urgencia que deroga decenas de leyes y normas, y modifica centenares que a Sturzenegger le parecían inadecuados para el desarrollo nacional.

Aunque los objetivos y el sustento teórico de este liberalismo vandálico sean similares, cabe reconocer que el método elegido por el autócrata Milei no sería exactamente igual al cierre del Congreso que instrumentó Alberto Fujimori cuando se convirtió en dictador, y está lejos de perpetrar el terrorismo de Estado de Augusto Pinochet. El puerto de llegada se parece, pero sería un equívoco trazar comparaciones lineales.

El PRO y la derecha de la UCR se entusiasmaron. De Bullrich no hay nada que agregar. Qué impediría a Macri y los suyos objetar un DNU que arrasa con el andamiaje jurídico argentino si, a esta altura de 2015, ya habían designado a dos jueces de la Corte Suprema por decreto y habían borrado de un plumazo la ley de servicios de comunicación audiovisual, sancionada en 2010 por amplia mayoría en el Congreso.

Horacio Rodríguez Larreta objeta el procedimiento inconstitucional y muy poco del fondo. Allegados hablan como si Milei les hubiera robado letra en su DNU de la resurrección nacional. Al final, el concienzudo análisis de la Argentina que el exjefe de Gobierno afirmaba haber hecho se parecía bastante a la burda motosierra. Más propenso a la algarabía que Larreta, quien aparecía como su aliado máximo, Diego Santilli, clama que “dejen trabajar al Presidente”, sin detenerse en nimiedades como la Constitución.

Qué impediría a Macri y los suyos objetar un DNU que arrasa con el andamiaje jurídico argentino si, a esta altura de 2015, ya habían designado a dos jueces de la Corte Suprema por decreto

La minucia de perder elecciones

Un clásico de los liberales argentinos es que, cuando no ocupan la conducción del Estado, elogian regulaciones antimonopólicas y defensoras de los derechos del consumidor que rigen en el primer mundo, y narran con desprecio la voracidad prebendaria de los dueños de los laboratorios, la soja, las prepagas y los bancos. Una vez que retoman una la silla estatal, reina la candidez y cuidan que los lobos se lancen a correr sin que nadie los moleste.

Si Swiss Medical, Omint, Osde, Médicus y el Hospital Alemán disparan el monto de las facturas y recortan prestaciones, será algo que corregirá el mercado. Léase, crujirán los hospitales públicos y las obras sociales a los que acudirán los emigrados de las prepagas. Laissez faire si las petroleras se vuelcan a la exportación o duplican el precio de las naftas, si alguna corporación lumpen se apropia de Aguas Argentinas, si Corrientes capital se queda sin vuelos y los jubilados sin medicamentos, y si aumenta la deserción escolar porque muchos niños deben salir a trabajar o a mendigar. Mientras transcurre ese berretín, hay vidas que se apagan: las de los estigmatizados como vagos, cartoneros, planeros e improductivos.

Daniel Arroyo, diputado peronista y exministro de Desarrollo Social, describe un abismo inminente en los barrios populares, que va de la mano del precio de los alimentos multiplicados por la devaluación y el aumento del desempleo que ya se comenzó a constatar. El DNU dispone la virtual eliminación del control a los intereses punitorios que cobran las tarjetas de crédito y la obligatoriedad de no discriminación en el cobro de comisiones. Como se ve, un nítido caso de necesidad y urgencia para el balance de los bancos que repercutirá en familias humildes hiperendeudadas, a las que se retira todo instrumento de defensa.

La reacción de ciertos representantes de Juntos por el Cambio ante el DNU anunciado por Milei resulta elocuente sobre la malversación que supone del funcionamiento de las instituciones y las promesas electorales.

La diputada del PRO Sabrina Ajmechet, del team Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio, dijo en Twitter haber trabajado codo a codo con Sturzenegger en “el enorme laburo que hoy sale a la luz”. El docente Mariano Tilli le replicó que, en tanto legisladora del PRO, su tarea era presentar proyectos de ley y debatirlos en el Congreso, no redactar un decreto para saltearlo.

Ajmechet respondió: “Sí, trabajé en un proyecto presidencial en el que tuvimos la intención de tratar esto en el Congreso. Salimos terceros. Creo en los proyectos en los que trabajamos”.

Al parecer, el tercer puesto en una elección presidencial y la falta de mayorías legislativas no son óbice para que esa misma fuerza logre sus objetivos a través de un paquete adoptado por el ganador de los comicios, cuyas propuestas eran calificadas como “malas y peligrosas” en los debates. Que no vengan los votos a arruinar un pacto en las sombras que alumbra un DNU.

Alarma: la hora de los jueces

Quienes se oponen al decreto coinciden en que la vía más efectiva para frenarlo es a través de cautelares en tribunales antes que en el Congreso, donde el trámite puede demorar más de un mes, en el mejor de los casos, o quedar en la nada si La Libertad Avanza logra articular bloqueos con la parte de Juntos por el Cambio que está ávida por dar una mano.

Seguramente, cuando la senadora Cristina Fernández de Kirchner impulsó en 2006 que la revocación de un DNU requería del rechazo en ambas cámaras legislativas y, hasta que ello no sucediera, lo dispuesto estaría vigente, no era consciente de que un gobierno ultraderechista autoritario se iba a aprovechar de tamaño agujero institucional.

La entonces senadora se convertiría luego en la presidenta de la democracia que firmó menos DNU en función de sus años de mandato. Ese respeto por el criterio básico de que el Poder Ejecutivo no debe reemplazar al Congreso queda menoscabado por haber abierto la puerta a que otros mandatarios con menos convicciones democráticas utilicen la laxitud de su propuesta. Algo que siempre le costó al kirchnerismo es pensar consecuencias más allá de su período de Gobierno.

Si Unión por la Patria no logra sumar una mayoría para forzar el rechazo en Senado y en Diputados, el vandálico DNU seguirá vigente.

Hasta ahora, no apareció ningún jurista dispuesto a dar por válido un decreto que liquida la división de poderes. A lo sumo, alguno se enredó en comparaciones fútiles y pidió más tiempo para estudiar. Así las cosas, de los tribunales federales argentinos, se puede esperar cualquier cosa.

Al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, le atribuyen capacidad de lobby en el fuero Contencioso Administrativo Federal, que es el que con más probabilidad absorberá los pedidos de amparo. Uno de los recursos para una acción declarativa de inconstitucionalidad, presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez, recayó en el juzgado de Pablo Cayssals, magistrado con frondosos antecedentes a favor del Grupo Clarín y de dejarse invitar al paraíso de Lago Escondido por ese mismo emporio junto a funcionarios macristas, espías y colegas del fuero federal. Que Joseph Lewis, el dueño de Lago Escondido y amigo de Macri, sea uno de los probables beneficiados del decreto que habilita la completa extranjerización de las tierras, no debería ser motivo para excusación alguna, porque la dádiva empresarial, en la Argentina de hoy, es un derecho humano.

Será en las calles

Más que en el Congreso o los tribunales, el eventual límite a la deriva autoritaria y liquidadora del Estado de Milei se jugará en la capacidad de protesta para torcer la voluntad de legisladores o jueces medrosos.

Las primeras dos semanas de la ultraderecha en la Casa Rosada estuvieron marcadas por reacciones significativas, alguna no prevista, pero que dicen poco sobre la posibilidad de dar el brazo a torcer a esta administración.

Más que en el Congreso o los tribunales, el eventual límite a la deriva autoritaria y liquidadora del Estado de Milei se jugará en que la capacidad de protesta pueda torcer la voluntad de legisladores o jueces medrosos.

Milei y Bullrich utilizaron métodos casi fascistas para acosar a la marcha de la Unidad Piquetera, de signo de izquierda, para conmemorar a los asesinados en la revuelta de 2001. Los altoparlantes en las estaciones de trenes, las requisas en colectivos, los zócalos contra “sospechados de ser manifestantes”, la factura del aparato represivo enviada a los convocantes de las marchas y las amenazas de quitar planes a quienes ejerzan su derecho constitucional a protestar constituyen un compendio con destino en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Clarín deberá desempolvar nuevas denuncias de la campaña antiargentina.

Los extendidos cacerolazos no bien Milei emitió el lúgubre mensaje del DNU no fueron previstos y mandaron el protocolo antipiquetes de Bullrich al tacho. Los cánticos y la fisonomía de los manifestantes de las medianoches del miércoles y jueves permiten inferir que se trató de opositores duros, con los que el Presidente contaba desde el vamos. La rápida movilización en muchas ciudades del país no son nada desdeñables, mientras la despectiva caracterización de Milei sobre el “síndrome de Estocolmo” de quienes rechazan sablazos en sus derechos y en sus bolsillos sólo se avizora posible en los primeros 100 días de Gobierno.

La hora de la verdad llegará en poco tiempo, cuando la estampida inflacionaria y los recortes sociales lleven a muchos hogares, incluso donde hubo votos a Milei, a constatar el efecto demoledor de haber consagrado a dogmáticos de estas características en la Casa Rosada, capaces de sumar y restar en el Excel sin el menor resguardo, ya no por sensibilidad social, sino por sentido común. Será entonces cuando habrá que medir la resistencia popular, el grado del cambio cultural que transitamos y la dimensión del autoritarismo de la ultraderecha.

Unidad peronista: convicción, necesidad o impostura

En el peronismo dicen que la devaluación de Luis Caputo y la ofensiva de Sturzenegger consolidaron la unidad. Que no habrá fugas, ni sanguchitos, ni viajes compinches a Davos, ni manos alzadas para endeudamientos burdos como en 2016. Y que las protestas contra el DNU despertaron inquietud entre los remolones a afectos a la especulación pasiva.

“Los 101, 102 diputados estamos firmes”, dice uno de ellos tras la reunión con la cúpula de la CGT del jueves, que no sería, precisamente, un ejemplo de audacia.

La fortaleza de la unidad descripta es otra historia, en una bancada que alberga en su interior la grietas que llevaron a empantanar hasta arruinar a un Gobierno.

El nuevo escenario trajo consigo el retorno de un Máximo Kirchner y una Cámpora contados como no revanchistas ni propensos a pelear cada centímetro de poder. Sería una versión renovada del supuesto pragmatismo que llevó a ese grupo a apostar por la unidad en 2019 y a la reconciliación con Alberto Fernández, Sergio Massa y el resto de los peronismos, incluidos los gentiles con Macri.

La narrativa de hace cinco años describía a Máximo Kirchner afable y entrador, incluso con quienes habían reclamado cárcel en su contra, montados sobre la ofensiva ilegal de Juntos por el Cambio y Comodoro Py. El relato decía que los Bulgheroni y otros dueños se sorprendían del pragmatismo del entonces diputado por Santa Cruz.

La historia continuó con otro rumbo apenas comenzó el Ejecutivo de Alberto Fernández. El audio de Fernanda Vallejos (“enfermo”, “inútil”, “ocupa”, “mequetrefe”) de septiembre de 2021 no hizo más que poner sobre la superficie lo que había circulado en ese sector el año y medio previo, y que sería retomado con algo menos de enjundia por la vicepresidenta y su hijo hasta el fin del mandato.

¿Hay algún motivo para creer que esta vez va en serio ese paso camporista hacia al diálogo y el consenso?

“Ni en pedo, lo que pasa es que saben que no pueden liderar nada”, responde un legislador muy crítico de La Cámpora. “Nunca se van a hacer cargo de nada y creen que los boludos que hicieron todo mal son los otros. Por ahora prevalece el temor de que la reacción les pegue a ellos también”, pinta otro que es tanto o más crítico de Alberto Fernández.

“Yo me hago cargo”, dijo Juan Grabois, una voz indómita del mundo panperonista sobre su contribución a desestabilizar a Martín Guzmán para poner al “genio de Sergio Massa”. Resultó que el primero fue bastante más heterodoxo que el segundo. “'¿Ahora se da cuenta?”, responde un compañero. Gobierna Milei.

Tras la derrota de las legislativas de medio término, los cristinistas se lanzaron al monte de los subsidios infinitos, sin financiamiento ni criterio de equidad social. Emprendieron una batalla contra el imperialismo del FMI con un sable de cartón, y hasta alguno apeló a las malas artes del espía ilegal Ariel Zanchetta para saldar cuentas internas contra Victoria Tolosa Paz. Eduardo de Pedro, el “blanco” de La Cámpora —así era definido puertas adentro—, se rodeó de estrategas y financistas que terminaron con Milei, como Luis Barrionuevo, ese prócer del progresismo nacional y popular.

Ni Massa, ni Alberto ni Cristina tienen derecho a denunciar los efectos lacerantes del Gobierno de Milei como si no fueran corresponsables de una situación económica complicada

Por historia y mandato electoral, el peronismo tiene la obligación de oponerse a esta versión cualunque del neoliberalismo que camina sin el talento político de Carlos Menem ni la capacidad de lectura de Macri, ni, por ahora, la amenaza totalitaria de José Alfredo Martínez de Hoz.

A la vez, un exministro de Economía y candidato presidencial con un resultado negativo tan marcado en todos los índices medibles durante su año y medio de gestión como Massa, un presidente que demostró no tener ni la habilidad ni el coraje para desplazar a quienes conspiraban contra su propio gobierno como Alberto, y una líder que le falló a la historia como Cristina, no tienen derecho a denunciar los efectos lacerantes del Gobierno de Milei como si nada hubiera pasado.

Si los conductores de la experiencia reciente del peronismo no tienen una vocación profunda de revisar los errores de conducción política y los desequilibrios macroeconómicos a los que contribuyeron, la mejor opción que les queda a mano es facilitar la aparición de nuevas voces. Aunque no a todos les cabe la misma responsabilidad —a Massa le tocó un año endiablado por la sequía en un Gobierno que no era estrictamente el propio—, ninguno de los tres parece muy predispuesto a ceder protagonismo.

Cuando, por su éxito o su fracaso, este nuevo ensayo neoliberal consolide un país más injusto, saqueado y limitado en su capacidad de respuesta, los iluminados que visitan la democracia volverán a sus negocios, y la Argentina tendrá que levantarse. 

SL/DTC