Conflicto mapuche

Otorgaron prisión domiciliaria a cuatro de las siete mujeres detenidas en Villa Mascardi

Luego que la jueza federal Silvina Domínguez rechazara los pedidos de excarcelación, cuatro de las siete mujeres detenidas por el operativo de desalojo del Comando Conjunto de las fuerzas de seguridad fueron provistas con prisión domiciliaria por su condición de madres. Por otro lado, las restantes tres mujeres permanecen detenidas.

Las tres mujeres que siguen en la sede regional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) son Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Vera: en un primer momento, habían sido llevadas en avión a Buenos Aires para ser encarceladas en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza, pero ayer por la tarde fueron trasladadas de regreso a Bariloche, por decisión de la jueza.

Aquellas que recibieron el beneficio de la prisión domiciliaria son Martha Luciana Jaramillo, Betiana Collhuan, Celeste Guenumil y Romina Rosas. En el caso de Rosas, está cursando un embarazo de 40 semanas. Luego de concedérseles la prisión domiciliaria, las cuatro fueron llevadas en un operativo que se prolongó desde las 3 hasta las 5 de la mañana de este domingo hasta un domicilio particular del barrio Lomas de Villaverde, en el oeste de Bariloche.

Los abogados defensores de las siete mujeres, entre otros reclamos procesales, cuestionaron la situación particular de Jaramillo, quien pese a ser madre de dos niños fue llevada a Ezeiza para ser alojada en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ubicado a 1600 kilómetros de su lugar de residencia. “Su situación era conocida desde el primer momento”, advirtió a Télam el abogado Ezequiel Palavecino, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), y señaló las “contradicciones” de la jueza por haber decidido en un primer lugar el traslado de Jaramillo a Ezeiza.

En ese sentido, Palavecino indicó que “lo que viene haciendo la jueza (Silvina Domínguez) nos genera toda esta situación de indefensión para ellas, porque es imprevisible lo que va a hacer”. El letrado mencionó también como una segunda “contradicción” de la magistrada que “dictamine el traslado hacia Bariloche de las cuatro mujeres detenidas en Buenos Aires y que, al mismo tiempo, decida otorgar la prisión domiciliaria” en un mismo día.

Ayer por la noche, Andrea Despo, quien había sido llevada a Ezeiza, grabó un video desde la unidad de la PSA de Bariloche. En el mensaje, expresó que “parte de nuestro reclamo de volver a Bariloche se cumplió”, y le exigió a la Justicia que le devuelva la libertad “porque es nuestro derecho”. En esa misma línea, manifestó: “Los procedimientos legales se pueden hacer con nosotras en libertad”.

Además, el defensor Palavecino señaló que “la jueza rechazó todos los pedidos” de excarcelación, y planteó que la magistrada tendrá que explicar “cuál es la urgencia de que se obstruya el proceso judicial” para validar las detenciones. En el traslado hacia Buenos Aires, el abogado denunció “vejaciones” hacia las mujeres porque fueron “revisadas estando desnudas cuatro veces mientras estaban con custodia”.

Por otra parte, dijo que en el caso de Romina Rosas, la mujer embarazada, “le denuncié a la jueza al momento de la indagatoria que estaba en una habitación de tres por dos y que a un metro y medio tenía dos oficiales de la PSA que todo el tiempo la estaban grabando con una cámara, sin intimidad”.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que las autoridades están garantizando que se cumpla la ley de Parto Respetado en este caso. La cartera de Estado informó que “tomó conocimiento de un posible incumplimiento de la Ley 25.929 de Parto Respetado que involucra a una mujer de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que cursaba un embarazo con fecha cercana de parto y fue detenida, siendo consecuencia de eso su traslado al hospital de Bariloche”.

“En efecto se trata de una gestante cursando la semana 39 que fue internada por razones de salud sin ningún signo de riesgo clínico ni de inicio de trabajo de parto”, añadió en un comunicado. “En atención a lo expuesto, el Equipo de referencia para la implementación de la ley de parto respetado tomó comunicación con integrantes de la comunidad mapuche para que se garantice una atención de la salud perinatal con pertinencia cultural”, explicó.

Y dijo que “en este sentido se solicitó al hospital que se respete el derecho a estar acompañada previsto en el artículo 2 de la Ley 25.929, petición que a su vez ya había sido presentada por las autoridades del hospital al juzgado interviniente, y que redundó en el efectivo ingreso de su püñeñelchefe, partera empírica y una autorización para permanecer acompañada”.

El ministerio que conduce Carla Vizotti reseñó que “desde entonces, el mencionado equipo técnico mantiene comunicación permanente con su par rionegrino y con la comunidad mapuche monitoreando la situación y el estado de la persona para que se dé pleno cumplimiento de la Ley N° 25.929 de Parto Respetado”.

Palavecino señaló que el viernes pasado desde la defensa presentaron una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por “violación a los derechos humanos”, la cual ya fue consignada bajo el número MC-773-22.

Refiriéndose a la causa, el abogado se quejó: “Todavía desconozco lo que dice el expediente porque continúa con secreto de sumario”, y agregó que “objetivamente no existe ninguna prueba que vincule (a sus defendidas) a los hechos de la indagatoria”.

El martes pasado, las fuerzas federales y provinciales organizadas en un comando unificado desalojaron varios predios en las inmediaciones de la ruta 40, en la localidad rionegrina de Villa Mascardi, en un procedimiento que culminó con la detención de siete mujeres del asentamiento mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

LC con información de agencia Télam