El dilema del Estado argentino

Bajo el influjo de las pesadas y regresivas transformaciones estructurales asociadas al proyecto refundacional de la última dictadura cívico-militar, en los últimos 40 años se produjeron modificaciones relevantes en el rol del Estado en la economía argentina.

Esto se manifestó de muchas maneras. Por un lado, en una marcada transferencia de recursos públicos hacia distintos sectores del poder económico (acreedores de la deuda, empresas extranjeras con asiento en el país y un puñado de grupos económicos nacionales), lo que redefinió el perfil (el “carácter social”) de la ecuación fiscal y dio origen a un proceso de largo alcance de captura estatal por parte de los sectores dominantes. Por otro lado, en una retirada del Estado, la mal llamada desregulación que resultó funcional al capital concentrado interno en tanto le posibilitó captar excedentes de modo diferencial y, como tal, se constituyó en uno de los principales factores explicativos de la aceleración de los procesos de concentración y centralización del capital.

Existe una tercera vía que se vincula con la importante modificación acaecida en los alcances del Estado empresario. Un repaso por el ciclo inaugurado con la recuperación de la democracia permite identificar al menos tres grandes hitos de ese derrotero.

El primero se corresponde con el gobierno de Alfonsín, en el que el rasgo distintivo pasó por el fortalecimiento de una tendencia que se había desenvuelto fuertemente bajo la dictadura: la utilización de las empresas públicas para sostener abultadas traslaciones de fondos al poder económico. Ello, a través de diferentes mecanismos, entre los que se resaltan el pago de sobreprecios a proveedores y contratistas, la emisión de deuda y el manejo discrecional de las tarifas en favor de grandes firmas.

Pero también se trató un período en el que, ante los problemas existentes en materia fiscal y del sector externo (explicados en gran medida por la señalada captura estatal), se empezó a plantear la necesidad de privatizar. Haciéndose eco de las “recomendaciones” de los acreedores externos y los organismos internacionales de crédito a partir del Plan Baker y de lo que se daría en llamar el “Consenso de Washington”, el gobierno intentó sin éxito enajenar dos de las firmas estatales por entonces más encumbradas, la telefónica ENTel y Aerolíneas Argentinas. Esto último a instancias de un esquema que se revelaría minimalista si se lo coteja con el desguace del Estado que se perpetraría en tiempos del peronismo menemista.

El fracaso del intento privatizador del radicalismo no debería hacer perder de vista el aporte invalorable de esta gestión gubernamental a apuntalar el humor social respecto de la supuesta ineficiencia del Estado y, en consecuencia, de lo imperioso de avanzar en su “achicamiento”.

El segundo hito en la trayectoria del Estado empresario luego de la reconquista de la democracia se dio en la década de 1990 en el marco de la hegemonía del neoliberalismo. Con la implementación del “decálogo menemista de la reforma del Estado” (“nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”), se transfirió al sector privado la casi totalidad de empresas públicas existentes bajo la modalidad de venta o de entrega en concesión, por lo general por plazos prolongadísimos. Entre los principales aspectos a considerar de las privatizaciones, cabe enumerar los siguientes:

El tercer hito en la evolución del Estado empresario se manifestó bajo el ciclo de gobiernos el kirchnerismo. Allí, el Estado nacional retomó el control de algunas empresas privatizadas durante los 1990, entre las cuales sobresalen YPF, Aerolíneas Argentinas, Aysa (ex Aguas Argentinas), Correo Argentino y las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Esas estatizaciones no formaron parte de un plan diseñado para incrementar estratégicamente la presencia del sector público en la economía, como sí aconteció en otros países de la región, sino que más bien fueron respuestas tácticas que se ensayaron en determinadas coyunturas críticas. 

En una parte de los casos, sobre todo en los primeros años, se trató de intervenciones que buscaron rescatar a empresas privadas que se encontraban en una situación financiera y operativa por demás compleja. Las estatizaciones más importantes de los años siguientes se debieron a razones distintas, vinculadas sobre todo a la emergencia de serios problemas energéticos (YPF). Y a la necesidad de obtener fuentes de financiamiento alternativas ante la erosión del superávit fiscal y la imposibilidad de establecer retenciones móviles a las exportaciones de algunos cereales tras la disputa del gobierno con las patronales del agro (sistema previsional). 

Si bien en este “regreso del Estado” no parece haber primado una visión estratégica y sí una táctica de “correr por detrás” de la coyuntura económica y/o política, es innegable que, en algunos casos, los efectos de la intervención estatal podrían ser estructurales en lo referido a la dinámica del modelo de acumulación en la Argentina. Por caso, vale remarcar todo lo que representa YPF dentro del sector hidrocarburífero, con sus múltiples (posibles) irradiaciones hacia la industria y los servicios. Asimismo, merced a la reestatización del sistema de previsión social, el Estado nacional pasó a ser accionista y ocupar puestos en el directorio de firmas de gran envergadura (Banco Macro, Edenor, Telecom, Pampa Energía, Molinos Río de la Plata, Aluar, Clarín, Cresud, Ledesma, Ternium, etc.).

Pero todo ese potencial fue arrasado a partir del triunfo electoral de la coalición de ultraderecha que encabeza Javier Milei. En lo que hace al tema que aquí nos convoca, basta recuperar los señalamientos del presidente electo tan solo un día después de haber sido ungido: “Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”. En el marco de este renovado “decálogo privatizador” se ha planteado la necesidad de avanzar en la enajenación de la TV Pública, Radio Nacional, Télam y, sobre todo, de YPF (cuya conducción estará en manos de un ex cuadro gerencial del grupo Techint).

El autor es sociólogo,  investigador del CONICET y del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín.