El Consejo de Mayo se pone en marcha: el Gobierno activa su mesa de reformas con la presión de los gobernadores por fondos

A casi un año de su firma simbólica en Tucumán, el Consejo de Mayo tiene este martes su primera reunión formal en la Casa Rosada. El encuentro, que se desarrolla desde las 9 en el Salón de los Escudos, está presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien también oficia como coordinador del órgano. La reunión marca el inicio de una instancia que el Gobierno busca instalar como mesa de negociación multisectorial para avanzar con reformas estructurales, con la reforma laboral como primer eje de discusión.

Francos está acompañado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, representa a los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo; mientras que el diputado Cristian Ritondo y la senadora Carolina Losada lo hacen por las dos cámaras del Congreso. En nombre del empresariado participa Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La presencia sindical, en cambio, llegó envuelta en dudas. Gerardo Martínez, titular de la Uocra, fue designado por el Ejecutivo como representante del sector gremial, pero en la CGT recien este lunes avalaron su participación. “Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT”, había advertido Martínez este fin de semana, en diálogo con Infobae.

Ritondo, además, llega al Consejo antes de participar en otro cónclave clave para el oficialismo: este mismo martes está previsto que se reúna en Balcarce 50 con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, y con Diego Santilli, para cerrar los términos del frente electoral entre el PRO y el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Su doble rol —como operador legislativo y electoral— sintetiza la lógica de poder del Gobierno: avanzar en reformas institucionales mientras consolida una nueva arquitectura política.

El Consejo de Mayo se lanza en un contexto de alta tensión fiscal. Este lunes, 22 gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para volver a reclamar una redistribución más equitativa de los recursos nacionales. A través de un comunicado conjunto, propusieron eliminar los fondos fiduciarios financiados con el impuesto a los combustibles y coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) según la ley vigente. “Su sanción no afectará la sustentabilidad de las finanzas públicas nacionales”, señalaron, y defendieron la medida por su potencial para “generar más federalismo a partir de la mayor equidad distributiva”.

La Casa Rosada respondió con una primera contrapropuesta, presentada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán. Francos, que había prometido una respuesta, no asistió por compromisos en Córdoba. Pero la oferta fue considerada insuficiente por las provincias, aunque se acordó abrir una mesa técnica de diálogo. En el entorno del Gobierno admiten que los reclamos por fondos, obras y programas nacionales paralizados seguirán en agenda: los gobernadores no piden gestos, piden plata.

En ese tablero se inscribe el Consejo de Mayo, que además de buscar consensos intersectoriales, tiene un objetivo político de fondo: funcionar como una vía paralela al Congreso, donde el oficialismo todavía no tiene fuerza propia para sacar sus reformas. “El Congreso todavía no está conformado de manera tal que los proyectos que nos interesan salgan”, admiten cerca de Francos. Por eso, el Consejo busca sembrar acuerdos ahora para cosechar leyes después. No hay reglamento público, ni estatuto publicado, ni normas claras de funcionamiento. El diseño, más informal que institucional, responde a la lógica del mileísmo: intervenir el sistema sin depender de sus reglas.

El formato elegido refuerza esa apuesta: el Consejo fue descripto en Casa Rosada como una instancia “más política que técnica, y más horizontal que jerárquica”. En la práctica, el Gobierno eligió a todos los representantes por decreto, sin que haya mediado una convocatoria formal a los sectores involucrados. Aun así, la jugada ya tiene un efecto: varios gobernadores que no firmaron el Pacto de Mayo —como Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella o Ricardo Quintela— están hoy involucrados en las negociaciones abiertas. El Gobierno logró imponer su marco de discusión incluso a los que formalmente lo rechazaron, lo que considera una victoria política parcial.

Reforma laboral

La reforma laboral es el primer punto en discusión. La semana pasada, la Comisión Nacional de Valores reglamentó el Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo al actual modelo de indemnización por despido. La propuesta permite que empleadores y trabajadores acuerden aportes anticipados a Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), que funcionarán como reserva para cubrir los costos de la desvinculación. El mecanismo será voluntario y deberá instrumentarse vía convenios colectivos, lo que abre una negociación gremial sector por sector.

Desde el oficialismo lo presentan como una medida de previsibilidad y desburocratización del mercado laboral. En el sindicalismo, en cambio, temen que se use como punta de lanza para desarmar el régimen vigente. Martínez, con respaldo parcial de la CGT, ya planteó que cualquier reforma debe surgir de un acuerdo tripartito. Por eso, la participación sindical en el Consejo es aún frágil, y será uno de los puntos clave para monitorear en el arranque.

El trasfondo económico es igual de tenso. Según un informe de la consultora Empiria, 21 de las 24 provincias cerraron 2024 con superávit primario, gracias a un ajuste del 15% del gasto real. Pero en mayo la recaudación nacional cayó 18% interanual y los impuestos coparticipables se hundieron 23%. La contracción de los recursos, sumada a la paralización de programas y obras públicas, presiona a las provincias.

En la previa del debut del Consejo de Mayo, Francos intentó bajarle el tono a la tensión fiscal con los mandatarios. “Nosotros siempre tenemos actitud positiva, lo que no dan a veces son los números”, dijo Francos en declaraciones a Cadena 3. “Por supuesto hay gobernadores que dicen que han hecho ajustes, otros que no dicen nada. Nosotros hemos hecho muchos ajustes. Hemos bajado muchos impuestos, muchos impuestos que afectan no a los impuestos coparticipables, sino impuestos que van directamente al tesoro nacional”, agregó.

El jefe de Gabinete también planteó su expectativa de que “la actitud sea recíproca” por parte de las provincias, en un intento por justificar el freno a las transferencias no automáticas y encuadrar los reclamos en la lógica del equilibrio fiscal que promueve el Gobierno. En ese sentido, se verá si el Consejo de Mayo se convertirá en un espacio real de negociación o si queda en una puesta en escena. La respuesta dependerá más que de su reglamento, de la voluntad de poder de los actores que se sienten a la mesa.

PL/JJD