El Gobierno prepara para el año electoral un juicio por terrorismo contra la organización mapuche RAM
—¿Ustedes ven vinculación del señor Jones Huala con lo que se investigó en esas causas? —preguntaron por Zoom los jueces de la Cámara de General Roca.
—No —contestó el fiscal Juan Cruz Ohet—. Lo que se busca con esas causas es probar la actuación de la organización criminal. No estamos investigando ni la autoría ni la participación del señor Jones Huala en estos hechos.
La escena ocurrió el 18 de diciembre de 2025, en una audiencia ante la Cámara Federal de General Roca –según lo recogió el periodista Alejandro Pairone en Tiempo Argentino–, y condensa la paradoja que atraviesa toda la causa: el Estado admite que no investiga a Facundo Jones Huala por un delito concreto y, al mismo tiempo, lo mantiene preso desde hace más de un año mientras construye contra él —y contra la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)— una acusación por terrorismo que la Justicia quiere llevar a juicio en 2027, año de elecciones presidenciales.
El andamiaje quedó a la vista el pasado 21 de mayo, en una audiencia ante el juez federal subrogante del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Zapata. Durante dos horas y media, la fiscal coayudante Ángela Pagano Mata expuso la ampliación de la imputación contra Jones Huala: sería integrante y líder de una asociación ilícita —la RAM— dedicada a “imponer las ideas por la fuerza” y a “aterrorizar a la población” de Río Negro, Neuquén y Chubut, con una estructura celular de tipo militar, conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) chilena y una supuesta antigüedad en su actuación que la fiscalía llevó hasta 2011. Los delitos invocados: asociación ilícita agravada, artículos 210 bis y 213 bis del Código Penal, que prevén prisión efectiva. Dijo además que la actuación de la RAM pone en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional.
De la audiencia que se extendió por más de 4 horas, participaron, además, el apoderado de la Fiscalía de Estado de Río Negro, Federico Rosbaco –quien adhirió a todos los postulados de la fiscalía–; los abogados defensores de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, Gustavo Franquet, Blanca Barreiro, Eduardo Soares, y Soto Siro; y conectado desde la cárcel de Rawson, el propio Jone Huala quien escuchó en silencio.
El catálogo de la fiscalía
Para sostener que la RAM existe y que Jones Huala la conduce, Pagano Mata desplegó un catálogo de hechos ocurridos a lo largo de una década, y sobre los cuales, a pesar del tiempo transcurrido, la Justicia nunca pudo probar autoría. Enumeró, entre otros, el incendio del refugio Neumeyer, en Bariloche, en octubre de 2014; la quema de la estación de La Trochita, en El Maitén, en agosto de 2017; la quema de una bandera argentina, filmada y difundida en un panfleto, en octubre de 2020; el incendio de una dependencia de Vialidad rionegrina, en Bariloche, en octubre de 2021. En total, dijo la fiscal, más de setenta atentados atribuidos a la organización.
Su lectura fue que no se trataron de hechos aislados ni de reclamos espontáneos, sino de una metodología: la RAM, según explicó durante la audiencia, tendría una estructura celular, un brazo armado —la Unidad Ancestral de Liberación, la UAL— y un objetivo autonomista que no se agota en un punto del territorio sino que abarca todo el wallmapu, la tierra mapuche a ambos lados de la cordillera, “sin reconocer fronteras”. Como prueba de esa doctrina, la fiscalía incorporó un manual secuestrado a integrantes de la CAM en Chile que instruye sobre “ataques a las maquinarias del enemigo capitalista” y “acciones por la noche para evitar la confrontación con personas”, y un texto hallado en el teléfono de Jones Huala titulado “Elementos para autodefensa y armas caseras”.
Pagano Mata remató con un argumento político: que existen caminos legales para los reclamos territoriales —la ley 26.160— y que, según el INAI, hay comunidades mapuches reconocidas por el Estado, 105 en Río Negro, 104 en Chubut y 56 en Neuquén. La RAM, en su relato, eligió en cambio la vía del terror. Desconoció, en esa evaluación, que el propio Estado nacional y las provincias escamotearon sistemáticamente los procesos de inscripción y regularización de las diversas comunidades, limitando los aportes técnicos y económicos para su concreción.
La prueba principal de todo el andamiaje argumental de la fiscalía es, sin embargo, un libro de poemas. El 3 de febrero de 2025, en la biblioteca popular Aimé Painé de Bariloche, Jones Huala presentó Entre rejas: antipoesía incendiaria, su libro de poemas escrito durante su encierro en cárceles de Chile y Argentina. Durante la actividad se definió como weichafe —guerrero— y militante de la RAM, reivindicó “los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa” y la “lucha armada”, con una aclaración: “No significa agarrar los fierros mañana”.
Ante el público que concurrió a la presentación del libro, Jones Huala aseguró que “el 90 por ciento de las cosas que me adjudican, sí las hice. El 10 por ciento que no hice están exageradas y son mentiras del enemigo”. No se refirió a las más de 70 acciones que la fiscal asegura tener documentadas, sino a las acusaciones que, en general, se le han hecho por su posición política.
“Soy militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema, reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”, dijo en aquella oportunidad.
La presentación fue filmada y subida a YouTube. De ese video, y de un puñado de entrevistas y peritajes telefónicos, la fiscalía extrae la existencia de una organización terrorista que pone en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional.
La respuesta de la defensa
Los defensores de la Gremial de Abogados y Abogadas —Gustavo Franquet, Eduardo Soares y Blanca Barreiro— pidieron rechazar la ampliación de cargos. Su argumento de fondo fue que la fiscalía confunde la política con el delito. “Estamos ante una acusación política de un delito político”, planteó Franquet: “la pretensión de autonomía del pueblo mapuche es un objetivo político, y reprimir con el Código Penal la mera pertenencia a una organización excede la tradición del derecho liberal”, dijo.
“Le teoría del caso, es un relato”, agregó, “un largo relato, muy pormenorizado, con muchas particularidades. Es un relato político. Lo que hizo la fiscalía es verter un montón de conceptos políticos, explayarse sobre ellos. Estamos evidentemente ante una acusación política de un delito político. ¿Cuál sería el delito, la participación en una organización?, si es que puede determinarse y probarse que existe”.
Para Franquet “autonomía e independencia son términos políticos. La pretensión política de esta organización es la autonomía. Un objetivo político. Pretender que se ha puesto en peligro la vigencia de la Constitución es desmedido. De todos los hechos que ha dicho la fiscal no se desprende que se haya puesto en peligro la vigencia de la Constitución”.
Sobre el catálogo de acciones presentado por la fiscalía, la defensa fue punto por punto. Franquet recordó que todos esos hechos ya fueron investigados en sede judicial y las personas que fueron acusadas terminaron sobreseídas: en ningún caso se pudo comprobar la existencia de un vínculo entre un mapuche y los hechos, y mucho menos la existencia de una asociación ilícita. Y subrayó un detalle decisivo: “cuando ocurrieron la mayoría de esos episodios, Jones Huala estaba preso en Chile o en Argentina, incomunicado, sin siquiera posibilidad de haber dado una orden”.
Muchas cosas, dijo, se le atribuyen a la RAM “simplemente porque aparecen panfletos”, por reiteración de consignas que no prueban ninguna acción.
Soares fue más lejos. Definió a Jones Huala como “un preso político” y calificó la prueba de la fiscalía de “una cortina de humo, todo trucho”. “Corren con el caballo del comisario, pero no traen nada. En un juicio medianamente serio, estos elementos no debieran admitirse”, sostuvo. Cuestionó que se sumaran expedientes en los que Jones Huala ni siquiera está imputado y desarmó el supuesto vínculo con la CAM.
“Que una organización tenga lonkos y werkenes (jefes y voceros)”, agregó, “no la convierte en la RAM: cualquier organización mapuche los tiene”.
“Pretender solucionar un conflicto territorial o político con el Código Penal es un gravísimo error”, cerró.
Para la Gremial, “las decisiones son políticas y se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad”; los jueces y fiscales, denuncian, se limitan a aplicar contra Jones Huala “lo que denominamos el derecho penal del enemigo”. Franquet respondió incluso al argumento de los “caminos legales”: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya señaló que, a más de tres décadas de la reforma constitucional, el Estado argentino sigue sin entregar a las comunidades las tierras “aptas y suficientes” que la ley le manda.
Finalmente, el juez Zapata rechazó el planteo de descartar in limine la prueba incorporada por la fiscalía, y, en la misma audiencia, prorrogó por 90 días la prisión preventiva de Jones Huala, quien ya cumplía una huelga de hambre en reclamo de su traslado a la cárcel de Esquel.
“Me voy al campo”
El sábado 7 de junio de 2025, horas antes de su detención, Jones Huala concedió a elDiarioAR la que sería su última entrevista en libertad. No hablaba de la guerra ni de los fierros. Hablaba de volver al territorio que junto a otros integrantes de su comunidad recuperó en 2015. “Me voy al campo”, dijo. “Quiero volver al campo y levantar mi casa, conseguir unos palos, unas chapas, algo de nylon”. Se refería al territorio de la lof en Resistencia Cushamen, en el noroeste de Chubut, donde, advertía, las petroleras avanzaban con la prospección y el fracking. “La gente, mi gente, no va a tolerar que la saquen de sus territorios para dentro de 20 años tener cáncer y que las empresas petroleras destruyan todo”, dijo.
Sobre la causa que ya se le venía encima, fue escueto y casi profético: “Van a tener que demostrar cada una de las cosas que dicen”. Nunca llegó al campo. Al día siguiente de esas declaraciones, la Policía Federal lo detuvo en El Bolsón.
El traslado a Esquel
Preso desde entonces en el penal de máxima seguridad de Rawson —a unos 900 kilómetros de su familia—, Jones Huala reclamó ser trasladado desde a la Unidad 14 de Esquel. Tras varios meses, la justicia terminó por concedérselo a principio de junio pasado, pero el Servicio Penitenciario Federal demoró todo lo posible el cumplimiento de esa orden.
El traslado se efectivizó recién el 6 de julio de 2026. Jones Huala llegó a Esquel debilitado por la huelga de hambre, que en las últimas semanas había endurecido a huelga “seca”. La decisión de los dos jueces federales que intervinieron y ordenaron el traslado, fue apelada por la fiscalía y ahora deberá decidir la Cámara de Casación Penal.
La firma política
La causa contra Jones Huala y la RAM nació en el Ministerio de Seguridad. En febrero de 2025, pocos días después de la presentación del libro de poemas, la entonces ministra Patricia Bullrich firmó la resolución que inscribió a la RAM en el registro de organizaciones terroristas (RePET) y a Jones Huala “como jefe” de ese grupo. En ese contexto, sin que existiera una denuncia clara sobre la posible comisión de un delito, la Policía Federal lo detuvo. Fue en junio y la ministra lo celebró en redes: “Jones Huala otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista”, dijo.
Bullrich dejó el ministerio el 1° de diciembre de 2025 para asumir como senadora —la reemplazó Alejandra Monteoliva—, pero la línea que impulsó sigue firme en los tribunales federales. Para Franquet, la maniobra tiene una lógica electoral y personal: acusó a la exministra de hacer “carrera política” con los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, y de necesitar “un terrorismo local” que le represente “un negocio político”.
El reclamo territorial mapuche es, en el fondo, el eje de esa política. Esa es la disputa de fondo: sobre la cordillera, la meseta y la costa patagónica avanzan la megaminería, el fracking y los grandes desarrollos inmobiliarios, y las comunidades mapuches son, para los Estados y empresas que impulsan esos proyectos, el obstáculo.
No es la primera vez que Bullrich enfrenta ese reclamo con la fuerza. En 2017, también como ministra de Seguridad —entonces del gobierno de Mauricio Macri—, ordenó a la Gendarmería actuar ante un hecho “en flagancia” y desalojar un corte de ruta de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, la comunidad chubutense de la que Jones Huala es lonko y que reclama tierras en poder del grupo Benetton. El corte, precisamente, se había montado para exigir la libertad de Jones Huala, entonces detenido por un pedido de extradición de Chile. Durante ese operativo, a plena luz del día del 1° de agosto de 2017, desapareció Santiago Maldonado, un joven anarquista solidario con la causa mapuche. Su cuerpo apareció 78 días después en el río Chubut. Para los organismos de derechos humanos y para su familia se trató de una desaparición forzada seguida de muerte, y el caso marcó a fuego la gestión de Bullrich.
No es un dato menor que el juicio esté proyectado para 2027. Declarada causa “compleja”, la investigación podría habilitar mantener a Jones Huala en prisión preventiva hasta junio de ese año, en plena antesala electoral. Mientras tanto, Bullrich juega su propia partida: jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, atravesó en los últimos meses momentos de tensión cada vez más pública con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, la Secretaria General de la Presidencia. En las últimas semanas ofreció renunciar a la conducción del bloque y difundió un video de tono enigmático —“Se dice de mí”— en el que dejó entreabierta, por primera vez, la puerta a una candidatura presidencial. Su entorno admite el condicional: si Milei va por la reelección, lo acompañará; si no, competirá ella.
En cualquiera de los dos escenarios, el juicio a la RAM conserva su valor político. Fueron el Gobierno de Milei y Bullrich quienes construyeron a la organización como amenaza terrorista, quienes firmaron su inscripción en el registro como tal y quienes ordenaron la denuncia contra su supuesto jefe. Un proceso por terrorismo en pleno año electoral les permitiría reclamar como propia la bandera de la mano dura contra un “enemigo interno”, cuya dimensión y capacidad de acción la propia Bullrich se encargó de potenciar en su relato. La causa, nacida en su despacho, sobreviviría a su salida del Gobierno para rendir, en 2027, un dividendo con su firma.
SR/MG