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El nuevo gobierno

Bullrich, otra vez en Seguridad: de la doctrina Chocobar a la “mano dura” contra los piquetes

Patricia Bullrich en su pasado como ministra de Seguridad. Vuelve al cargo de la mano de Javier Milei.

Mauricio Caminos

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“La vía pública es el rostro de una nación, el único escenario donde el Estado está presente visiblemente en la persona de los miembros de sus fuerzas de seguridad”. Página 52 de De un día para otro. Medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno (Sudamericana), el libro que publicó Patricia Bullrich en septiembre pasado y que presentó en el salón de actos de la Facultad de Derechos de la UBA apenas días después de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta las PASO y poco antes de quedar fuera del balotaje que ganó Javier Milei. Con la oficialización este viernes de que volverá al ministerio que condujo entre 2015 y 2019, la frase podría dejar de ser una simple consigna puesta en letras para pasar a ser una política estatal: para Bullrich, antes que nada, primero están las fuerzas de seguridad.

Bullrich vuelve a Seguridad de la mano de Milei, con el objetivo de “poner orden”. Un “orden” al que relaciona directamente con la presencia activa de las fuerzas y el control policial de la vida cotidiana. No será un mero revival de lo que fue su gestión durante el macrismo, sino una profundización de aquellas políticas de “mano dura”, expresión que llegó a usar durante su campaña electoral. Ahora cambió el tono, haciendo suya una frase que patentó el libertario: “Es simple: el que las hace las paga”, cerró su mensaje en redes sociales al aceptar el cargo que asumirá el 10 de diciembre.

@patriciabullrich

♬ sonido original - Patricia Bullrich

Tanto su último libro como su gestión con Mauricio Macri dan pistas de lo que será la política de seguridad mileista, con el control de la calle como eje central. La vía pública pasará a ser escenario de la avanzada política, económica y hasta cultural que propone el presidente electo. Y ahí tiene que estar la policía. “Los agentes del orden (...) son la única expresión de un gobierno a cielo abierto”, dice Bullrich en su texto. elDiarioAR solo encontró silencio en su entorno en las últimas horas. 

Antipiquete

Lo primero con lo que querrá barrer Bullrich será con cualquier posibilidad de piquetes y manifestaciones que pueda ocasionar el ajuste económico que propone Milei. En eso estará en línea con el flamante ministro de Seguridad que tendrá la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. De hecho este viernes el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, celebró un operativo de la Infantería de la policía porteña que impidió un piquete en la avenida 9 de Julio.

El tándem Bullrich-Wolff tendrá el primer desafío muy pronto: el 19 y 20 de diciembre el Polo Obrero agendó sus primeras jornadas de marchas en todo el país por los planes sociales. La receta que aplicará el gobierno entrante será con represión.

En el imaginario bullrichista sigue muy fresca la movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017: el latiguillo macrista son “las 14 toneladas de piedras” que se habrían lanzado desde los manifestantes kirchneristas y de izquierda contra la policía. La exministra recuerda en su libro que le impidieron actuar con las fuerzas federales para reprimir, mientras el oficialismo fracasaba en la votación en la Cámara de Diputados.

“A algún funcionario nacional se le ocurrió que no había que reprimir aquel ataque salvaje y premeditadamente organizado cuya fallida contención quedó a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, paralizada y victimizada por la orden de no actuar”, escribe, en referencia implícita al entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a Larreta. “Durante el ejercicio de mi cargo de ministra de Seguridad no permití los cortes de rutas nacionales, las vías sobre las cuales yo tenía jurisdicción; pero debe reconocerse que no todos procedieron de la misma manera”, apunta en su texto.

Ahora Bullrich vuelve recargada: “Ni una sola piedra arrojada quedará impune”, destaca en un capítulo donde escribe: “Las fuerzas de seguridad, con el respaldo de las normas y del poder político, poseen experiencia suficiente para disolver los piquetes, identificar a sus líderes y arrestarlos, porque la interrupción de una vía de acceso constituye un delito que se comete en flagrancia y, por tanto, no se requiere una orden judicial para actuar”.

Doctrina Chocobar

La política antipiquete de la futura ministra va el línea con el regreso de la llamada “doctrina Chocobar”, un protocolo que ella misma reglamentó en la resolución 956/2018 y que habilitaba a las fuerzas federales a disparar sus armas reglamentarias ante cualquier amenaza, aún cuando del otro lado no hubiera armas o quien violara la ley estuviera de espaldas.

Escribe Bullrich en su libro: “Durante mi gestión, di orden a mis asesores de elaborar un protocolo sobre el uso de las armas de fuego. Ese protocolo establecía claramente en qué casos y de qué manera podían utilizarlas e incluso disparar. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación —ya sin Zaffaroni— me había sugerido redactar algo así y, una vez puesto en marcha, el protocolo fue avalado, en diferentes casos, por siete jueces federales. Terminado nuestro mandato, lo primero que hizo el gobierno kirchnerista, a instancias de la nueva ministra (en alusión a Sabina Frederic), fue derogar aquel protocolo. Los miembros de las fuerzas de seguridad quedaron en tal situación de incertidumbre que un policía prefirió correr el riesgo de que lo mataran antes que sacar su pistola para defenderse”.

El nombre público de esa normativa remite al caso del expolicía Luis Oscar Chocobar, quien en diciembre de 2017 mató al balear por la espalda a Juan Pablo Kukoc, en diciembre de 2017, durante un intento de robo a un turista extranjero. Bullrich se atrevió a llevar a Chocobar como uno de sus “invitados especiales” en el segundo debate presidencial en las recientes elecciones. En mayo pasado el Tribunal Oral de Menores N°2 de Comodoro Py lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer como funcionario público. 

Según la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), el regreso de la doctrina Chocobar potenciará el aparato represivo del Estado, que durante el macrismo-bullrichismo fue letal: “El de Cambiemos fue el gobierno más represor desde 1983”, señala el informe de la organización sobre el saldo de la gestión 2015-19, que representa más del 26% del total de casos de gatillo fácil que hubo desde el retorno democrático. La Correpi registra un total de 1833 personas “asesinadas” en 1435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019). 

Entre los años 2020, 21 y 22 del Frente de Todos registraron 1604 casos, pero cambió la modalidad: “hubo un descenso –rela­tivo, pero sostenido— de los fusilamientos de gatillo fácil”, dice la ONG en su último informe y destaca el cambio de política sobre “la de­rogación de los protocolos Bullrich y la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Que las cifras sigan altas se debe a que la mayor parte de las muertes “ocurrie­ron bajo custodia”. 

“Ahora vamos a enfrentar de nuevo a Bullrich, pero recargada con el filtro de Milei y de Victoria Villarruel”, planteó a elDiarioAR María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. En su momento la ministra enfrentó directamente a la organización con un contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”. 

Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

Hablar del paso de Bullrich por Seguridad también implica recordar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos muertes en las que estuvieron involucradas la Gendarmería y la Prefectura, respectivamente, fuerzas que dependen directamente del ministro de turno. 

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de una represión contra la comunidad Pu Lof en Chubut que estaba cortando la ruta 40: apareció muerto 78 días después en el río homónimo de la provincia. “Desde el primer momento, el gobierno nacional y la entonces ministra Patricia Bullrich redoblaron la apuesta: negaron la desaparición de Santiago, atacaron y espiaron a su familia, ocultaron evidencias”, denunció el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) al cumplirse seis años del caso. 

Bullrich y Macri siempre se despegaron de tener responsabilidades políticas mientras un juez federal de Rawson sobreseyó a los gendarmes acusados por el operativo. Hoy la familia de Maldonado exige que la Corte Suprema designe un nuevo juez para que reabra la investigación “sin descartar la figura de desaparición forzada”. El exmandatario llegó a descalificar a Maldonado hace pocas semanas: “Los ríos de la Patagonia son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho”, dijo durante una conferencia en Uruguay al recordar el caso. 

En su libro, Bullrich reflexiona sobre el caso Maldonado de una manera muy particular: “Resulta imperioso capacitar a los docentes. ¿Con quién haremos la segunda revolución educativa de la Argentina? ¿Con Rosario Vera Peñaloza, con Leopoldo Marechal, con José Manuel Estrada? ¿O con los maestros que pasaban lista llamando a Santiago Maldonado para demostrar que era un desaparecido y los que decían en el aula a los hijos de los gendarmes que sus padres eran asesinos? Entre esos dos extremos –uno ilustre y el otro vicioso– estoy segura de que existen miles de docentes deseosos de dar lo mejor de sí”, se puede leer casi al final del texto, en un capítulo sobre sus propuestas educativas. 

En el libro no hay referencias a Rafael Nahuel, joven de la comunidad mapuche que también murió en 2017 tras una represión en Villa Mascardi. Cinco prefectos fueron condenados a cinco y cuatro años y medio de presión esta misma semana, fallo que será apelado por la querella por considerarlo “insuficiente”. Pero Bullrich sí habla sobre la cuestión mapuche en su texto: “El Sur argentino está asediado por grupos terroristas de la Resistencia Ancestral Mapuche que incendian viviendas y vehículos, hieren y matan a civiles y uniformados y ocupan territorios y edificaciones, ante la indolencia, cuando no la complicidad, del gobierno”. Acusa de esas acciones al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y revela su propuesta específica para lograr “orden”, que ahora nada le impedirá llevar a cabo: “Habrá que llegar con el doble de la potencia que pusimos en nuestra primera gestión; emplear a todas las fuerzas de seguridad y, en la medida en que la ley lo permita, también a las fuerzas armadas para dar apoyo logístico”. 

Narcotráfico y la cárcel CFK

Bullrich ya avisó que buscará emplear incluso a las Fuerzas Armadas en seguridad interior –política que tiene límites legales–, sobre todo en su lucha contra el narcotráfico. Fue celebrada cuando envió 3.000 gendarmes a Rosario, política que esta vez sin duda repetirá: en la gobernación santafesina asumirá Maximiliano Pullaro, que en su momento fue el ministro de Seguridad provincial. Ya esta semana hubo reuniones entre ellos. 

Bullrich destaca que durante su gestión “se llevaron a cabo 102.547 procedimientos, se incautaron 805.482 kilos de marihuana, 33.020 kilos de cocaína, 626.698 unidades de droga sintética y fueron detenidas 107.257 personas”. “Se trató de los resultados más altos de toda la historia argentina, y eso lo conseguimos porque valorizamos el papel de las fuerzas de seguridad, sin dejar de controlar su comportamiento”, apunta en su libro. 

Entre otras medidas, la próxima ministra propone además reimplantar desde el día uno el Régimen de Máxima Seguridad en las cárceles y hasta tiene en plan la construcción de un penal llamado “Cristina Fernández de Kirchner”. Quiere que el Servicio Penitenciario Federal pase del Ministerio de Justicia al de Seguridad y, también, “restablecerse el servicio de inteligencia de ese cuerpo, que quedaría así integrado a la comunidad de la Dirección de Inteligencia Criminal”.

Además propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Y tiene un punto que discutir con el futuro mandatario: rechaza la libre portación de armas, política que está en la plataforma de campaña de La Libertad Avanza.

“Necesitamos la fuerza de la ley y el orden para reconstruir nuestro futuro en libertad”, escribe Bullrich en su libro. ¿Imaginaba ya su futuro político junto al libertario? “Yo puse orden durante los cuatro años que manejé el Ministerio de Seguridad de la Nación”, afirma, y cierra con tono poético: “Amé el orden, amo el orden y sé cómo establecerlo en una sociedad que, junto con la verdadera libertad, lo necesita y lo reclama más que nunca”.

MC/JJD

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