La memoria como presente: el legado de Argentina a 50 años del golpe 

A 50 años del golpe, la memoria no es pasado, es presente. Aunque en la actualidad la mayoría de la sociedad argentina no vivió la dictadura, creció bajo la sombra de sus consecuencias. El miedo, el silencio y la incertidumbre que marcaron la vida cotidiana bajo el terrorismo de Estado no forman parte de su experiencia directa. No escucharon los rumores sobre los centros clandestinos de detención ni vieron los operativos del Plan Cóndor, pero heredaron relatos entrecortados, cargados de silencios y del dolor que deja la ausencia de un desaparecido. También recibieron bajo esa misma sombra ejemplos de persistencia, solidaridad, compromiso con la justicia y la democracia. 

Esa distancia generacional no implica olvido. Las historias transmitidas, los constantes recordatorios de organismos de derechos humanos, los juicios por delitos de lesa humanidad y la búsqueda de familiares fueron lo que permitió construir y mantener esa memoria colectiva que se renueva cada año. Para muchas generaciones más jóvenes, la dictadura aparece como un conjunto fragmentado de relatos de distintos colores que están atravesados por lecturas diversas del presente. Asumir esa complejidad, sin simplificarla ni descalificarla es también parte del desafío de sostener la memoria. Es por eso que, cada 24 de marzo, nos interpela no solo a recordar y honrar el legado, sino a defender la democracia frente a la impunidad y el negacionismo.

Durante años, la exigencia de conocer la verdad de lo sucedido durante esos años, dieron paso a distintas estrategias. La búsqueda de las personas desaparecidas y el terrorismo de Estado se tradujo en hitos fundamentales, como el trabajo de la Comisión Interamericana en su visita al país en plena dictadura, la pionera Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y los Juicios por la Verdad, que mantuvieron viva la investigación de lo que había ocurrido aun en los años aciagos de impunidad. En ese contexto, Argentina fue también un escenario clave para construir y consolidar una idea que hoy resulta fundamental: el derecho a la verdad. Los reclamos de los familiares en Argentina y toda América Latina traducidos por las y los abogados en conceptos jurídicos dieron lugar a reconocer que las víctimas y la sociedad tenían derecho a saber qué había ocurrido. 

Ejemplo de ello fue el caso Carmen Aguiar de Lapacó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue fundamental para establecer el Derecho a la verdad. Este reconocimiento y la persistencia de los reclamos contribuyeron activamente a que Naciones Unidas reconociera el derecho a la verdad así como a consolidar una jurisprudencia interamericana que hoy es referencia global. De este modo, la experiencia argentina no sólo se nutrió de los desarrollos internacionales, sino que también brindó un aporte sustancial para moldearlos afirmando el derecho a la verdad.  

El camino de la justicia no solo se ha limitado a buscar respuestas, sino que se ha consolidó como una herramienta clave para la rendición de cuentas. El Juicio a las Juntas en 1985 y la decisión de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad marcó un precedente inédito y reafirmó la idea que hoy parece evidente, pero en su momento fue extraordinaria: que incluso frente a los peores crímenes, el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar. Sin embargo, el camino no fue lineal. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, seguidas por los indultos presidenciales en los años noventa marcaron un retroceso en la búsqueda de justicia.

En ese contexto, el Sistema Interamericano fue clave: el Informe N° 28/92 de la CIDH, los casos de amnistías en Chile y El Salvador y, más tarde, la sentencia del Corte IDH en el caso Barrios Altos vs. Perú establecieron la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana. Esos estándares dialogaron directamente con decisiones posteriores de la Corte Suprema argentina, que retomaron y profundizaron esos criterios al afirmar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, anular las leyes de impunidad y reabrir el camino para juzgar a los responsables. En ese proceso, desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) junto con organizaciones aliadas, acompañamos y promovimos litigios y seguimientos que mantuvieron vivas esas discusiones a nivel regional y aportamos en la fertilización cruzada con el movimiento de derechos humanos y la administración de justicia a nivel nacional.

Pero la verdad, la memoria y la justicia no se agotan en los tribunales, sino que también se expresa en la búsqueda de la identidad y en la restitución de historias deliberadamente borradas. La lucha incansable de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo convirtió esa búsqueda en una causa colectiva. La apropiación de niñas y niños durante la dictadura es una herida que se prolonga en el tiempo. Desde el regreso a la democracia, 140 personas han logrado recuperar su identidad, y aún restan más de 300 por encontrar. Cada restitución reconstruye su propia historia y reafirma un principio fundamental, el derecho a conocer la propia identidad. 

Parte de este recorrido también dejó un legado menos visible, pero profundamente significativo. Durante décadas, la experiencia de la dictadura y las luchas por memoria, verdad y justicia consolidaron en la sociedad argentina un consenso amplio sobre la inaceptabilidad de la violencia estatal. Hoy ese consenso exige ser protegido y sostenido frente a prácticas y discursos que buscan relativizarlo o, incluso, negarlo. 

La memoria debe asumirse como una herramienta para la defensa democrática que nos sirve para entender los límites del poder estatal, el valor de la vida, de los derechos y el lugar de las víctimas. El legado de estos 50 años no es solo argentino, marca un estándar regional y global de cómo enfrentar el terrorismo de Estado y la impunidad. Es una forma de resistencia, no contra el pasado, sino contra su repetición y de sostener de manera concreta, tras todos estos años, el compromiso colectivo con el “Nunca más”. 

La autora es Directora Ejecutiva de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)