Vacunados de privilegio en Jujuy: denuncia contra los dueños de dos sanatorios y sus familiares

Las esquirlas del vacuna-gate llegaron a Jujuy. Los dueños de dos clínicas privadas habrían vacunado a sus familiares, haciéndolos pasar por personal de salud. Así lo denunció el gobierno de Gerardo Morales. El mandatario radical presentó un decreto acuerdo, que será tratado mañana jueves en la Legislatura, para blanquear las listas de los vacunados. Si bien las dosis son administradas por la provincia, el gobierno plantea que los abusos fueron cometidos exclusivamente por los dueños de los sanatorios Nuestra Señora del Rosario y Los Lapachos. Cerca de Morales aseguran que no hay funcionarios ni familiares de políticos entre los privilegiados.

Respecto a la denuncia presentada contra el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por privatizar la vacunación en prepagas y obras sociales, en Jujuy el proceso es diferente: los sanatorios apuntados por Morales debían vacunar a los trabajadores de la salud y no a sus afiliados. En la ciudad de Buenos Aires, en cambio, el larretismo hizo un acuerdo con siete instituciones para tercerizar la aplicación de las dosis contra el Covid-19 a las personas mayores de 80 años. Pero no a cualquiera, sino exclusivamente a sus socios de más-80.

“Han habido algunas clínicas privadas que faltó que pongan hasta el perro y el gato para que se vacunen”, se enojó ayer Morales. El gobernador jujeño firmó un decreto acuerdo (se llama así porque debe ser refrendado por la Legislatura) para que se publiquen las listas de vacunados. Y adelantó que planea aplicar multas de hasta un millón de pesos para las instituciones en las que no se haya respetado el orden de prioridad.

Desde la oposición provincial cuestionaron a Morales. “Las vacunas las compró el Estado. Y el responsable es el gobernador por mas que intente deslindar su responsabilidad”, opinó ante elDiarioAR el senador nacional por Jujuy Guillermo Snopek, suerte de archienemigo peronista de Morales.

Según el gobernador, el decreto creará un régimen sancionatorio para aquel que “disponga, permita o facilite la aplicación de la vacuna sin respetar el orden de prioridad dispuesto por el plan estratégico de vacunación en la provincia, siendo solidariamente responsables agentes públicos o privados de establecimientos públicos o privados y/o sus autoridades”.

Así, el gobernador radical, quien todavía no fue vacunado, buscó abrir ligeramente el paraguas y a su vez despegarse del vacuna-gate nacional que derivó en el despido de Ginés González García. “Esta iniciativa dotará de transparencia y llevará tranquilidad a la población en este momento donde la política tiene el deber de generar certeza y confianza”, dijo Morales.

Si bien la ley 25.326 de Protección de Datos Personales impide difundir información personal, el oficialismo argumenta que podrían ser comunicados. ¿Cuándo? En caso de que “medien razones de interés general autorizadas por ley”.

Los apuntados por el gobierno jujeño tienen nombre y apellido. Pero todavía no se concretó una denuncia judicial en su contra. Cerca del gobernador señalan a los propietarios de Nuestra Señora del Rosario y Los Lapachos. En concreto, se refieren a la familia Quintar (dueña de Los Lapachos) y al empresario Freddy “Tiburcio” Rivas. Aseguran que Rivas fue vacunado, como si fueran personal de salud. Y también la mamá de Quintar, que figuró como “mucama” de la clínica privada para recibir su dosis. Desde los sanatorios no realizaron descargo alguno. 

AF