Las universidades nacionales enfrentan el nivel más bajo de financiación desde hace más de un cuarto de siglo como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del presidente, Javier Milei, de prorrogar el presupuesto 2023 para el sector pese a que la inflación interanual se situó en marzo por sobre el 270%.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) analizó, utilizando los datos surgidos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía, las partidas universitarias desde 1997 hasta el primer trimestre de este año y llegó a la conclusión que sin una ampliación, los montos actuales para la financiación de la educación superior nacional serían los más bajos en 27 años.
Además, en su informe ACIJ destacó que la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2024 reflejó una reducción del 34% frente al mismo período de 2023, y que se registró una caída interanual aún más pronunciada que el promedio del gasto público nacional.
Esta situación provocó que la comunidad educativa y gremial de las universidades decidieran llevar a cabo el próximo 23 de abril una “gran marcha” de protesta a la Plaza de Mayo, una medida de acción que tendrá el respaldo de la CGT. “Porque la verdadera libertad está en la educación”, expresaron en la convocatoria hecha pública esta semana el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de altos estudios.
“El presupuesto universitario es 90% salarios y 10% de gastos de funcionamiento de los edificios y el sostenimiento de los hospitales. Tenemos un tercio del presupuesto que necesitamos. Esto echa un manto de incertidumbre sobre el segundo cuatrimestre”, declaró Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en declaraciones a la radio La Patriada.
En el Congreso Nacional, la diputada nacional por el radicalismo Danya Tavela presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito universitario y establecer parámetros de actualización de fondos de funcionamiento de las instituciones de educación superior. La iniciativa legislativa, que recibió el respaldo de los rectores agrupados en el CIN, establece una fórmula objetiva de actualización bimestral de fondos de funcionamiento tomando en cuenta el índice de inflación y el aumento promedio de las tarifas de los servicios públicos.En los último días, las autoridades de distintas universidades advirtieron que les habían llegado facturas de energía eléctrica, gas y agua potable con un valor tres veces superior al resumen anterior.
ACIJ, dedicada a la defensa de los derechos de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia en el país, señaló que el presupuesto destinado a las 55 universidades nacionales está compuesto por distintas partidas, aunque la principal es “Desarrollo de la Educación Superior”, que equivale a más del 90% del gasto total.
La prórroga del presupuesto del año último provocó una caída del 72% en términos reales para este ítem de partidas. “De no haber modificaciones que amplíen los montos disponibles, este será el presupuesto universitario más bajo desde 1997, año a partir del cual se cuenta con datos del programa”, sostuvo el documento de ACIJ.
Semanas atrás, el Ministerio de Capital Humano intentó disminuir las consecuencias de su decisión presupuestaria al anunciar un aumento de 70% las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento de las universidades, aunque el monto sólo representó un incremento del 2% en el gasto vigente en comparación con el presupuesto inicial.
ACIJ detalló que durante el primer trimestre de 2024, la Nación ejecutó un 30% menos del gasto total en términos reales en comparación con el mismo lapso de 2023. Pero, indicó, la reducción en las políticas universitarias fue todavía más amplia, porque alcanzó el 34,4%.
“Dentro de las partidas que conforman las políticas universitarias, la más importante, ‘Desarrollo de la Educación Superior’, experimentó una disminución del 32,9%. Lo ejecutado en becas Progresar sufrió una caída del 46,9%, y lo destinado a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria disminuyó un 18,4%”, explicó el informe de ACIJ.
A este panorama se agrega que los programas de infraestructura universitaria “prácticamente no tuvieron ejecución”, una situación derivada por la paralización de la obra pública que provocó, además, un desplome de más de 20% en la actividad de la construcción y la pérdida de unos 80.000 puestos de trabajo, según la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
La reducción en la ejecución de políticas universitarias también significó una disminución de su participación en el gasto total: mientras que para el primer trimestre de 2023 la inversión en políticas de educación superior representaba el 3,7% del presupuesto total, en los primeros tres meses de este año esta proporción cayó al 3,5%. Este desplome también causó una disminución de los fondos salariales: 32% menos para los haberes de docentes y autoridades, y del 28% para el personal no docente.
Acerca del presupuesto destinado a la educación de los estudiantes, el documento de la ONG resaltó que este año, por primera vez desde 2000, se registrará una reducción en los fondos, estimada en 72%, el más bajo de toda la serie relevada desde comienzos de este siglo.
“Se estima que este año se destinarán aproximadamente $690.000 por persona, lo que representa una reducción del 72% con respecto al año anterior y un 82% menos que en 2013, cuando se alcanzó el máximo nivel de gasto por estudiante”, mencionó ACIJ.
En tanto, el financiamiento destinado al funcionamiento universitario se redujo en casi un 60% en comparación con 2023. Las transferencias a los hospitales universitarios padecieron una caída del 72%, mientras que el Fondo Universitario para el Desarrollo Regional, como también los institutos tecnológicos de formación profesional y proyectos especiales, no recibieron asignación alguna.
“La ejecución presupuestaria del primer trimestre de las partidas universitarias del año en curso es la más baja desde 2006. Se ha reducido en un 33% en comparación con el mismo trimestre de 2023, y es un 45% más baja en relación con el nivel alcanzado en 2018, que fue el máximo desde 1997. Además, en comparación con el cuarto trimestre de 2023, la ejecución presupuestaria ha experimentado una disminución del 39,3%”, finalizó ACIJ.
GT/MG