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PRESUNTA CORRUPCIÓN EN LA OBRA PÚBLICA

Aníbal Fernández declaró en el juicio contra Cristina: dijo que los jefes de Gabinete no podían saber si las rutas adjudicadas a Báez se hacían o no

Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, declaró como tetsigo de manera presencial ante los jueces del tribunal. La audiencia no es abierta al público y requiere una acreditación previa a pedido de las defensas.

Emilia Delfino

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El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, declaró este martes como testigo en el juicio oral y público contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz. El funcionario defendió las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner pero también dejó en claro que los jefes de Gabinete no habrían tenido forma de conocer y controlar si las empresas de Lázaro Báez efectivamente realizaban las obras para las cuales reasignaban fondos de la obra pública. En la misma línea había declarado Juan Manuel Abal Medina la semana última.

De esta manera, el ministro Fernández buscó desligarse de la imputación: el fiscal Diego Luciani acusa a la vicepresidenta; al exministro de Planificación, Julio De Vido; al empresario Báez; al exsecretario de Obras Públicas, José López; y a otros nueve imputados de haber favorecido a las constructoras del empresario patagónico con 51 licitaciones públicas para obras viales en Santa Cruz y defraudar al Estado, al supuestamente desviar partidas presupuestarias para el pago de obras que en muchos casos ni siquiera se realizaron, según la fiscalía. 

En la acusación también se sostiene que las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales. Todos los acusados han negado en reiteradas oportunidades haber integrado una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado. 

Me parece que son todas preguntas de lo político más que de lo jurídico.

Aníbal Fernández Ministerio de Seguridad, ante el tribunal.

Luego de que la fiscalía solicitara que se le exhibiera una de las planillas anexas que detallan las obras que integran el presupuesto y que se debaten en la comisión de Presupuesto del Congreso, Fernández aseguró: “A mi no me consta que las rutas que están en las planillas se hayan hecho. Es un pre-supuesto, es como se supone que se va a ejecutar”. 

Fernández, quien actualmente protagoniza una disputa con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, por el manejo público del caso de la cocaína supuestamente adulterada, fue citado por el Tribunal Oral Federal número 2 de la Ciudad de Buenos Aires a pedido de la defensa de la expresidenta, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, quien trajo al juicio el rol de los jefes de Gabinete y su responsabilidad en la ejecución del presupuesto de la obra pública y la reasignación de partidas, uno de los puntos clave de la acusación contra su defendida. Aún resta escuchar los testimonios de otros dos jefes de Gabinete de Fernández de Kirchner: el presidente Fernández, quien declarará el próximo martes 15; y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, citado para el lunes 21 de febrero.

Si bien se trata de un juicio oral y público, las audiencias de declaración de testigos requieren una acreditación controlada por el tribunal a pedido de las defensas. Por esa razón, los testimonios no son abiertos al público y los periodistas y abogados deben acreditarse de manera anticipada. Debido a la pandemia, además, el tribunal decidió que los testigos declaren frente a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso de manera presencial pero tanto la fiscalía como los abogados defensores se conectan de manera virtual vía Zoom.

Beraldi no acusa a los exjefes de Gabinete de ningún delito: por el contrario, en sus interrogatorios ahonda en preguntas que apuntan a demostrar que todos los actos por los cuales se destinaron fondos a las empresa de Báez fueron legales y controlados por distintas instancias administrativas. Pero el abogado también apunta a demostrar que la entonces Presidenta no intervenía en el manejo diario del presupuesto y que esa era una función de los jefes de Gabinete.  

“Me parece que son todas preguntas de lo político más que de lo jurídico”, dijo Fernández a los jueces mientras Beraldi procedía con el interrogatorio. El presidente del tribunal le pidió al testigo que no haga “ese tipo de declaraciones y deje que las partes le hagan las preguntas”.

El ministro Fernández respondió que no se le asignaron fondos de manera desproporcionada a Santa Cruz y comparó la situación de esa provincia con la de Formosa. “Ni bien asumió Néstor Kirchner viajó a Formosa a firmar un convenio de reparación histórica. Formosa fue una de las víctimas de los análisis geopolíticos equivocados, por eso no tiene trenes que lleguen hasta el final del territorio argentino, por eso no tiene rutas. Y entonces se hizo la ruta 81”, afirmó el funcionario.

También dijo que el criterio que se utiliza para reasignar fondos del presupuesto a determinadas provincias es el de “la honestidad de los presidentes, como Néstor Kirchner”, a quien definió como un “superdotado”. Luego definió a Fernández de Kirchner como “una cabeza superlativa”.

Con el jefe de Gabinete, (la Presidenta) hace la evaluación global, no lo finito. Tiene que pensar el país. Por eso no cualquiera llega a ser Presidente, bueno… ya ha pasado.

Aníbal Fernández Ministro de Seguridad, ante el tribunal.

Fondos

Ante otra pregunta de Beraldi, el funcionario afirmó que todas las partidas que se reasignaron para destinarlas a financiar obras de Báez en Santa Cruz tuvieron control de legalidad interna dentro de la administración pública “porque tienen que haber pasado por los (departamentos) legales de todos los ministerios que intervienen y por la secretaría de Legal y Técnica” antes de llegar a la Jefatura de Gabinete.

-¿Recibió algún tipo de instrucción particular de la Presidenta para que se dispusieran partidas a obras de Santa Cruz?-, preguntó Beraldi.

-Nunca -respondió el ministro de Seguridad-, pero sería imposible porque el jefe de Gabinete no conoce la obra. Tendría que ser Superman. Se hace por presunción de legalidad de los actos administrativos. Ninguna de estas compras, adquisiciones u obras se hacen de forma directa, son licitadas. 

Fernández también dijo: “Los valores de las obras son distintos según la provincia, lo saben todos. Es de perogrullo”, en relación a los valores que se le adjudicaban a las empresas de Báez para operar en la Patagonia.

El fiscal Luciani preguntó a Fernández si había instrucciones de la Presidenta al jefe de Gabinete sobre cómo iba a ser el gasto, la asignación y reasignación de partidas del presupuesto. “Era imposible, con el jefe de Gabinete hace la evaluación global, no lo finito. Tiene que pensar el país. Por eso no cualquiera llega a ser presidente, bueno… ya ha pasado”, respondió el ministro. 

Desde la reanudación de las audiencias en febrero, además del ministro Fernández, ya declararon en el juicio el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica de Néstor y Cristina Kirchner; Juan Manuel Abal Medina; y Jorge Capitanich, exjefes de Gabinete de la exmandataria.

No conozco a nadie que haya levantado la mano y haya dicho: 'He sido apretado'. Disculpen el término. No lo he visto jamás.

Aníbal Fernández Ministro de Seguridad, ante el tribunal.

Báez

Aníbal Fernández también declaró que vio al empresario Báez dos veces en su vida. “Lo vi una vez en un acto y lo crucé en la cárcel de Ezeiza -donde permanecían detenidos exfuncionarios de Cristina Kirchner- cuando fui a ver a unos amigos y lo saludé por respeto”, dijo. “Nunca me pidió nada”, agregó ante una pregunta del abogado de Báez, Juan Villanueva. También dijo que no le consta que el exdueño de Austral Construcciones haya sido “socio” de Fernández de Kirchner. El empresario patagónico ya fue condenado en otro juicio a 12 años de prisión por el delito de lavado de dinero agrabado con fondos provenientes de la obra pública.

-¿Le consta que el Ejecutivo hubiese desarrollado alguna presión indebida a los legisladores para sancionar la ley de presupuesto?

-No. No conozco a nadie que haya levantado la mano y haya dicho: “He sido apretado”. Disculpen el término. No lo he visto jamás. Las quejas (sobre las obras) se establecen como quejas y si (los legisladores) no están de acuerdo con determinada obra se traslada al debate y se debate (en la comisión de Presupuesto). 

“La presidenta no habla con los senadores”, agregó.

-¿Alguna vez recibió algún cuestionamiento sobre la cantidad de obras y el presupuesto asignado a la provincia de Santa Cruz?

-No -respondió el ministro, quien también fue titular de la cartera de Justicia y senador.

ED

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