Hermetismo, factor sorpresa y entrenamientos en Estados Unidos y Barcelona: tres factores que moldearon el alegato del fiscal que acusa a Cristina

La Fiscalía Federal número 1 ante los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py 2002 se jacta de una eficacia del 97% en los juicios orales y públicos que ha llevado adelante su titular, Diego Luciani. En los pocos casos en los que perdió en los últimos ocho años, el fiscal recurrió a instancias superiores y logró condenas en tribunales de revisión, aseguró a elDiarioAR una fuente cercana al magistrado, quien enfrenta ahora el caso que pone a prueba mucho más que una estadística de rendimiento. 

El veredicto en el juicio por el caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada de una presunta asociación ilícita y defraudación a la Administración pública se daría a conocer a finales de este año.

Las frases categóricas, cargadas de adjetivos, y su tono enérgico, con destellos de indignación y cruzada, convirtieron las primeras tres audiencias del alegato del fiscal Luciani en el eje de las críticas de funcionarios y aliados políticos de Fernández de Kirchner. 

El fiscal debe su elocuencia y oratoria, en parte, a un entrenamiento personal. Desde hace una década, expone como acusador en juicios orales y públicos, pero además cursó la carrera de docente universitario y acumula 28 años al frente de aulas en distintas universidades de Argentina y en las de Salamanca y en la Panamericana de México. 

Realizó, además, un curso intensivo en destrezas en litigación oral del California Western School of Law, en San Diego, Estados Unidos, especialmente enfocado en las técnicas de persuasión durante los juicios orales, algo en lo que abogados y fiscales estadounidenses se destacan: su éxito depende de su poder de convencimiento a los jurados. Luciani viajó a San Diego durante sus vacaciones y lo costeó de su bolsillo, aclaró una fuente de su entorno.

Su estilo se repite en otros de sus alegatos, como el que atravesó el año pasado el falso abogado Marcelo D’Alessio, en el que terminó condenado por un intento de extorsión a un empresario.

Además de investigar durante cuatro años el expediente de la causa Vialidad junto a un equipo de cinco personas de su fiscalía, para afrontar este juicio Luciani cursó un doctorado en Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona para profundizar sus conocimientos sobre contrataciones públicas y en 2021 rindió su tesis doctoral sobre “La corrupción en la contratación pública” (sobresaliente cum laude), dice en su curriculum vitae. Cuando aplicó por primera vez, pero una autoridad de la universidad catalana lo contactó para sugerirle que volviese a presentarse al año siguiente y quedó. También lo costeó de su bolsillo, aclaró la misma fuente cercana al fiscal. 

Su preparación para este juicio fue más allá de lo profesional. Luciani restringió su vida social para evitar daños colaterales. Calcula hasta dónde y con quién ir a jugar al fútbol. Comenzó a meditar, a practicar yoga, a buscar escapes espirituales al estrés. En la última semana, se aisló por completo de los medios de comunicación y las redes sociales. 

Durante esta semana, funcionarios, legisladores y organismos públicos publicaron en comunicados y redes sociales mensajes de apoyo a la vicepresidenta por una presunta “campaña” o “embestida judicial” en su contra en este juicio. Sí sabe que el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) pidió su declaración jurada en la Procuración General de la Nación. Muy cerca del fiscal aseguran que lo tiene sin cuidado. 

Tras el juicio por Vialidad, Luciani deberá afrontar otro caso de alto impacto: fue sorteado como fiscal de la causa de las plantas de Aysa de Odebrecht y Camargo Correa, en el que deberá acusar a algunos de los empresarios más relevantes de la obra pública, como Aldo Roggio, Carlos Wagner y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA), además de exfuncionarios y del lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez.

La carta

El hermetismo y el factor sorpresa son otros dos aliados. Luciani se guardó hasta último momento una carta extra bajo la manga: parte del contenido del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López, que incluye mensajes de texto y de Whatsapp nunca antes expuestos en público y que hasta poco no formaban parte del expediente de Vialidad. Se llevaron parte de los titulares en los medios de comunicación durante la última semana.

Cuando terminaron las declaraciones de los testigos y poco antes de que comenzara la ronda de alegatos, el Tribunal Oral Federal número 2 abrió la etapa de incorporación de prueba documental final para todas las partes. En una audiencia que pasó desapercibida, antes de la feria judicial de invierno, la fiscalía sorprendió a las defensas con el pedido para incorporar los mensajes del teléfono de López, una prueba de otra causa que le valió al exfuncionario de los bolsos con US$9 millones una condena a seis de prisión por enriquecimiento ilícito.

El defensor oficial de López en el juicio por Vialidad, Santiago Finn, se opuso. Sostuvo que la incorporación de los mensajes atenta contra el derecho a la intimidad y que se trata de prueba obtenida en otro proceso y eso le impedía controlar la legalidad de la prueba. Ninguna de las defensas sabía de la existencia de esos mensajes hasta el momento.

Los jueces rechazaron su planteo y aceptaron que se incorpore el contenido del teléfono al juicio. Sostuvieron que se presume la legalidad, ya que los mensajes y chats del teléfono de López se utilizaron entre 2018 y 2019 como prueba en el juicio oral y público en su contra. 

Las defensas de los trece imputados, que incluye al ex ministro Julio De Vido, además de a López, Báez y funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del organismo de Vialidad de la provincia de Santa Cruz, tendrán unas 39 audiencias en total para sus alegatos ante el tribunal y podrán responder su versión sobre esos mensajes . 

El lunes, el fiscal Luciani expuso una serie de mensajes de López con un secretario privado de Fernández de Kirchner; con la entonces pareja de Máximo Kirchner, Rocío García; con el empresario Báez; y con el entonces presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza  que acreditarían reuniones y comunicaciones entre la entonces presidenta y el empresario Báez días después de que el gobierno kirchnerista perdiera las elecciones presidenciales de 2015 y en torno a un presunto “plan de huida” para “limpiar todo” lo relacionado a la adjudicación de obras viales en la provincia de Santa Cruz.

El viernes, Luciani volvió a recurrir al factor sorpresa y reveló mensajes de texto intercambiados durante 2014 entre el entonces secretario de Obras Públicas y el actual diputado Máximo Kirchner, a través de un intermediario y de manera directa. Entonces, el hijo mayor de la mandataria no ocupaba ningún cargo público pero de acuerdo a las conversaciones intervino en el armado de al menos una obra adjudicada a Báez: decidió dónde se ubicarían cien cuadras a pavimentar en Río Gallegos.

Los mensajes fueron el corolario de la primera etapa de su alegato: fundamentar que el supuesto direccionamiento de las obras viales de Santa Cruz hacia las empresas del entonces socio y amigo de la familia de la vicepresidenta contaba no sólo contaba con el conocimiento de la entonces presidenta sino que Fernández de Kirchner habría dado órdenes, a través de López, entre otros, sobre cómo Báez debía proceder.

En las últimas tres audiencias, el fiscal hizo hincapié en desmoronar la teoría que sostenía que Fernández de Kirchner se mantuvo siempre al margen de los negocios de Báez y que esa relación era exclusiva de Néstor Kirchner. 

A pesar del impacto de los mensajes, el fiscal está convencido de que las principales pruebas contra Fernández de Kirchner están en los expedientes de las licitaciones y en el diseño y moldeado de las áreas clave que intervinieron en la adjudicación y control de las obras viales a través del nombramiento de funcionarios leales al kirchnerismo más puro o del propio Báez. 

Luciani expuso decretos firmados por la entonces presidenta, designaciones de ex empleados de las empresas de Báez y las irregularidades que habrían permitido los funcionarios de su gobierno. Resaltó especialmente las presuntas irregularidades de la primera licitación ganada por Báez en Santa Cruz durante la primera presidencia de Fernández de Kirchner. “Se encuentra plagada de los mismos vicios”, aseguró. 

En las próximas audiencias, Luciani responderá las críticas de Fernández de Kirchner y otros imputados y sus abogados que realizaron durante el juicio en torno a la teoría del lawfare (guerra judicial) y a que la acusación que encabeza Luciani sería parte de una causa “montada”, “fraguada”, y construida por el gobierno de Mauricio Macri.

Nota: se corrigió “administración pública” por “Administración pública”.

ED