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Después de las PASO Cuadro de situación

Radiografía de la economía: soluciones de fondo, recién para diciembre; por ahora, sólo parches

Sergio Massa, ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, la coalición electoral que tiene como principal socio al Partido Justicialista.

Martín Kalos / Florencia Fiorentin

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El resultado de las PASO mezcló un esperado escenario de tercios con una sorpresa: el partido y precandidato más votado, La Libertad Avanza, de Javier Milei. Con el diario del lunes podemos entender que la crisis económica es la principal motivación para un tercio del electorado en optar por una fuerza inédita en nuestra historia. ¿Qué está pasando en la economía argentina y cuáles son los escenarios económicos que se abren ahora de cara a las elecciones generales de octubre?

Un breve diagnóstico de la economía hoy

En primer lugar, si bien la inflación parecía estabilizarse en torno al 6% mensual, desde fines de julio retomó la tendencia alcista. El aumento de algunos precios atrasados (como carne y servicios regulados) y estacionales (turismo), mayores impuestos a importaciones y la aceleración de los dólares paralelos contribuían a acrecentar la expectativa inflacionaria. 

La devaluación del lunes post-PASO echó por tierra con cualquier optimismo respecto de los próximos meses. Con agosto y septiembre firmemente en dos dígitos, la primera pregunta es por la inercia que muestre la inflación a partir de octubre. El régimen de alta inflación que se ha configurado en el último tiempo en Argentina ha involucrado cambios en los comportamientos: los reajustes de precios son cada vez más veloces o indexados y por tanto la inercia es mayor. La mesa está servida para que la inflación supere incluso este año el 160% interanual.

Esto tiene su efecto constante y directo en el empleo y los ingresos. En los últimos cuatro años el poder adquisitivo del salario mínimo mermó 10%, la jubilación mínima 22% y la asignación por hijo 33%. La baja del salario real en el sector privado alcanzó 6,5% en el caso de quienes poseen un empleo registrado, y 28,8% entre los no registrados (que representan casi 37% del empleo asalariado). Todos los ingresos perdieron, en especial los salarios no registrados y las transferencias estatales (jubilaciones y asignaciones).

El corolario de la caída del salario real es la dificultad de las familias en poder costear las canastas básicas de subsistencia. Para la última mitad del 2022 (incluso con inflación más modesta que la actual) la cantidad de personas en situación de pobreza alcanzó al 39,2% de la población. Peor aún, 5 de cada 10 infantes de menos de 14 años son pobres. Del total de personas pobres, el 21% es indigente (8% de la población).

En parte esto explica el sostenimiento de niveles elevados de actividad laboral (48%) y empleo (45%): más personas de cada familia deben salir a trabajar para llegar a fin de mes (similar a lo ocurrido hacia finales de la convertibilidad). La precarización laboral también es precarización de las condiciones de vida, así como la pobreza de ingresos también es pobreza de tiempos para cada familia en esa situación.

El sector productivo está severamente afectado por la crisis económica. El principal protagonista de estos largos meses es el sector agropecuario, cuya producción cayó 44% en el último año como resultado de la sequía. La industria, en este contexto de inflación y escasez de divisas, desde hace meses empezó a manifestar su merma, aunque el estancamiento actual aún se da a un mayor nivel de actividad que en 2019 (9% más). El comercio tiene una evolución positiva pero modesta de 2,2% en comparación con el año pasado y está en condiciones bastante mejores que en el año anterior a la pandemia. En esta heterogeneidad, no faltan sectores como la minería que aún crece de manera sostenida.

Mientras tanto, las reservas brutas del Banco Central se encuentran en USD 23.700 millones, sus niveles más bajos en 18 años; y las netas muestran récords históricos por lo negativo, rondando ya los USD 10.000 millones en rojo. El dólar oficial ya había acelerado el ritmo de crawling peg (en junio subió 7,6% y en julio 7,1%, de manera que le ganó a la inflación) antes del 22% de devaluación del lunes. Los paralelos también subían a la par y en estos días están re-acomodándose al salto del oficial, recomponiendo la brecha del 100% en torno a la cual rondaron en estos meses.

Ahora bien, la crisis económica no es sólo un problema de esta gestión. En promedio, entre 2012 y 2022 el PBI cayó 0,08%, y en 6 de esos 11 años la variación interanual fue negativa (con el máximo de 10% en 2020 como efecto de la pandemia). Consecuentemente, la pobreza entre 2016 y 2022 se mantuvo en valores promedio de 34% (en 2019 fue de 35,5%), y la indigencia de 7,6% (8% en 2019, al igual que en 2022). El nivel más bajo de inflación entre 2017 y 2022 fue 24,2% en 2017, y desde entonces se ha acelerado hasta los niveles actuales.

La economía hasta las elecciones generales de octubre

La falta de respuestas a esta crisis perpetua pero acentuada en 2023 explica en gran parte el resultado electoral. El problema es que las soluciones de fondo que se necesitan de acá en más aún deberán esperar: no puede tomarlas este gobierno saliente, sino que debe hacerlas quien asuma en diciembre, con mayor poder y plazo para ejecutarlas.

Hoy, en la agenda de gestión sólo hay parches. Algunos serán más necesarios, como una transferencia de urgencia a los hogares más vulnerados. Otros parches implicarán patear para 2024 problemas como la deuda comercial privada (importaciones que no están siendo pagadas, acceso pospuesto a dólar oficial para empresas que recurrieron a otros dólares para pagarlas, etcétera) o los pasivos remunerados del BCRA (que se sitúan en máximos históricos, llegando a casi 14% del PIB, y continuarán creciendo impulsados por su propia tasa de interés) que hace que la reducción de la base monetaria abajo del 5% del PIB parezca insustentable. Otros serán meras actuaciones para las cámaras sin efecto real, como un enésimo acuerdo de precios en un contexto de aceleración inflacionaria.

Todo bajo la mirada atenta de nuestro gran acreedor, que desde que volvió de la mano de los USD 45.000 millones prestados a Macri tiene suficiente poder como para incidir en la capacidad de tomar decisiones de política económica de este gobierno y de cualquiera de los que vengan a futuro. En efecto hoy el FMI exige seguir bajando subsidios energéticos, aumentar tarifas de electricidad y gas y continuar reduciendo el poder adquisitivo de los planes sociales y los salarios públicos. En definitiva, un combo de más inflación, menos poder adquisitivo en los hogares, menos obra pública y más impuestos, en el contexto del proceso electoral. Y aún así, en noviembre estaremos negociando con el FMI por haber incumplido las distintas metas (fiscales, de acumulación de Reservas, etc.) que se acordaron apenas el mes pasado.

Mientras tanto, la incertidumbre respecto de qué tipo de políticas implemente cada potencial presidente lleva a que cada quien se cubra de riesgos como puede: eso implica volatilidad en los mercados financieros, aumentos de precios precautorios, demanda de dólares. Un comportamiento racional en lo individual, pero que a nivel social termina siendo contraproducente.

De cara a octubre, el ministro candidato Massa enfrentará estas tensiones como pueda: con los parches que logre aplicar para aplacar la inflación, el FMI mirándolo por encima de su cabeza, la actividad productiva atada con alambres; pero también con la oportunidad de mostrar un uso creativo y eficiente de las capacidades de gestión pública y de proponer un horizonte distinto. De hecho ese es el gran desafío de Massa y Bullrich: argumentar y convencer de que tienen ideas y herramientas para salir de la crisis que sus coaliciones han provocado y para la cual no han encontrado (o y/o implementado) estrategias para su solución hasta el momento.

Artículo escrito por Florencia Fiorentin (CONICET/UNGS) y Martín Kalos (EPyCA Consultores)

MK/FF/JJD

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