Poli-Ubers: el pluriempleo policial y las nuevas reglas para disparar multiplican los casos de gatillo fácil

La precarización y el pluriempleo de las fuerzas de seguridad que portan en todo momento el arma reglamentaria, combinado con un discurso político que legitima el uso de la violencia y con normas cada vez más permisivas, está provocando que se naturalicen las muertes y se multipliquen los casos de gatillo fácil, según los especialistas. “Estamos ante una transformación profunda del sistema represivo y un cambio de régimen en materia de derechos y garantías”, advirtió a elDiarioAR María del Carmen Verdú, titular de Correpi.

Desde este caldo de cultivo, surgió una nueva figura que preocupa a los organismos de derechos humanos: los policías choferes de aplicaciones. “Es un fenómeno creciente y muy preocupante porque son policías saturados, con armas, que hacen tareas de transporte sin regulación”, advirtió a elDiarioAR Rodrigo Pomares, del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

Las muertes de civiles a manos de las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano aumentaron un 40% desde 2023, según el CELS. Más del 75% las causaron agentes de civil que usaron su arma reglamentaria fuera de servicio, y 16 efectivos manejaban para una aplicación: el fenómeno se multiplicó por ocho en cinco años. En 2020, los efectivos involucrados en estos hechos fueron apenas 2.

En la provincia de Buenos Aires, la CPM contabilizó 141 muertes por uso letal de la fuerza en 2025, contra 135 en 2024: una cada 60 horas. Cien de las víctimas tenían menos de 30 años. La mayoría de los casos –87– los cometieron agentes en actividad pero fuera de servicio, defendiendo bienes propios, y 17 trabajaban como choferes de aplicaciones.

El lunes 7 de septiembre, en la esquina de Abdala y Gaboto del barrio San Alberto de Isidro Casanova, un subteniente de la División Delitos Complejos de la Bonaerense, de civil, estacionó con la aplicación de viajes abierta y esperó a una pasajera. Subieron dos jóvenes. Uno tiró del freno de mano desde el asiento trasero. El otro, Santino Ramón Tabarez, que había cumplido 16 años hacía un mes, lo abordó por la ventanilla, según declaró el policía. El subteniente sacó su pistola reglamentaria, una Bersa 9 milímetros, y apuntó.

“Cuando no estoy de servicio ayudo a mi mujer a cocinar y a vender en ferias de la Ciudad, y sí, llevo mi arma, porque hay algo que se llama 'estado policial' que nos obliga a estar armados las 24 horas”, dice a elDiarioAR un policía que patrulla San Telmo y pidió reservar su identidad. “Yo voy a ferias, pero la mayoría de mis compañeros hacen Uber”.

Un sueldo que no alcanza

En el AMBA el pluriempleo en las fuerzas no es la excepción sino la norma, aunque no exista registro oficial. El salario de un ayudante de la Policía Federal es de $1.076.077 mientras que una familia de cuatro integrantes necesitó $1.605.497 en agosto para no ser pobre. La diferencia se cubre con horas extra, con un segundo trabajo y con deuda: el 24,2% del personal de la Federal tiene créditos en situación irregular, según ATE Capital con datos del Banco Central. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, vinculó ese endeudamiento con los suicidios en las fuerzas federales, que según dijo crecieron un 30% en 2025, un 8% por encima del promedio del país del 22%: el mayor número de casos desde que se registran los suicidios.

El subteniente disparó cinco veces contra Tabarez. Dos balas lo alcanzaron, en la cabeza y en el pecho. El policía obligó al otro joven a pasar al asiento delantero y lo redujo. Según declaró después, intentaba comunicarse con el 911 cuando llegaron familiares y vecinos y empezaron a tirar piedras. Sacaron del auto al joven retenido y lo obligaron a llevar al herido al hospital Balestrini.

Los casos siempre tienen las mismas características, según los especialistas. Un policía sin uniforme vuelve a su casa –la mayoría vive en el conurbano– o mientras está en otro trabajo, le intentan robar y este saca el arma sin protocolo ni apoyo. Entre 2016 y 2024, según la CPM, solo el 0,5% de los hechos –seis– ocurrió con riesgo real para la vida de otra persona. La mayoría de los impactos ingresa de atrás hacia adelante y en zonas vitales, compatible con personas que huyen. El 80% de las víctimas son varones de entre 15 y 27 años. El año pasado murieron 22 menores de edad, y algunas balas alcanzaron a chicos ajenos al hecho, como el caso de Thiago Correa, el nene de 7 años que estaba a 200 metros del disparo, esperando un colectivo con su padre.

“Los policías matan y mueren más cuando están fuera de servicio. Actúan sin preparación, sin planificación, sin apoyo, y ahí hacen un uso desmedido de la fuerza”, dice a elDiarioAR Victoria Darraidou, coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia del CELS. “Nos convertimos en recolectores de ingreso y los policías no están exentos de eso, el problema es que tienen un arma. Hay que pensar cuántas horas puede trabajar y cuánto se le puede exigir a alguien que porta un arma”

Verdú, de Correpi, lo mide con su propio archivo: “Más de la mitad de los casos de gatillo fácil corresponden a policías fuera de servicio que utilizan su arma reglamentaria. Hoy esa proporción supera el 70% y, en la Policía de la Ciudad, el 80%. El Gobierno no solo tolera el gatillo fácil, sino que lo promueve y lo legitima institucionalmente”.

Las normas que lo habilitan

El giro normativo empezó en diciembre de 2023, cuando el Ministerio de Seguridad restableció el reglamento de uso de armas que Patricia Bullrich había dictado durante el gobierno de Mauricio Macri y que Sabina Frederic derogó en 2019. La resolución 125/24 del Ministerio de Seguridad habilita a disparar ante la sola presunción de que alguien podría estar armado, incluso contra quien huye, y amplía los márgenes que fijan los estándares de Naciones Unidas incorporados a la ley de seguridad interior.

Después llegaron los decretos. El 18 de junio de 2025 el Gobierno habilitó a los civiles a comprar semiautomáticas símil fusil y subametralladoras derivadas de armas militares, hasta entonces exclusivas de las Fuerzas Armadas. Ese mismo día le quitó a la ANMaC, el organismo civil que renovaba cada año la autorización, la facultad de decidir qué efectivo puede portar armas de guerra: ahora la evalúa la propia fuerza, sin plazo anual y también sobre el arma que el policía compra por su cuenta. Es lo contrario de lo que reclaman Correpi, el CELS y la CPM: prohibir la portación del arma reglamentaria fuera de servicio.

El último tramo es el pasaje de la resolución a la ley. Mendoza, por ejemplo, sancionó la ley 9.700, ya vigente, que habilita a disparar para impedir una fuga, exime al efectivo de dar la voz de alto y prohíbe sancionarlo administrativamente hasta que haya sentencia firme. “Fue un copia y pega de una resolución ministerial”, dijo la senadora Adriana Cano, que votó en contra. En el Congreso espera el proyecto de reforma del artículo 34 del Código Penal, que amplía los criterio de “legítima defensa” y “cumplimiento del deber”

Morón, mientras tanto, prepara una policía comunal de 130 agentes que sale a la calle en diciembre: todos retirados que conservan el estado policial, la condición que los habilita a portar su arma personal estén o no de servicio. Como la ley bonaerense prohíbe que un municipio compre armamento letal, el arma la pone cada agente. Es la misma figura jurídica que obliga al policía a manejar armado para una aplicación, usada ahora para montar una fuerza municipal. “Nos preocupa enormemente la implementación de las patrullas municipales por fuera de la ley provincial de seguridad, que se arrogan funciones que no tienen”, advirtió Roberto Cipriano García, de la CPM.

Cómo siguen las causas

En la guardia del Balestrini, los médicos constataron que el adolescente Santino Ramón Tabarez había llegado sin signos vitales. La causa quedó a cargo del fiscal Diego Rulli, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza. Rulli no ordenó medidas restrictivas contra el subteniente y consideró en principio que actuó en legítima defensa. El expediente sigue caratulado como homicidio. La autopsia, todavía pendiente, deberá establecer la trayectoria de los disparos.

“La mayoría de las veces el sistema de justicia convalida la versión policial de los hechos, o no analiza con precisión la intervención de los policías de cara a los principios de uso de la fuerza”, dice Darraidou. Entre 2018 y 2024, según la CPM, las causas por violencia institucional fueron el 0,4% de las investigaciones iniciadas en la provincia. De casi 23.000 presuntos autores, 656 quedaron formalmente imputados: el 3%. Nueve de cada diez causas terminadas se archivaron o se desestimaron y solo el 4% llegó a juicio oral. 

“Los casos posteriores a diciembre de 2023 son más difíciles de llevar a juicio”, dice Verdú, “porque el Poder Judicial empieza a adoptar la misma política represiva que impulsa el Ejecutivo”.

LN/MG