Cristina, con más "lawfare" y una inesperada reivindicación de la fallida pulseada con los fondos buitre

Cristina Fernández de Kirchner. Repasando los apuntes ante el tribunal.

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El principal argumento de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa por el Memorándum con Irán pasa por las visitas de los jueces Mariano Borisnky y Gustavo Hornos a la Casa Rosada y a la residencia de Olivos durante el gobierno de Mauricio Macri. Borinsky y Hornos son dos de los jueces de la Cámara de Casación que decidieron en 2016 la reapertura de la investigación por encubrimiento del atentado a la AMIA, que había sido archivada por el juez federal Daniel Rafecas. El Tribunal Federal Oral 8 encargado de juzgarla tendrá que considerar la prueba presentada por el abogado Carlos Beraldi y el pedido de nulidad de la causa a partir de la presunción de parcialidad. En abril pasado la ex presidenta ya fue sobreseída por la Cámara de Casación en la causa conocida como “dólar futuro”, por inexistencia de delito. Se persigue el mismo objetivo.

La presentación de la vicepresidenta recorrió, con más o menos énfasis, el camino de otras veces: sostuvo centralmente que ha sido víctima de una “persecución política” en base a la llamada teoría del lawfare, la doctrina que articula conceptualmente todas sus defensas en la justicia. La expresidenta se remontó a la época del atentado contra la AMIA, el 18 de julio de 1994, hasta llegar a la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, horas antes de su esperada presentación en el Congreso para sostener la acusación por encubrimiento. Detalló luego las fechas de las audiencias de los jueces Borinsky y Hornos con el entonces presidente Macri, de acuerdo con los registros hallados en Olivos y la Casa de Gobierno, como  elemento que abona la idea de un plan concertado por el gobierno anterior con los jueces -también los medios- destinado a perseguirla judicialmente.

Ese montaje incluyó esta vez, según la doctora Kirchner, la participación de los acreedores de la Argentina, los “fondos buitre”, en reclamo de la deuda soberana entonces en default. Resulta una novedad. Esos fondos litigaron contra la Argentina ante la justicia de los Estados Unidos, que en un largo recorrido desde los tribunales de Nueva York hasta la Corte Suprema terminó por darles la razón. “Me quisieron doblar la mano para que pagara cualquier cosa y me negué. Lo del memorándum no era sólo para perseguir a los opositores, tenía que ver con pagarles a los buitres”, dijo. La presentación de la vicepresidenta derivó así, inesperadamente, en una cerrada defensa de su estrategia de negociación de la deuda defaulteada, que hacia el final de su mandato no tenía sin embargo ningún norte claro. Todos los esfuerzos de su gobierno para cerrar ese capítulo naufragaron, la Argentina siguió sin crédito y sólo pudo regresar al mercado de capitales recién con la llegada de Macri. No deja de ser una curiosidad que se encuentre hoy en la misma encrucijada.     

La causa del Memorándum parece tener sin embargo una debilidad de origen. La firma del memorándum de entendimiento firmado con Irán en 2013 impulsaba la creación de una “comisión de la verdad” que investigaría a los presuntos responsables del ataque a la AMIA. Aunque controvertida, cuestionable y objeto de repudio -lo hizo entonces con vehemencia el hoy presidente Alberto Fernández- fue una decisión para la que estaba facultado el Poder Ejecutivo. Además, el acuerdo con Irán iba a obtener, con el voto de la mayoría oficialista, la aprobación del Congreso de la Nación, que convirtió ese acuerdo en ley. El memorándum sería declarado inconstitucional más tarde por la Corte Suprema. Nunca fue aprobado, con todo, por el Parlamento iraní. Fue un fracaso de la política exterior en todos los sentidos posibles.

La audiencia pública, inusual antes del llamado a juicio, fue convocada por el Tribunal Oral a pedido de la expresidenta, cuyo objetivo es desarticular el caso. Una estrategia por la que se ha inclinado su equipo de abogados ante el complejo y enmarañado frente judicial que aún la desvela. Como se sabe, las principales causas que comprometen a la vicepresidenta están relacionadas con la adjudicación de obra pública y los negocios inmobiliarios de empresas de su propiedad -y de sus hijos- vinculadas a esos contratos, según ya tiene probado la Justicia. Están pendientes juicios orales por estos expedientes, hoy congelados. La política todavía no le ha dado la solución que la expresidenta reclama -el presidente Fernández ha sido el principal destinatario de esos reclamos - pero se advierte el cambio de temperamento que han experimentado los jueces desde el regreso del peronismo al poder. Es algo que en realidad se respira.

WC

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