Ley ómnibus

Organizaciones de la sociedad civil advirtieron a Diputados por “serios retrocesos en la legislación ambiental”

Los rechazos a los cambios que plantea la ley ómnibus presentada por Javier Milei ante el Congreso continúan apareciendo. Luego de las críticas de los gobernadores patagónicos a la reforma pesquera y el amparo de la CGT contra la reforma laboral, ahora, más de 80 organizaciones ambientales y sociales enviaron una carta a la Cámara de Diputados en contra del proyecto de Javier Milei.

Según indicaron las ONG, la ley ómnibus supone “serios retrocesos en la legislación ambiental”. “Rechazamos este proyecto de ley que constituye un intento de retroceder en la protección y conservación del ambiente alcanzado y, por ende, es ilegal e inconstitucional”, explicó Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

Para las agrupaciones ambientalistas, la iniciativa Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos “pretende avanzar sobre ecosistemas protegidos y dar beneficios económicos a sectores como la minería, el agro y el sector hidrocarburífero, en detrimento de los derechos de las personas y la protección de los ecosistemas”.

El proyecto del Poder Ejecutivo Nacional pretende impulsar una serie de reformas a la Ley de Bosques (26.331), la Ley de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema (26.562), la Ley de Glaciares (26.639) y la Ley Federal de Pesca (24.922). “La ley de Bosques es una ley que existe desde hace 15 años, producto del trabajo conjunto entre diferentes organizaciones y legisladores junto con diversas jurisdicciones, y que ha permitido visibilizar los bosques nativos, reducir inclusive las tasas de deforestación”, sostuvo Manuel Jaramillo, director de Fundación Vida Silvestre.

Las ONG advirtieron, además, que la iniciativa viola el principio de no agresión ambiental del Acuerdo de Escazú. Se trata de un tratado internacional según el cual la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente. “Los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados”, indicaron en el comunicado.

Y concluyeron: “Exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales”.

ACM con información de agencias.