Tras las multas, gremios denuncian persecución por parte del Gobierno Nacional: “No condicionará al movimiento obrero”

Rumbo al paro general del 24 de enero, se recrudece la disputa entre el Gobierno Nacional y los sindicatos. Esta semana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que se le cobrará una multa de $40 millones a gremios y partidos de izquierda por las marchas de fines de diciembre pasado. Ahora, dirigentes del CGT y la CTA denunciaron intimidación y persecución de parte del gobierno y advirtieron que esta medida “no condicionará al movimiento obrero organizado”.

“A través del Ministerio de Seguridad, el Gobierno intimó a la CTA Autónoma, a la Federación Nacional Territorial, a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), a la Conadu Histórica y a organizaciones de otras centrales y movimientos sociales de 56.760.282 y 40.419.227 pesos por participar en las marchas del 22 y 27 de diciembre. Esas penas o supuestos 'pagos solidarios' con actos de persecución e intimidación del Gobierno de Javier Milei”, plantearon desde la CTA-A.

Según la entidad gremial, la normativa que prohíbe los piquetes y cortes de calles es inconstitucional y estas multas son un instrumento complementario a ella que busca “atribuir a los trabajadores un delito no cometido” y criminalizar la protesta.

En la misma línea, Pablo Moyano, cotitular de la CGT y adjunto nacional de la Federación de Camioneros, cuestionó la iniciativa del Ministerio de Seguridad y confirmó que ello no limitará el accionar de las organizaciones sindicales en defensa de los derechos de los trabajadores y los jubilados. “Por más que intenten este y otro tipo de maniobras y decisiones, defenderemos a los trabajadores. El tema de fondo es que van por la CGT, que es lo único organizado y unido y, más allá de algunas diferencias, el conjunto rechaza el intento de reforma laboral y de criminalizar la protesta”, sostuvo.

En un comunicado, la entidad que encabeza reiteró el carácter inconstitucional del protocolo antipiquetes del Poder Ejecutivo Nacional y reivindicó los derechos de los trabajadores reconocidos por el marco legal vigente hasta antes de su lanzamiento. “La CGT no representa los intereses de una 'casta' sino los de trabajadores de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme la Constitución Nacional, tiene el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho a la manifestación y huelga”, especificó la central obrera.

Consideraron que las multas son una “nueva provocación” de la presidencia para “acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados, en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”.

“Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento ante el menosprecio de normas laborales individuales y colectivas inspiradas en la justicia social, no condicionará al movimiento obrero”, afirmaron.

En este marco, la CTAA, liderada por Hugo Godoy, Ricardo Peidro y Mariana Mandakovic, realizó presentaciones judiciales contra las “intimidaciones” del Gobierno Nacional y presentó una denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes, que crea y determina castigos a supuestos delitos no encuadrados en el Código Penal”.

“El Ministerio de Seguridad no tiene autoridad per se para modificarlo y establecer esas penas. La CTAA rechaza y repudia esa acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder y avanzará en nuevas denuncias en los organismos internacionales como la OIT, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, a organizarse y al reclamo de los trabajadores”, puntualizaron en un documento oficial.

Desde las centrales obreras también ratificaron el paro general y la movilización hacia el Congreso del próximo 24 de enero en rechazo al decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus. “El presidente Milei pretende gobernar por decreto, ejercer abuso de poder, avasallar al Congreso y arrasar con derechos laborales y sociales del pueblo argentino con el único objetivo de establecer un Estado de sitio de hecho”, concluyó la entidad.

Pablo Moyano aseguró que la movilización busca “voltear este DNU y la ley ómnibus, que son normas lapidarias contra los derechos de los trabajadores” y apuntó contra Bullrich a quien calificó como parte de la “casta” que el presidente Javier Milei criticó en su campaña electoral. “El 24, Bullrich va a querer montar nuevamente un show mediático con la Gendarmería y la Prefectura para hacerse la 'Rambo' y pretender torear al movimiento obrero y a la ciudadanía”, expresó.

Por estos dichos, Milei salió al cruce del dirigente de Camioneros vía X (ex Twitter). “Acá tienen a los enemigos de la reforma. Los que quieren voltear la ley para que nada cambie. Para mantener sus privilegios. Fíjense quien está a favor del cambio y quién está en contra. Los que están a favor defienden a los argentinos de bien. Los que están en contra defienden sus privilegios”, escribió.

La respuesta de Moyano no se hizo esperar. “Por primera vez tiene toda la razón y coincido con el presidente, porque soy el principal opositor a que un trabajador no cobre la indemnización, a que los jubilados no tengan fórmula jubilatoria para recibir aumentos, a que se venda YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, Aysa, a que se produzca la apertura de la actividad pesquera, a que se entregue la industria azucarera o yerbatera. Sí, por supuesto, soy opositor a todo eso”, sentenció.

ACM con información de agencias.