Pese al reclamo de ambientalistas, el proyecto oficialista para modificar la Ley de Glaciares tuvo dictamen en el Senado
Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones ambientales, del ámbito científico y del sector empresario minero. La iniciativa del Gobierno propone redefinir el alcance del ambiente periglacial y reforzar el rol de las provincias para desarrollar actividades productivas. Organizaciones de diferentes ámbitos se oponen: “El agua no se toca”.
Organizaciones sociales y ambientalistas protestaron mientras se debatía en comisiones del Senado la modificación a la Ley de Glaciares.
El proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei para modificar la Ley de Glaciares tuvo dictamen este jueves durante el plenario de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Minería, Energía y Combustibles del Senado tras un debate en el que ambientalistas y empresarios mineros expusieron sus diferencias, y quedó listo para ser tratado en el recinto el próximo 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, que tiene como foco central la reforma laboral.
Las comisiones continuaron este jueves el debate del proyecto de ley que modifica la Ley 26.639, de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial, en una reunión plenaria presidida por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut), que se desarrolló en el Salón Arturo Illia en continuidad con el cuarto intermedio dispuesto en la jornada anterior.
Durante el encuentro expusieron representantes de organizaciones ambientales, del ámbito científico y del sector empresario minero, quienes aportaron distintas miradas sobre el alcance de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Entre los oradores se encontraron Andrés Nápoli (Fundación Ambiente y Recursos Naturales - FARN); Hernán Casañas y José Esaín (Aves Argentinas); Agostina Rossi (Greenpeace); Eugenia Testa (Círculo de Políticas Ambientales); Alfredo Vitaller (Cámara Argentina de Empresarios Mineros - CAEM); Manuel Benítez (Cámara Argentina de Proveedores Mineros - CAPMIN); Pablo E. Villagra (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales - IANIGLA); Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas); Manuel Jaramillo (Fundación Vida Silvestre Argentina); y Gabriela González Trilla (investigadora del CONICET, especializada en ecosistemas azules).
La reunión plenaria presidida por los senadores Flavio Fama (UCR) y Edith Terenzi (Despierta Chubut). Senado
Andrés Nápoli, director de FARN, señaló que la Ley de Glaciares cumplió 15 años en un contexto de agravamiento del cambio climático y advirtió que el proyecto propone una modificación “por vía de la interpretación”, alterando el espíritu de la norma y el esquema constitucional vigente. En tanto, José Esaín, de Aves Argentinas, sostuvo que la propuesta implicaría la creación de un inventario basado en un esquema de concertación nacional.
Desde el ámbito científico, Pablo E. Villagra, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), destacó que el Inventario Nacional de Glaciares fue concluido en 2018, recibió elogios de la comunidad glaciológica internacional y que, hasta el momento, no se detectaron errores significativos. Además, indicó que actualmente se encuentra en proceso de actualización.
En tanto, Hernán Casañas, de Aves Argentinas, remarcó que los glaciares son ecosistemas extremadamente complejos y advirtió que flexibilizar la ley no atraerá inversiones. Señaló que las empresas serias requieren estabilidad jurídica y no depender del “humor político de turno”, y afirmó que los glaciares no frenan el desarrollo, sino que constituyen la base que lo hace posible.
Desde el sector empresario, Alfredo Vitaller, representante de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), expresó que acompañan el objetivo de proteger los glaciares en tanto cumplan su función como reserva de agua. Sostuvo que la ley vigente presenta imperfecciones que el proyecto busca corregir para reducir incertidumbres y adecuar el marco normativo del sector. A su turno, Manuel Benítez, de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), afirmó que la Argentina necesita crecer y desarrollarse, y que la transición energética requiere de una minería consciente, responsable e inteligente.
Por último, Agostina Rossi, de Greenpeace, sostuvo que los glaciares son aliados fundamentales frente a la crisis climática y remarcó que su protección es una prioridad a nivel internacional. Aclaró que las organizaciones ambientales no se oponen a la minería, sino a su desarrollo sobre glaciares, y reclamó un nivel de participación pública similar al que tuvo la sanción de la ley original. En la misma línea, Eugenia Testa, del Círculo de Políticas Ambientales, cuestionó la celeridad del tratamiento del proyecto y sostuvo que responde a intereses del sector minero.
Finalmente, Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, calificó el tratamiento como “un proceso exprés nunca visto” y advirtió que el proyecto, de aprobarse, generaría mayor incertidumbre jurídica, al tiempo que sostuvo que resulta “totalmente inconstitucional” y que “todos los glaciares están en peligro”.
Luego de las exposiciones, se dispuso un cuarto intermedio por unos minutos y, al retomarse la reunión, expusieron los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Catamarca, Raúl Jalil. Orrego señaló que en su provincia existe la voluntad de proteger los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial en tanto constituyan reservas de agua relevantes y estratégicas, y remarcó la necesidad de contar con una ley de protección mínima que permita su adecuada aplicación.
Por su parte, el gobernador de Catamarca destacó la importancia de evaluar de manera integral el impacto ambiental, social y económico de la actividad minera, y subrayó el crecimiento del empleo formal en el sector, al señalar que en la provincia se registran cerca de 3.000 puestos de trabajo directos y un efecto multiplicador de aproximadamente 5.000 empleos en otras actividades, lo que representa un factor clave para la economía local y la diversificación de la matriz productiva.
Finalmente, el proyecto obtuvo dictamen y se prevé su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, luego de un nuevo llamado a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.
“Sin agua, no hay desarrollo posible”
A comienzos de diciembre, más de 25 organizaciones de la sociedad civil hicieron público un documento en el que manifiestan su rechazo a cualquier intento de modificar la Ley N.º 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Preservación de Glaciares y del Ambiente Periglacial. En el texto, las entidades remarcan la necesidad de sostener los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que respaldaron la sanción de la ley en 2010, y alertan sobre los riesgos de reducir los niveles de protección vigentes.
La norma, aprobada tras un extenso debate social y parlamentario, representa un hito en materia de desarrollo sostenible en la Argentina. Su objetivo es resguardar reservas estratégicas de agua dulce esenciales para la vida y el desarrollo, especialmente en regiones áridas donde el acceso al recurso es crítico. Cualquier modificación podría habilitar actividades económicas —principalmente la minería a gran escala— en ecosistemas sumamente frágiles, con impactos ambientales severos, entre ellos la pérdida de agua almacenada en glaciares y ambientes periglaciales.
Las organizaciones recuerdan que los glaciares y el periglacial forman un sistema único indispensable para la regulación hídrica: alimentan cuencas, humedales de altura, ecosistemas frágiles y a miles de comunidades. En un escenario global de crisis climática y retroceso acelerado de glaciares, advierten que flexibilizar la ley significaría agravar un proceso ya crítico, poniendo en riesgo no solo reservas hídricas estratégicas sino también economías regionales y dinámicas sociales asociadas al agua.
El documento destaca el rol del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) como organismo técnico clave en la implementación de la norma. Las entidades subrayan la necesidad de fortalecer sus capacidades y presupuesto para profundizar las tareas de monitoreo y conservación.
Además, remarcan que la Ley de Glaciares no impide el desarrollo económico sino que lo ordena, garantizando que ninguna actividad avance sobre zonas donde el daño sería permanente y el agua cumple funciones ambientales y sociales irremplazables.
A la postura de las organizaciones se sumaron artistas y figuras públicas que difundieron videos bajo la consigna “La Ley de Glaciares no se toca”. Entre quienes participaron se encuentran Lula Bertoldi, Locomotora Castro, Maitena Burundarena, Dolores Fonzi, Gabriela Cabezón Cámara y Rayo (alias Big Buda), quienes reclamaron la defensa del agua bajo el lema: “El agua vale más que todo”.
Qué busca el Gobierno con la reforma
Según el comunicado oficial cuando el Gobierno envió el proyecto al Congreso, la reforma apunta a “ordenar el marco normativo”, terminar con “interpretaciones arbitrarias” y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde con la Constitución Nacional. El texto sostiene que, a más de 15 años de su sanción, la norma vigente generó inseguridad jurídica, paralizó inversiones y afectó las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
En su momento, el presidente Javier Milei remarcó que la minería ofrece “grandes oportunidades” y defendió un enfoque que, a su entender, combine protección ambiental y desarrollo económico.
La iniciativa reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución, que establecen la protección del ambiente y el dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias. En ese marco, según la mirada oficial, fortalece el rol de las autoridades provinciales en la evaluación de impacto ambiental, reconoce su capacidad técnica y promueve una articulación con el Inventario Nacional de Glaciares.
La advertencia de Greenpeace: “Es un ataque directo al agua de los argentinos”
La organización ambientalista Greenpeace expresó días atrás su “extrema preocupación” ante el anuncio de un nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares, una normativa clave para la protección de las reservas de agua dulce del país. De concretarse, sería el segundo intento de reforma en apenas dos años y, según la ONG, habilitaría actividades que amenazan la integridad de los glaciares y sus ecosistemas asociados.
El proyecto, que ya obtuvo dictamen en las comisioines del Senado y será tratado en el recinto en febrero de 2026, busca permitir intervenciones en zonas actualmente protegidas, lo que según Greenpeace expondría a los glaciares a mayores riesgos de contaminación, destrucción y eventual desaparición. “La Ley de Glaciares protege un recurso único y finito: el agua. El retroceso ambiental que planteará esta modificación pondrá en riesgo el acceso al agua para millones de argentinos. Lo que se discute es la entrega de las fuentes de agua de los argentinos”, advirtió Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina.
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares fue considerada un hito para la política ambiental del país. Impulsada por organizaciones civiles y respaldada por una amplia movilización social, estableció salvaguardas estrictas para proteger los glaciares y el ambiente periglacial, zonas fundamentales para el almacenamiento de agua y la regulación climática. La normativa prohíbe actividades que puedan dañarlos —como la minería y la explotación hidrocarburífera— y reconoce su papel clave en la provisión de agua en un contexto marcado por la crisis climática.
Para Greenpeace, retroceder en estos estándares constituiría no solo un riesgo ambiental severo sino también una vulneración institucional. “La Ley de Glaciares es una norma pionera, no existe otra en la región con tal alcance de protección. Deberíamos sentir orgullo. Modificarla implicaría una condena al agua de los argentinos”, afirmó Rossi Serra.
Los glaciares y el ambiente periglacial no solo son paisajes emblemáticos, sino verdaderas reservas estratégicas de agua dulce que abastecen a comunidades, ríos y sistemas productivos. Su deshielo regula los caudales en épocas de sequía, asegurando agua para consumo humano, agricultura y generación de energía. Además, actúan como indicadores del avance de la crisis climática y constituyen refugios esenciales para la biodiversidad. Su deterioro, advierten especialistas, profundizaría la escasez hídrica y agravaría los impactos del calentamiento global.
Rossi Serra subrayó además que una reforma regresiva sería “inconstitucional” y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el país en materia climática. En este sentido, Greenpeace llamó a la ciudadanía a mantenerse activa en la defensa de los glaciares. “Sin glaciares no hay agua. Y sin agua no hay futuro. No vamos a permitir que se avance sobre las reservas hídricas que sostienen la vida en nuestro país. Proteger estos cuerpos de hielo es proteger el agua que millones de personas necesitan para vivir hoy y mañana”, concluyó.