Centennials en Formosa: una fuerza territorial y virtual que desafía el poder de Insfrán

La noticia tiene unas horas: 300 jóvenes se acercaron a dejar su currículum vitae en el bar Pepe Guapo, que necesita cubrir dos puestos: un mozo y un cajero. “Buscábamos gente joven para enseñarles un oficio. Nos encontramos con currículums que excedían ampliamente los requisitos, pero ellos quería trabajar de lo que fuera”, dice a elDiarioAR el dueño de la confitería, Marcelo Ocampo. Su local está ubicado en el centro de Formosa capital, a unas siete cuadras de donde la policía reprimió con balas de goma, gases y palazos a los manifestantes el viernes .

El reclamo de quienes se convocaron en los alrededores de la Casa de Gobierno, que continúa vallada, es porque la provincia está blindada desde el 19 de marzo del año pasado, cuando el Ejecutivo decretó la Fase 1. Desde entonces, está cerrado el aeropuerto y la terminal de micros de larga distancia, las escuelas y los comercios no esenciales. La circulación para el transporte de alimentos está restringida a horarios y procesos de desinfección. Ingresar a la provincia implica pagar 14 mil pesos (por un hisopado y custodia policial) y cumplir una cuarentena de 14 días. En la capital hay retenes policiales cada 500 metros. 

La provincia permanece en una disyuntiva. Las restricciones sanitarias impuestas la ubican primera en el ranking de provincias argentinas con la menor cantidad de fallecidos por Covid (21, según registros oficiales) y contagiados. A cambio, sacrifican la economía privada: el sector gastronómico está limitado al delivery y generó sólo un 25% de las ganancias que generaría en un año libre de virus, por ejemplo. Los hoteles, salvo que trabajen para el Estado, cierran. La desocupación es una de las más bajas del país, 3,7% según el Indec, pero la mayoría está empleado en el sector público. De acuerdo a datos del Ministerio del Interior, difundidos en 2017, hay 167 empleados públicos por cada 100 habitantes empleados en el sector privado. 

Lo que desencadenó la mayor revuelta en los 25 años que lleva Gildo Insfrán como gobernador fue el anuncio del retorno a Fase 1 por la detección de 23 casos positivos de Covid. Lo hizo después de aumentar un 41% el salario de los estatales y de suspender el ansiado regreso a clases. Los comerciantes reclamaron frente a la Casa de Gobierno y abrieron sus locales “en rebeldía”. Pero fueron las y los jóvenes, afiliados a un partidos o independientes, los que levantaron el guante y pusieron el cuerpo.  

Empoderados

En octubre fueron los varados: familias acampando a la intemperie, a la vera de puentes que conectan Formosa con las provincias vecinas. En enero, diferentes ONGs y referentes de Juntos por el Cambio denunciaron las condiciones sanitarias en los centros de aislamiento.  Esa denuncia fue apoyada por Amnistía Internacional advirtió una violación a los derechos humanos por el “uso desmedido de cuarentenas obligatorias” en los centros de aislamiento. Formosa quedó expuesta al ojo público. El Gobierno Nacional defendió las medidas sanitarias impuestas por Insfrán.

Las protestas las iniciaron los comerciantes, pero tomó fuerza (y aún se sostiene) por la gran presencia de jóvenes que viralizaron las convocatorias en redes sociales y llevaron sus banderas, carteles y consignas. Hay independientes, pero hay una cantidad agrupada en Formosa Libre, una organización horizontal que surgió el 20 de junio del año pasado, fecha patria. “Había muchos estudiantes varados que no podían entrar a la provincia. Habían quedado ‘del otro lado’ sin trabajo o sin poder estudiar, y querían estar con sus familias”, cuenta Guadalupe Giménez, 19 años. Está en Formosa y estudia la carrera de Comunicación Social en la Universidad de Córdoba de manera virtual.

Empezaron a intercambiar teléfonos y perfiles en redes sociales, sobre todo en Instagram. Para el 9 de julio ya eran más de cincuenta, habían elegido identificarse con la bandera nacional y también habían sumado reclamos: “Libertad de expresión, libre circulación, contra el autoritarismo. Y sobre todo en contra de la corrupción en Formosa, que existió siempre pero la pandemia destapó. Mientras los varados esperaban, habían estudiantes que entraban porque tenían amigos en el Poder”, resume Guadalupe. Formosa Libre está integrada hoy por unas 200 personas.

“La situación es dura por donde se la mire. Los jóvenes salimos a apoyar a los comerciantes porque nosotros dependemos de que a ellos les vaya bien: muchos trabajamos como chefs, como mozos. Todos necesitamos libertad para trabajar, para circular, para estudiar”, dice Gabriel Fernández, 25 años, estudiante de Derecho en la Universidad Nacional del Nordeste y militante de la Juventud Radical en Formosa. Sigue Gabriel: “Defendemos las instituciones, pero creemos que la perpetuidad en el poder corrompe los principios republicanos. No es posible un sistema sano sin recambio. Nosotros salimos a levantar la voz y poner el cuerpo contra Insfrán, el dueño de la provincia”.

Jóvenes por la Libertad es otra agrupación de jóvenes, identificada con el color amarillo y la bandera de Gadsden. Se desprendió de Formosa Libre en noviembre, pero también convoca a las movilizaciones. Su cara visible es Agustín Rojas, 20 años, influencer, estudiante de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Su padre trabajaba en el banco provincial hasta que lo despidieron en plena pandemia. Su madre es profesora de inglés. 

Es el chico que fue detenido, junto a otras 92 personas, durante la represión. Estuvo incomunicado y terminó en la alcaidía de varones hasta el día siguiente. Sus padres y un abogado lograron sacarlo. Quedaron marcas de la paliza: moretones, impactos de bala de goma, lesiones internas. “El reclamo empezó con los varados, siguió con la libertad para trabajar y circular. Los comerciantes están empoderados gracias a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros también somos laburantes, pero no tenemos miedo. Y estamos cansados”, dice Agustín. 

Los libertarios son una facción emergente ligada a la derecha, con mucha presencia en redes sociales. Defienden la propiedad privada y entienden que el individuo no debe depender del Estado, un punto sensible en la cultura formoseña: “Acá nos sabés adónde va a parar la plata. Entendemos que los impuestos son un abuso de nuestros recursos como trabajadores y que los que viven del Estado en realidad no tienen libertad”, dice Agustín. Durante el fin de semana se reunieron con la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y con el actual diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff.

Dicen los comerciantes: “Los jóvenes necesitan trabajar, no quieren depender del Estado”

Los locales gastronómicos trabajaron en la modalidad take away desde marzo hasta octubre del año pasado, mes en el que el Gobierno les permitió abrir con protocolos y horarios determinados. Salvo en enero, que volvieron a cerrar por un retorno a la Fase 1, atendieron al aire libre de viernes a domingo, entre las 8 y la 1 de la madrugada. “Estamos en rojo”, dice Matías Orozco, 36 años, presidente de la filial Formosa de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fegrah). 

Los gastronómicos deben afrontar un 34% de aumento de sueldo, acordado en paritarias, para sus empleados. Además, quienes accedieron a los créditos al 24% y 32% que ofreció el Estado en pandemia, deben empezar a pagar las cuotas. El delivery representa solo el 25% de la ganancia promedio, de acuerdo a sus sondeos. Y creen que el trabajo se ha precarizado en el último año: “Se dieron de baja 400 empleados de la obra social, lo que indica que esas personas ya no están afiliadas al gremio y posiblemente estén empleados en negro. Es entendible que los jóvenes impulsen las marchas. Necesitan trabajar, no quieren depender del Estado”.

Patricio Evans es otro referente de Fegrah. Era dueño del hotel Asterión: “era” porque decidió cerrarlo. Lo había inaugurado en 2004 y tenía los planos listos para ampliarlo. Pero sin turismo y con tantas restricciones no tenía sentido mantener una estructura de 30 habitaciones. Ahora donde funcionaba el salón, hay un outlet de jeans que maneja su hermana. “Desde que empezó el año llevamos, en promedio, un mes de encierro total. Pedimos ayuda, que nos condonen deudas. Lo único que logramos es que nos eximan de pagar la tasa municipal, unos $4 mil”, dice Evans.

Para Evans, hay un hostigamiento de parte del Estado, sobre todo hacia los jóvenes. “¿Qué hacés acá si tenés 25 años? ¿Qué chances de trabajo tiene un chico si no tiene el dinero para emprender, si aunque tenga un buen currículum no te llama nadie?”. Habría que preguntarle a alguno de esos 300 jóvenes que ayer hicieron fila para ganarse el puesto de camarero o un lugar detrás de la caja.

VDM