El canciller Werthein pidió a la ONU reanudar negociaciones con Reino Unido por Malvinas

El canciller Gerardo Werthein encabezó este miércoles la presentación oficial argentina ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas (ONU), y reiteró el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur, como así también los espacios marítimos circundantes.

Durante su intervención, en Nueva York, el funcionario consideró que “existen condiciones favorables para abrir una nueva etapa de diálogo” con el Reino Unido.

Asimismo, Werthein calificó la ocupación británica, iniciada en 1833, como “un acto colonial contrario al derecho internacional”. Y añadió: “¿Cómo puede justificarse que un territorio insular que forma parte integral de la plataforma continental argentina y constituye una proyección natural de nuestro territorio haya sido separado de manera unilateral mediante el establecimiento de una población implantada y el mantenimiento de una fuerza militar extranjera destinada a respaldarla?”.

“La cuestión Malvinas trasciende a los gobiernos, es una política de Estado y una causa nacional sostenida a través de generaciones”, y reafirmó la plena disposición argentina a reanudar “negociaciones bilaterales sustantivas” con el gobierno británico.

Por otra arte, el canciller denunció la “presencia militar desproporcionada en las islas” y la militarización del territorio, lo cual “resulta incompatible con el carácter del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación.

Antes de la Asamblea General, Werthein había mantenido este lunes una reunión con el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, para solicitar sus buenos oficios con el fin de facilitar una “solución pacífica a este prolongado diferendo”.

El discurso completo de Werthein

Sra. Presidente, distinguidos miembros del Comité y Observadores, señoras y señores Es un honor estar hoy aquí ante este Comité, en nombre del Gobierno y del pueblo de la República Argentina, para reafirmar —una vez más— nuestro compromiso irrenunciable con la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, parte integrante del territorio nacional argentino, ocupados ilegalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte desde 1833.

Me acompañan en esta ocasión la Vicegobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sra. Mónica Urquiza; el Senador Nacional por dicha provincia, Sr. Pablo Daniel Blanco; legisladores, representantes de la sociedad civil y ciudadanos comprometidos con la defensa de nuestros legítimos derechos soberanos.

Asimismo, agradezco la presencia de nuestro Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Embajador Francisco Tropepi; de nuestro Embajador ante los Estados Unidos, Sr. Alejandro Oxenford; de nuestro Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, Embajador Carlos Cherniak; y de nuestro Cónsul General en Nueva York, Ministro Gerardo Díaz Bartolomé.

Nos acompañan también la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Sra. Paola Di Chiaro, y el equipo de colaboradores que, desde distintas responsabilidades, reafirman a diario el compromiso de la República Argentina con la causa de Malvinas.

Esta amplia representación institucional da cuenta de una verdad profunda: la Cuestión Malvinas trasciende a los gobiernos. Es una política de Estado, una causa nacional, un compromiso sostenido a través de todas las generaciones de argentinos.

La ocupación británica de las Islas Malvinas, el 3 de enero de 1833, se realizó mediante un acto de fuerza, con la expulsión de las legítimas autoridades argentinas y la población asentada.

Fue, sin ambigüedad, un acto colonial, contrario al derecho internacional y violatorio de la soberanía territorial argentina.

Desde entonces —a lo largo de más de 190 años— la Argentina ha sostenido de manera constante y firme su reclamo por la recuperación del ejercicio pleno de soberanía. Nunca hemos convalidado la situación impuesta.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 2065, reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, e instó a ambas partes a encontrar una solución mediante negociaciones bilaterales, teniendo en cuenta los intereses de los actuales habitantes de las islas -establecidos por el Reino Unido tras la ocupación de 1833-, y el respeto de la integridad territorial, tal como lo establece la resolución 1514.

Es por ello que este Comité califica a la Cuestión Malvinas como una situación “especial y particular” en sus más de 50 resoluciones sobre el tema.

El Reino Unido ha invocado reiteradamente el principio de libre determinación de los pueblos como argumento para evitar el diálogo. Permítaseme ser claro: ese principio, esencial en tantos procesos de descolonización, no resulta aplicable a la Cuestión Malvinas.

No existe allí un pueblo colonizado con derecho a decidir su estatus internacional. Existe, sí, una población establecida por la potencia ocupante, luego de la expulsión de la población y autoridades argentinas en 1833.

La población actual en las Islas Malvinas asciende a aproximadamente 3.000 personas, establecida por el Reino Unido a partir de la ocupación de 1833.

Tras casi dos siglos de presencia británica, se trata de personas que no tienen vínculos originarios con el territorio, o bien son descendientes de quienes fueron asentados en forma unilateral por la potencia ocupante.

A esta población civil se suman alrededor de 1.200 efectivos militares británicos. Esta configuración demográfica —resultado de un proceso de implantación promovido y sostenido por el Reino Unido— no puede ser considerada, conforme al derecho internacional, como un pueblo con derecho a la libre determinación, ya que ello implicaría legitimar una situación derivada de una ocupación ilegítima.

Cabe preguntarse cómo puede justificarse que un territorio insular que forma parte integral de la plataforma continental argentina, y constituye una proyección natural de nuestro territorio, haya sido separado de manera unilateral mediante el establecimiento de una población implantada y el mantenimiento de una fuerza militar extranjera destinada a respaldarla.

Esta situación resulta claramente incompatible con los principios fundamentales del derecho internacional. La Resolución 1514 (XV) establece claramente que el proceso de descolonización debe desarrollarse respetando la unidad nacional e integridad territorial de los Estados.

El caso de las Islas Malvinas se ajusta a esa previsión, no existiendo además allí un pueblo sometido a dominación colonial con derecho a la libre determinación. Esta interpretación ha sido reiteradamente respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, este Comité y por numerosos foros multilaterales.

Es importante destacar que la Argentina valora y reconoce el modo de vida, el bienestar y la prosperidad de los habitantes de las Islas Malvinas, y sostiene una actitud constructiva hacia ellos, en consonancia con los principios establecidos en nuestra Constitución Nacional y en la Resolución 2065 de la Asamblea General.

No solo persiste la negativa británica al diálogo, sino que el Reino Unido continúa adoptando decisiones unilaterales en el territorio en disputa, en violación directa de la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que exhorta a ambas partes a abstenerse de modificar la situación mientras se mantenga la controversia.

Entre esas acciones, cabe destacar el mantenimiento de una presencia militar desproporcionada en las islas, incompatible con el carácter del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación.

El otorgamiento unilateral e ilegítimo de licencias y concesiones que desconocen los derechos soberanos de la República Argentina ha facilitado la exploración y explotación de recursos naturales —tanto renovables como no renovables—, en particular hidrocarburos y recursos pesqueros.

Estas acciones constituyen una amenaza directa para el equilibrio ecológico del Atlántico Sur y generan un impacto negativo sobre su biodiversidad. Lejos de contribuir a una solución pacífica, estas prácticas agravan la controversia y perpetúan una lógica colonial que este Comité ha procurado superar de manera constante y sostenida a lo largo de décadas.

La República Argentina reitera su plena disposición a reanudar negociaciones bilaterales sustantivas con el Reino Unido, conforme lo establece la Resolución 2065.

Si bien las negociaciones permanecen interrumpidas, la Argentina mantiene una relación bilateral respetuosa y cooperativa con el Reino Unido.

En ese contexto, consideramos que existen condiciones favorables para abrir una nueva etapa de diálogo, que permita abordar de manera constructiva todos los temas de interés mutuo, incluyendo la cuestión de la soberanía.

Quiero aprovechar la oportunidad para informar que esta semana mantuve una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, a quien le solicité, una vez más, el ejercicio de sus buenos oficios con el fin de facilitar una solución pacífica a este prolongado diferendo.

Quiero expresar un agradecimiento especial a la República de Chile por haber presentado esta resolución, así como a todos los países que la han copatrocinado, reafirmando el compromiso histórico y regional con la solución pacífica de la Cuestión Malvinas.

La Argentina mantiene su voluntad de construir una relación bilateral sólida y respetuosa con el Reino Unido, basada en el entendimiento mutuo y el tratamiento responsable de todos los temas de interés común.

Por eso, una vez más, instamos al Reino Unido —como países que comparten una relación histórica y valores fundamentales como la democracia— a cumplir con las resoluciones de esta Organización y retomar las conversaciones pendientes, en busca de una solución pacífica conforme al derecho internacional.

Para concluir, permítanme compartir una reflexión. Como mencioné anteriormente, las Islas Malvinas cuentan hoy con una población de aproximadamente 3.000 personas, implantadas por el Reino Unido tras la ocupación de 1833, o descendientes de aquellas, luego del desplazamiento forzoso de las autoridades y pobladores argentinos.

Esta situación, consolidada a lo largo de casi dos siglos, no puede ni debe ser considerada una base legítima para modificar los principios sobre los que se sustenta el derecho internacional.

Aceptar que una ocupación prolongada genere derechos soberanos equivaldría a legitimar una situación colonial abiertamente contraria a los principios más elementales del orden jurídico internacional.

Para finalizar, deseo expresar el sincero agradecimiento de la República Argentina a este Comité de Descolonización por su labor sostenida y su firme compromiso con la búsqueda de soluciones justas y duraderas para poner fin a las situaciones coloniales.

Muchas gracias!

Con información de agencias.

IG