A días de la primera reunión por la Hidrovía, la empresa belga Jan de Nul se prepara para romper su sociedad con Romero

El lunes próximo, en Rosario, las provincias vuelven a participar de la discusión.

Dos semanas después de que Mario Meoni anunciara el llamado a licitación internacional de la vía fluvial Paraná-Paraguay, el gobierno se prepara para la primera reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, el lunes próximo. El organismo convocará a una reunión en Rosario donde estarán presentes el ministro de Transporte, funcionarios de a otros cuatro ministerios entre los cuales figuran Agricultura, la Cancillería y Medio Ambiente y representantes de las siete provincias que tienen sus costas sobre el canal troncal por el que salen el 75% de las exportaciones argentinas hacia el mundo, en especial la soja y los cereales. Pero además, el gobierno sumará por videoconferencia a una larga lista de organizaciones encabezadas por CIARA-CEC, la cámara que agrupa a las grandes cerealeras que operan en Argentina, y las entidades que reúnen a las navieras. Se trata de los dos sectores que, ante el fin de una concesión que duró 25 años, presionan por una baja del peaje que, desde 1995, cobra el consorcio que integran la belga Jan De Nul y la local Emepa, de Gabriel Romero.

A veinticinco años de su desembarco, Romero aspira a retener el negocio de la Hidrovía pero en el Gobierno lo ven de salida

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Después del ida y vuelta marcado por las diferencias internas entre las distintas alas del oficialismo, Meoni también cursó invitaciones para que en el Consejo Federal participen las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace, la Bolsa de Comercio de Rosario y Santa Fe, la UIA y la CAME en nombre de las empresas, ocho universidades nacionales, la Asociación de Abogados Ambientalistas. Además, estará sentado en el Consejo un organismo clave del gobierno, la Unidad de Información Financiera, que pidió integrar el organismo y viene investigando maniobras de contrabando, evasión tributaria, trata de personas, narcotráfico y contrabando de armas que también se consuman a través de la Hidrovía. Según dicen en el gobierno, la UIF participará en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las previsiones de la Ley 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.

La primera reunión del Consejo Federal se da en medio de rumores y tensiones entre los actores de peso que intervienen en un negocio que factura por lo menos 200 millones de dólares al año. La concesión vence el 30 de abril y el gobierno -que envió varias señales contradictorias sobre el futuro de la vía fluvial- ingresó en la cuenta regresiva para cumplir con los plazos en un proceso acelerado. Entre las cerealeras, la oposición y las empresas del sector son mayoría los que creen que licitar, recibir ofertas y adjudicar las obras es imposible en un período de menos de 70 días.

En el Frente de Todos, las diferencias se mantienen a la vista. Autor de un pedido de informes para que Meoni de explicaciones sobre el decreto DNU 949/2020 que firmó el Presidente a fines de noviembre pasado, el senador Jorge Taiana figura entre los que afirman que el fin de la concesión es la oportunidad para permitir que el cobro del peaje en la Hidrovía pase a manos del Estado.  

Algo es indudable: las cosas no van a seguir como hasta ahora. El gobierno apunta contra Romero, el empresario que en 2018 declaró como arrepentido ante el juez federal Claudio Bonadio y aseguró haber pagado 600.000 dólares por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner. A cargo del balizamiento, en el sector se afirma que la compañía Emepa tiene pensado volver a competir. Sin embargo, sus socios, los belgas de Jan De Nul, no están dispuestos a reeditar la sociedad que tantos réditos dio en el último cuarto de siglo. Ubicado entre las empresas más grandes del planeta que se dedican al dragado y la ingeniería off shore, el gigante de origen belga no quiere resignar un negocio que figura entre los más grandes del planeta. Como prueba, en 2019, la firma destinó en Argentina a Pieter Jan de Nul, nieto del fundador de la dragadora, hijo del actual dueño y casado con una abogada argentina. 

En la multinacional afirman que la relación con sus socios de Emepa está quebrada desde 2018 y esperan conocer los próximos pasos del gobierno para presentarse a la nueva licitación. “Hoy es un matrimonio que vive en habitaciones separadas y solo falta la sentencia de divorcio”, le dijo a elDiarioAR un allegado a la empresa. Habrá que ver cuáles son los plazos para la presentación de las ofertas pero los que conocen el rubro afirman que, en un contexto marcado por la urgencia, Jan de Nul parte con una ventaja competitiva fenomenal porque cuenta con un conocimiento del canal troncal que llevaría meses tomar a sus competidores. Creada en 1938, la compañía comenzó reconstruyendo puentes durante la Segunda Guerra Mundial, hoy tiene presencia en todo el mundo y trabajó en obras como las del canal de Suez y el nuevo canal de Panamá. El dragado regular de la hidrovía demanda la remoción de 30 millones cúbicos por año y cada draga tiene un valor que oscila entre los 40 y los 60 millones de dólares. 

De todas maneras, en el gobierno afirman que habrá competencia entre el reducido grupo de multinacionales que dominan el negocio a nivel global. Tanto en el gobierno como en la oposición se habla de otras dos compañías belgas, Deme Group -histórica competidora de Jan de Nul- y Dredging International, dos holandesas Boskalis y Van Oord y, la que entre las cerealeras suponen promovida por el cristinismo: la china Shangai Dredging Company.

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