La defensa de Cristina lleva el rol de los jefes de Gabinete al juicio de Vialidad para descargar responsabilidades en el manejo de fondos
En medio de un clima de alta tensión política en el Frente de Todos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el año judicial comenzó este martes con la reinauguración del juicio oral y público por la presunta corrupción en la obra pública, conocido como Vialidad, la única causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que llegó a esta etapa. Con el objetivo puesto en depositar responsabilidades sobre el manejo de fondos en los jefes de Gabinete, la defensa de la expresidenta lideró los interrogatorios a los dos testigos de la jornada: el procurador del Tesoro Nacional, Carlos Zannini, exsecretario Legal y Técnico de Néstor y Cristina Kirchner; y Juan Manuel Abal Medina, exjefe de Gabinete de la exmandataria.
La fiscalía, encabezada por Diego Luciani, acusa a la vicepresidenta; al exministro de Planificación, Julio De Vido; al empresario Lázaro Báez; al exsecretario de Obras Públicas, José López; y a otros nueve imputados de haber favorecido a las constructoras del empresario patagónico con 51 licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz y defraudar así al Estado, al supuestamente desviar partidas presupuestarias para el pago de obras que en muchos casos ni siquiera se realizaron, según la fiscalía. En la acusación también se sostiene que las empresas de Báez fueron montadas con el presunto objetivo de obtener fondos estatales.
Todos los acusados han negado en reiteradas oportunidades haber integrado una supuesta asociación ilícita para defraudar al Estado.
En las próximas semanas deberán declarar los otros jefes de Gabinete de Cristina. El lunes está agendado Jorge Capitanich, actual gobernador de Chaco; y el martes, Aníbal Fernández, ministro de Seguridad. El presidente Fernández pidió reprogramar su audiencia por su viaje a Rusia y China; y Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, solicitó declarar durante la última quincena de febrero, también por cuestiones de agenda, confirmó una fuente del tribunal a elDiarioAR.
La defensa de Cristina no acusa a los exfuncionarios de irregularidades ni delitos. Por el contrario, Beraldi sostiene que todos los actos en torno a las licitaciones adjudicadas a Báez fueron lícitos, pero también buscó este martes descargar la responsabilidad en la toma de decisiones y manejos de fondos de la obra pública en los jefes de Gabinete, separando de esa responsabilidad a Fernández de Kirchner.
Zannini
Las declaraciones de Zannini y Abal Medina tuvieron lugar horas antes de que una multitud convocada por figuras del kirchnerismo, ministros del Gabinete y aliados reclamara frente a la sede de la Corte Suprema la renuncia de los cuatro integrantes del máximo tribunal, que debe también revisar los planteos de nulidad en torno al juicio de Vialidad.
Pasadas las 14.30, y antes de comenzar a declarar, Zannini se dirigió al Tribunal Oral Federal número 2 para aclararles que está en contra de la acusación del caso, que el juicio busca “enlodar la honra” de Fernández de Kirchner y que considera que la programación de las audiencias, que comenzaron en mayo de 2019, tenían fines políticos, dijo a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
La mayor parte del interrogatorio a Zannini fue dirigido por Beraldi, quien solicitó que declarara como testigo de parte. El abogado buscó que explicara los procedimientos administrativos y legales en torno a las modificación del presupuestos y reasignación de partidas, por ejemplo, con Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Aunque Zannini no comprometió a ninguno de los exjefes de Gabinete en términos penales, las preguntas de Beraldi también buscaron quitar responsabilidad a la entonces presidenta en las asignaciones de fondos para las obras de Santa Cruz que terminaron beneficiando a las empresas de Báez.
Beraldi le preguntó a Zannini si los jefes de Gabinete habían modificado partidas presupuestarias durante sus gestiones. Zannini le dijo que sí y que lo habían hecho avalados por la ley.
-¿Cuáles eran las funciones que cumplía el Presidente de la Nación en la ejecución del presupuesto?
-No tenía injerencia porque es función del jefe de Gabinete -, respondió el actual Procurador del Tesoro.
“Cuando hay una acusación tan absurda hay que salir a probar cosas que son obvias como que la ley de presupuesto no puede ser el instrumento de un delito. Acá no puede hablarse de una inversión desproporcionada en Santa Cruz, como lo explicaron Zannini y Abal Medina porque cada provincia defiende su propia inversión”, dijo Beraldi ante la consulta de elDiarioAR.
“Se quiere atribuir a la entonces presidenta de la Nación que a través de los DNU direccionaba la obra pública de Santa Cruz, pero todos los DNU son leyes que inicia el poder Ejecutivo y termina aprobando el Congreso”. La fiscalía, en cambio, hizo hincapié en la audiencia que el control parlamentario de los fondos llegó hasta siete años después de la reasignación de las partidas.
Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado.
Zannini también declaró que según él todos los decretos que le exhibieron en el juicio para que respondiera si se hicieron de acuerdo a las normas. Afirmó que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner brindaron fondos a Santa Cruz para las obras públicas por el atraso en infraestructura que la provincia tenía antes de la llegada del matrimonio a la Casa Rosada.
Además, Zannini afirmó que la provincia era llamada por los propios santacruceños como “la periferia de la Patria” hasta que Kirchner asumió como gobernador. “El presupuesto es ejecutado por el jefe de Gabinete, quien dicta esas decisiones administrativas. Abal Medina dijo que dictó unas 70 para poner en funcionamiento las partidas. No las hacía Cristina, las hacían los jefes de Gabinete”, agregó el abogado.
Una fuente del juicio resaltó, sin embargo, que cuando se le exhibió a Zannini copia de un decreto firmado por Fernández de Kirchner en 2009 para asignar recursos de un fideicomiso a Vialidad, sin especificar destino de las partidas y sin pasar por el Congreso, el funcionario respondió que se debería haber especificado a qué rutas se asignaba el dinero.
Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado.
Abal Medina
“Si tiene forma de DNU, requiere también la firma del Presidente y a la bicameral revisora de cuentas del Congreso”, dijo el exjefe de Gabinete ante una de las preguntas de Beraldi.
“Lo que el jefe de Gabinete no puede delegar son las asignaciones de partidas entre jurisdicciones y los que son de gastos corrientes a gastos de capital. También sobre el área del gasto, si es Justicia a otra área, por ejemplo”, afirmó. Todo luego fue aprobado por la AGN, dijo Abal Medina.
“El Presupuesto es ejecutado por el jefe de Gabinete, quien dicta esas decisiones administrativas. Abal Medina dijo que dictó unas 70 para poner en funcionamiento las partidas. No las hacía Cristina, las hacían los jefes de Gabinete”, agregó el Beraldi en diálogo con este medio.
Se quiere atribuir a la entonces presidenta de la Nación que a través de los DNU direccionaba la obra pública de Santa Cruz, pero todos los DNU son leyes. Además el presupuesto es ejecutado por el jefe de Gabinete.
-¿Usted tenía facultad de cuestionar las reasignaciones?- le preguntó uno de los jueces a Abal Medina durante el juicio.
-Cuando llegaba a mi oficina ya había pasado por diferentes áreas y ministerios que lo habían avalado. Si hubiese visto algo irregular lo hubiese denunciado.
Ante otra pregunta del fiscal, Abal Medina respondió que las órdenes de reasignar las partidas de obra pública provenían del Ministerio de Planificación y que desconocía a qué constructoras se asignaban luego de aprobarlas.
La hipótesis de la fiscalía de Diego Luciani en este juicio se basa netamente en prueba documental, dijo una fuente judicial del caso: el análisis de los expedientes de las licitaciones; las condiciones de competencia y adjudicación y de los pagos y plazos supuestamente privilegiados a Báez (con respecto a otras constructoras); informes de la Dirección de Vialidad Nacional (del gobierno de Mauricio Macri); una pericia parcial sobre las obras viales cuestionadas; los documentos que demostrarían la falta de control a las constructoras de Báez; los presupuestos asignados a esas obras; y la documentación sobre la conformación de las empresas beneficiadas.
ED
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