Lula, Boric y CFK, tres presidentes sin una Constitución de 1853

En una digresión en su defensa en la última audiencia de la causa Vialidad que lejos de alejarla del asunto que la ocupaba la recondujo a su más decisivo centro, Cristina Fernández de Kirchner reveló que, si le dieran a elegir entre la Constitución argentina de 1994 y la de 1853, elegiría sin vacilar la que en el siglo XIX inspiró el tucumano Juan Bautista Alberdi. Puso el foco sobre un rasgo distintivo del texto decimonónico como fundamento de su preferencia, sin sugerir que sus motivaciones se agotaran en esta sola característica. Queda abierto a la discusión -es materia opinable- si es razón suficiente para dirimir la opción, pero es irrefragable la perspicaz pertinencia de la caracterización.

La prosa de la Constitución -este panoramista glosa a su vicepresidenta- es lúcida, y más aún, traslúcida. No hay huecos y saltos en su desarrollo argumentativo, y la clara y distinta exposición ordenada de derechos y garantías como la exacta definición de las autoridades de la Nación y de las atribuciones respectivas que equilibran a los tres poderes del Estado, no engendran dudas sobre su índole y sus esferas propias de acción, sino que se proponen anticiparlas y responderlas, prevén un rango de conflictos posibles y norman medios para resolverlos. Deliberadamente se rehúsa polisemias o plurisignificaciones, aspira a formulaciones unívocas que vuelvan occiso el debate interpretativo contradictorio (que redunda en litigios políticos y causas judiciales) y se abstiene de encargar a las autoridades consituidas la organización de las instituciones que crea.

No sugiere en absoluto CFK que todos estos propósitos hayan sido logrados con holgura por los constituyentes de San Nicolás. Basta con que no hayan sido malogrados. Porque el juicio que reconoce el insuperado (no insuperable) rigor compositivo y la probada eficacia funcional del texto de 1853 es indisoluble de la valoración que realmente le importa, la que brota de la experiencia histórica. En un examen de las respectivas contribuciones a la democratización de la vida nacional, las consecuencias negativas y las derivas autoritarias de la Constiución de 1994, así como los impasses que todavía no han sido atravesados como es imprescindible para neutralizarlas, se le imponen rotundas, abrumadoras, crecientes. (La nítida redacción y configuración del texto de 1853 es una razón necesaria, sin ser suficiente, de su demostrada superioridad histórica).  

Argentina, nostalgias de aquel mínimo común denominador confiable

En los hechos, la Constitución más democrática entre las dos, apunta CFK, o acaso la única democrática (si extremamos su afirmación), ha sido la de 1853: el Estado funcionó, el pueblo de la Nación deliberó y gobernó por representantes que eligió y en quienes se reconoció: la soberanía de esa forma representativa y republicana de gobierno y la responsabilidad de sus titularas tenía severa, pero sola, revisión, evaluación y limitación en las citas regulares y periódicas de un sufragio finalmente universal.

Este excurso, que no es tal, de CFK conduce a la clave del resultado del plebiscito chileno del 4 de septiembre y el fundamento de todos los condicionamientos mayores y decisivos de la elección presidencial brasileña del 2 de octubre. En la transición democrática del Cono Sur en la década de 1980, en la Argentina se llamó a elecciones según los lineamientos de la Constitución de 1853, que además, al menos declaradamente, era la Ley Suprema a la que se sometió la dictadura cívico-militar de 1976-1983. Las elecciones que dieron la victoria al candidato radical Raúl Alfonsín fueron libres, pluripartidistas, y competitivas, y sin proscripciones.

Chile, entre Pinochet incólume y un proyecto disfuncional que fracasó

En Chile, la dictadura del capitán general Augusto Pinochet había plebiscitado en 1981 el texto constitucional aún vigente en una elección dual (entre SÍ y NO), que sin embargo no aseguró competitividad igualitaria a las campañas rivales. En las elecciones de 1989, que dieron la victoria a Patricio Aylwin, la candidatura la candidatura del Partido Comunista, uno de los más antiguos y tradicionales de Chile, había sido proscrita, y el presidente democristiano juró por la Constitución pinochetista de 1980. Entre sus instituciones, se contaban las senadurías vitalicias, bancas en el Congreso preasignadas por la Ley Suprema para figuras clave del gobierno saliente, el nacido del golpe de 1973 que derrocó al socialista Salvador Allende, a las que así dotaba -hasta su muerte- de inmunidad parlamentaria.

En la primera sesión del Congreso elegido democráticamente en Chile, Augusto Pinochet, a quien nadie había votado para ello, se sentó en la Cámara alta en su banca de senador vitalicio. Durante décadas, la normativa constitucional, a través de diversas instituciones (como la votación binominal), favoreció la sobrerepresentación de la derecha. Otros artículos protegían de modificaciones a la rigidez inoxidable de la Ley Suprema. Tales normas 'cerrojo' fijaban para la reforma, aun para la más limitada y específica, el requisito de mayorías tan altas que votaran a favor de la iniciativa como ninguna coalición obtenía nunca. Atinadamente, las disposiciones electorales estaban dirigidas a frustrar la eventualidad de que nunca se formara un gobierno mayoritario de la izquierda.

Brasil, donde ganar no es gobernar

Tancredo Neves se impuso en 1985 en las primeras presidenciales convocadas en Brasil desde el golpe de Estado de 1964. Para la elección, la dictadura proscribió candidaturas competitivas de figuras de izquierda. En estas elecciones indirectas, el candidato del centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, hoy MDB) debió su cargo a obtener la mayoría en un colegio electoral donde los electores del Partido de los Trabajadores (PT) liderado por el obrero y sindicalista metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva se abstuvieron. El mineiro (‘si es de Minas, es conservador’, reza un dicho) era el primer civil en el Ejecutivo de diecinueve años de dictadura y seis generales presidentes. Pero si los militares abandonaron el gobierno, Neves no se liberó del gobierno militar. Porque él y su sucesor José Sarney (PMDB) juraron por la Constitución de 1967, compuesta a la medida del gobierno militar y calibrada como legitimación de la dictadura.

En 1987, una Convención Constituyente, dominada por el Centrão (amalgama mayoritaria partidos oportunistas, no de centro sino de centro derecha o derecha), redactó una nueva Constitución, que sigue en vigor desde 1988. En su momento, con 250 laboriosos artículos, era la segunda más larga del mundo, precedida en abundancia verbal sólo por la de otro país que hoy también integra el BRICS, la India. Los convencionales del Centrão dotaron a la nueva Ley Suprema con disposiciones electorales precisas para asegurar su dominio en el Congreso. Dominaron las dos Cámaras en 1988, las dominaron en los gobiernos del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso, las dominaron en los gobiernos petistas, destituyeron a Dilma Rousseff en 2016, apoyaron a Jair Messias Bolsonaro en 2018, dominan el Congreso en 2022. Ningún gobierno puede gobernar sin leyes, la Constitución de 1988 asegura que ningún partido de gobierno tenga suficientes votos para sancionar leyes. Los partidos del Centrão no presentan candidatos presidenciales. Gobiernan desde el Congreso. Los primeros dos años de la presidencia Bolsonaro fueron un pacto de caballeros entre Ejecutivo y Legislativo. Como Bolsonaro es un independiente sin real partido, Brasil parecía una república parlamentaria de hecho, donde el presidente de la Cámara de Diputados era un jefe de Gobierno, un primer ministro, y él un audible Jefe de Estado. Lula será presidente, pero ya sabe qué le espera para gobernar.  

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