El Gobierno hizo una presentación en la Justicia para anular el fallo que permitió las clases presenciales en CABA
La Procuración del Tesoro de la Nación (PNT), a cargo de Carlos Zannini, presentó esta mañana un planteo para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido anoche por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito. Por sorteo, la presentación recayó en manos del juez federal Esteban Furnari.
Tal como había adelantado el Ejecutivo Nacional, Zannini -en su calidad de jefe de abogados del país- busca ahora que sea la justicia federal la que aparte a la justicia porteña del caso. Es el mismo planteo que tuvo la ministra de Salud Carla Vizzotti cuando se presentó en la causa que habilitó las clases presenciales y les pidió que se inhiban de seguir actuando.
El Gobierno nacional entiende que la administración de Horacio Rodríguez Larreta se aprovechó de una decisión inválida para que hoy abrieran las puertas de las escuelas de la Ciudad, en detrimento del DNU que había suspendido la presencialidad durante dos semanas, a partir de hoy.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.
Luego, en una conferencia de prensa, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta anunció que las clases serían presenciales y no virtuales en su distrito.
Eso generó que el Gobierno nacional decidiera ir a la Justicia que entiende competente: la contencioso administrativo del fuero federal. Ese el fuero que se dedica a analizar las decisiones administrativas, legislativas o ejecutivas de la Nación.
Por su parte, El ministro de Justicia Martín Soria cuestionó con dureza el fallo de Cámara, que calificó de “mamarracho jurídico”. Además le reclamó celeridad al máximo tribunal al pedirle que “actúe rápidamente” para empezar a debatir el amparo del gobierno porteño. Explicó que van a “interponer varias medidas para frenar esta decisión de la Justicia porteña” que habilitó la actividad presencial en las escuelas.
NB
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