Vence la concesión de la Hidrovía y ahora cerealeras y gobernadores confían en una prórroga del contrato

Por la Hidrovía sale el 75% de las exportaciones argentinas.

Cuando faltan apenas 25 días para el vencimiento de un contrato cuestionado que se extendió durante el último cuarto de siglo, todo avanza, pero a un ritmo mucho más lento del que el propio Gobierno había anunciado. Como siempre con el experimento del Frente de Todos, el problema principal es la tentación irrefrenable de prometer plazos y decisiones que después no se cumplen. La semana pasada, el ministro de Transporte Mario Meoni convocó para el 26 de abril a la segunda reunión del Consejo Federal de la Hidrovía a las provincias y entidades que dependen del canal troncal que une al Río Paraná con Paraguay, es la principal puerta de entrada y salida del comercio exterior argentino y representa un negocio que factura como mínimo 200 millones de dólares por año. Ese día, según dijeron desde Transporte a elDiarioAR, se conocerán las definiciones oficiales sobre los pasos a seguir. Sin embargo, la demora en el proceso licitatorio puede llevar a que lo anunciado como el comienzo de una nueva etapa se prolongue por un tiempo más y contradiga así tanto las palabras de Meoni como las del presidente Alberto Fernández. 

Por su sentido estratégico para un país sediento de dólares, el futuro de la Hidrovía tiene pendiente a los gobernadores de al menos siete provincias, a las grandes cerealeras que operan en la Argentina, a las empresas navieras y al sindicato de Dragado y Balizamiento. Pero además es motivo de una intensa discusión pública entre las distintas alas del Frente de Todos desde noviembre del año pasado. Desde 1995, la red fluvial está en manos del consorcio que integran la compañía belga Jan de Nul y la empresa argentina Emepa, propiedad del empresario Gabriel Romero. Por ahí salen entre el 75 y el 80% de las exportaciones, en su gran mayoría soja y cereales. La concesión que iba a durar 10 años se prorrogó gobierno tras gobierno, con la firma de Carlos Menem, Eduardo Duhalde y, finalmente Cristina Fernández de Kirchner, en 2010. 

Fernández dio los primeros indicios de que iba a intervenir en el tema en agosto de 2020, cuando reunió a los gobernadores en Santa Fe y anunció la creación de una sociedad estatal para administrar la Hidrovía. Sin embargo, el decreto 949/2020 que firmaron el Presidente, Meoni y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero fue interpretado como un retroceso desde el propio oficialismo y desató una lluvia de cuestionamientos de los sectores identificados con la vicepresidenta. 

Ante el pedido de informes del senador Jorge Taiana y las críticas del exsubsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti, Meoni firmó una nota en la agencia Télam, el pasado 3 de febrero, en la que anunció que en 30 días se iba a llamar a una nueva licitación nacional e internacional. El plazo se venció sin anuncios de ningún tipo y lo que hubo en el medio fue una primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía que volverá a reunirse dos meses después, el próximo 26 de abril. Ahí se supo que todo tardaría bastante más de lo que se decía. A cargo de la Unidad Especial Ejecutora Temporaria de la Hidrovía, el abogado Pablo Barbieri dio a entender que la promesa de Meoni no se cumpliría: el ministerio tendría tiempo hasta fines de abril para presentar los pliegos de la licitación y se iniciaría entonces un período de 180 días hábiles para cumplir con las distintas etapas que componen la licitación. Recién sobre el final, cuando termine 2021, se conocería el nombre del ganador. La gran pregunta, aún hoy sin respuesta, es quién quedará a cargo de la concesión a fin de mes, cuando finalice el contrato que comparten Jan De Nul y Romero, dos socios que parecen haber quebrado su histórica relación en 2018, cuando el dueño de Emepa declaró ante el juez federal Claudio Bonadio que pagó 600 mil dólares por el DNU de CFK que le prorrogó el contrato.

Como tantas veces, todo es un ida y vuelta donde se cruzan intereses muy poderosos y versiones contradictorias que emanan del propio gobierno. Tal como informó elDiarioAR en febrero pasado, Fernández esperaba que el avance fuera mucho más rápido y a su lado prometían incluso que Meoni llamaría a licitación en el segundo mes del año, un plazo inconcebible para un proceso que demanda tanto la presentación de pliegos que todavía no se conocen como un plazo razonable para que las empresas interesadas hagan después sus ofertas. Pero, claro, para llegar a cumplir esas metas, Transporte debería haber comenzado mucho antes con todo el proceso. El 7 de febrero pasado, en una entrevista con el diario Página 12, el Presidente se refirió al tema y negó cualquier posibilidad de dictar una prórroga. “Alguien interpretó que estoy buscando la prórroga de la concesión. No, no es lo que estoy buscando y lo que he pedido es que apuren al máximo los tiempos de licitación para que eso se resuelva. Yo no entiendo lo que estamos discutiendo. Alguien malinterpretó ese decreto y a partir de allí construyeron una historia que no existe, realmente no existe”, dijo. 

Sin embargo, los días pasan y el desenlace no está claro. Según publicó el periodista Antonio Rossi en Letra P el domingo pasado, Meoni, “tiene previsto anunciar en los próximos días una prórroga transitoria a la actual concesionaria y el llamado a audiencia pública para tratar los estudios del impacto ecológico y el plan de gestión ambiental del dragado del Canal Magdalena”, el proyecto por el que viene peleando desde hace tiempo el gobernador Axel Kicillof y los sectores del cristinismo interesados en la salida exportadora. El avance en la licitación del canal Magdalena sería así una moneda de cambio para contener el reclamo del cristinismo, que pedía un doble y simultáneo proceso licitatorio que incluyera a la Hidrovía. La prórroga tan negada parece inevitable.

Consultados por elDiarioAR, desde el ministerio de Meoni no informaron por cuánto tiempo se extenderá la actual concesión, aunque entre los actores principales todos descartan que será hasta fin de año: mientras entre los gobernadores se habla de un plazo de entre tres y seis meses, entre las cerealeras sostienen que será por un año y vía DNU. Si en algo hay coincidencia es en que la operatoria de la principal salida exportadora no puede parar ni un solo día.

Tanto Jan de Nul como Emepa afirman no haber sido notificados de manera oficial de ningún tipo de determinación. Nadie arriesga a decir qué tipo de mecanismo puede haber diseñado el Gobierno para no extender la concesión hasta que se conozca el adjudicatario de la nueva licitación. 

A cargo de un contrato de dragado de 33 millones de metros cúbicos, lo que lo convierte según los especialistas en uno de los más grandes del planeta, los belgas de Jan De Nul son los preferidos de las cerealeras que solo reclaman una tarifa más baja para un servicio que no paró de aumentar. Cuando el contrato se inició, en tiempos de la ficción contable conocida como "convertibilidad", Jan de Nul y Emepa cobraban 0,98 centavos de dólar por Tonelada de Registro Neto (TRN), una tarifa que aumentó siempre en moneda extranjera: en 1997 a U$S 1,14; en 2002 a U$S 1,65; en 2006 a U$S 2,25 y en 2014 a U$S 3,06. El más cuestionado es Romero, que parece haberse quedado sin aliados. Enfrentado a su socio belga, denunciado por el cristinismo que le prorrogó la concesión y declarado arrepentido en la causa Cuadernos. 

Ante la pregunta de elDiarioAR, Taiana afirmó: “El Presidente y Meoni se comprometieron a que no había prórroga y que en todo caso iba a haber un contrato de transición hasta que se concrete la nueva licitación de dragado y balizamiento. Eso es lo que queremos”. Para los sectores más ligados a CFK, la transición implicaría que lleguen a su fin las condiciones del contrato que lleva 25 años y se inicie una nueva etapa en la que el Estado contrate el dragado y el balizamiento hasta que se adjudique la nueva licitación. Eso permitiría, según creen, bajar el costo del peaje que hoy cobran los concesionarios y comenzar con un proceso de mayor control para evitar maniobras como el contrabando, la subfacturación y la sobrefacturación. Desde el sector privado, en cambio, no quieren modificaciones y dicen que es el Estado el que ya puede controlar a través de la Aduana y la Prefectura cualquier tipo de irregularidad. Respaldado por Fernández, Meoni busca hacer equilibrio entre los dos criterios en una alianza con gobernadores como Omar Perotti de Santa Fe. Dados los plazos y las diferencias de criterio, parece difícil que todos queden conformes. 

WC

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