El tándem Caputo-Sturzenegger condiciona a Lugones mientras Karina acecha el PAMI

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC