La ingeniería del FdT para astillar el frente opositor y llevar a juicio a Conte Grand

El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand

La foto de Mauricio Macri y Julio Conte Grand, un mediodía cualquiera en Kansas, es el hecho público pero con ramificaciones privadas que figura como kilómetro cero del plan que puso en marcha el Frente de Todos y que, de manera inédita, cuenta con el OK de todos los clanes que integran el dispositivo oficial para someter a juicio político al Procurador General bonaerense.

Aquella instantánea -que tomó y luego difundió en su cuenta de Twitter el periodista Pablo Duggan- es una pieza política clave: no solo porque se invoca en la denuncia que diputados bonaerenses del FdT citan como elemento para probar la pertenencia partidaria de Conte Grand a Juntos por el Cambio, sino por cómo se tradujo el encuentro a cielo abierto en el FdT, puntualmente en el entorno de Cristina Kirchner, respecto a lo que dice y sugiere sobre la interna cambiemita.

En el micro mundo K, el desfile público entre Macri y Conte Grand fue un mensaje a los propios, un despliegue sobre a quién el procurador reconoce como su jefe político y, en ese proceso, como una visibilización de las tensiones domésticas de JxC. Fue, se afirma, el episodio que hizo que Cristina Kirchner considere que era el momento para dar curso al varias veces anunciado pedido de jury al jefe de los fiscales de la Provincia, posición que se reforzó con la aparición, luego, del video de la Gestapo antisindical en la que se hace referencia al funcionario designado en tiempos de María Eugenia Vidal.

El martes pasado, diputados del FdT bonaerense anunciaron la presentación de un proyecto para iniciarle el juicio político a Conte Grand. El vocero principal del anuncio fue César Valicenti, jefe del bloque e histórico dirigente de La Cámpora. Lo hizo horas después de que Alberto Fernández, por Twitter, hiciera mención a la Gestapo sindical y recordara que Conte Grand fue, durante la gestión de Gustavo Arribas al frente de la AFI en el gobierno de Macri, uno de los funcionarios -también Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Cristian Ritondo, entre otros- que recibió un teléfono encriptado de la AFI.

Casi en paralelo, Alberto Pérez -quien fue jefe de Gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires hasta el 2015-, se presentó ante el juzgado Federal 3 de La Plata. Fue para pedir que se investiguen los dichos del subcomisario y contador Hernán Casassa, publicados por Página/12, donde se detalla la dinámica de la llamada "mesa judicial bonaerense". Pérez lo hizo como particular damnificado: Casassa fue el efectivo que encabezó un allanamiento a su casa.

Fueron tres movimientos que replican una matriz política: como en pocos temas, en la decisión de juzgar a Conte Grand, dentro del FdT no aparecen matices. Los legisladores avanzaron con un pedido que se atribuye a Cristina Kirchner, Fernández trazó un vínculo entre el accionar de la AFI y el Procurador y Pérez planteó otra vía de investigación que puede engrosar la pesquisa en torno a la Gestapo antisindical.

Como en pocos temas, en la decisión de juzgar a Conte Grand, dentro del FdT no aparecen matices

La respuesta llegó con 48 horas de delay: el jueves al atardecer, la mesa de JxC bonaeresne emitió un comunicado de respaldo a Conte Grand mientras Vidal, que nada dijo desde la difusión de los videos donde aparecen dos ministros suyos, un viceministro junto a tres miembros de la AFI y empresarios, desplegó una serie de argumentos imprecisos sobre el hecho. Dijo que era una reunión "de trabajo" pero habló de un video obtenido de manera ilegal.

Un dato no menor: la reunión se realizó en el 7 piso de la sede porteña del Banco Provincia, edificio donde estaba la oficina que -como otros gobernadores- la gobernadora utilizaba en CABA.

El respaldo a Conte Grand, promovido por Jorge Macri, presidente del PRO bonaerense y a la vez ministro de Gobierno porteño, y acompañado por Maximiliano Abad, jefe del bloque de diputados de JxC y presidente del Comité Provincia de la UCR, es una señal clara de que el radicalismo no tiene en sus planes soltarle la mano al Procurador lo que limita los márgenes que tiene el FdT para avanzar, como pretende, con el inicio del juicio político.

Una señal clara es que el radicalismo no tiene en sus planes soltarle la mano al Procurador lo que limita los márgenes que tiene el FdT para avanzar, como pretende, con el inicio del juicio político

Fecha, votos, nombres

Hay una primera fecha: con período de extraordinarias convocado, el 20 de enero hay sesión prevista en La Plata y el plan del oficialismo es poner en discusión ese proyecto. Tiene, por delante, una traba matemática: el FdT cuenta con 42 diputados y requiere 46. Se puede nutrir de dos monobloques y buscar el apoyo, probable aunque sin garantías, de la izquierda que tiene dos bancas. Con eso alcanzaría el número imprescindible, justísimo, para aprobar el inicio del juicio político.

Es parte de una ingeniería muy compleja, que casi no permite margen de error, y que incluye un capítulo más osado: involucrar en el "jury" a los libertarios, bloque de tres votos que reportan, aunque algunos tiene perfiles silvestres, a José Luis Espert. Aunque no sea una urgencia numérica, que ese bloque se sume a la investigación de Conte Grand, sería una señal de que no es una cruzada exclusivamente del FdT. En la Legislatura dicen que hay conversaciones y que si bien falta conocer la letra chica, no se descarta que formen parte del proceso.

En torno a la fecha hay diferencias. Unos dan por hecho que el 20 de enero habrá sesión; otros dicen que no está definido que se incorpore en ese temario. Desde la izquierda, que pidió la remoción de Conte Grand -pero también la renuncia de Berni- deslizan que no tienen posición tomada porque no saben los argumentos del oficialismo. El proyecto firmaron por Valicenti, la diputada Susana González y el massista Rubén Eslaiman, enumera entre las razones del juicio su involucramiento público con Juntos, además de episodios vinculados, según la presentación, a hechos de espionaje o armado de causas contra opositores.

El rol de los libertarios, que en su relato político suelen renegar del FdT y de JxC, pero que expresan más sintonía con la oposición -con la que, incluso, comparten votantes- podría ser mucho mayor. Una hipótesis, que se menciona en el FdT, sugiere que si el bloque de Espert acompaña el pedido de juicio político podría tener una de las cinco butacas de la comisión investigadora que se creará al aprobarse el juicio.

Aparecen, en ese punto, diferencias. Una fuente oficial le dijo a elDiarioAR que si JxC rechaza en el recinto el inicio de un juicio político no tendría derecho a pedir integrar la comisión investigadora de cinco miembros. Otro operador afirmó que aunque no acompañen se le ofrecería al principal bloque opositor que ponga dos de los 5 integrantes. Si eso ocurriese, ¿Juntos aceptaría formar parte del cuerpo de investigación o preferiría excluirse para tratar de deslegitimarlo?

"La comisión, una vez creada e integrada, tiene seis meses para investigar y puede tomar declaraciones y citar a involucrados o denunciantes, escuchar planteos", explicó un legislador y dio a entender que, per se, ese proceso puede ser muy desgastante para Conte Grand por el hecho de las denuncias públicas, las citaciones, y la visibilización de otras imputaciones. "Cuando empieza después otros se animan: nadie sabe lo que puede aparecer", apuntó un diputado a elDiarioAR.

Desgaste

Con Eduardo Casal, que está a cargo de la Procuración a nivel nacional luego de la renuncia de Alejandra Gils Carbó, y con Conte Grand, designado luego de la renuncia de María del Carmen Falbo, hay un proceso similar que cruza de manera transveral al peronismo. No tienen, en términos legislativos, número para removerlo. "Eso nos paralizó durante dos años. Ahora hay que avanzar por más que, al final, no se logre lo que buscamos", dijo un funcionario del FdT.

Ahí juega, entonces, la idea del desgaste. "Se lo hicieron a Gils Carbó y a Falbo, y las hicieron renunciar", agregó y señaló que un enjuiciamiento público puede quebrar la resistencia de Conte Grand. "Tiene que saber, y eso se lo tenemos que hacer saber: que va en serio. No tendremos los números en el Senado pero habrá una comisión dedicado a investigarlo durante seis meses", agregó un legislador que apuesta a que avanzando el proceso, en medio de las tensiones internas de JxC, la UCR pueda modificar su posición y abandonar su actitud de defensa cerrada de Conte Grand. Quizá, una fantasía navideña.

PI

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