A pesar del fallo de la Corte y de la pandemia, aumentan las detenciones por consumo de drogas

A pesar de que la Corte Suprema declaró inconstitucional hace doce años que se castigue la tenencia de cannabis para consumo personal, en la Ciudad de Buenos Aires las detenciones se dispararon. Esos procedimientos ya venían con aumentos sostenidos en los últimos años y ni con la circulación acotada por la pandemia disminuyeron. Las causas judiciales por consumo de drogas en CABA pasaron de 4.777, en 2018, a 19.275, en 2019. Lo que equivale a un aumento del 400%. Y en el primer semestre de 2020 -que es el hasta ahora relevado- es de 9.004, un 15% más respecto al mismo período del año anterior, en el que no había coronavirus. Los números en Provincia también escalan de manera sostenida pero, como las cifras de los últimos dos años no fueron entregadas, no se puede determinar de cuánto es el incremento. 

En una decisión histórica, el llamado “fallo Arriola”, los jueces del Máximo Tribunal entendieron en 2009, que el artículo de la Ley de Drogas que penaliza el consumo de cannabis intervenía sobre el ámbito privado de las personas y afectaba el derecho a la intimidad protegido por normas constitucionales. A pesar de los avances del debate y la legislación sobre el uso medicinal de la planta, parece no cambiar la mirada de las fuerzas policiales, que siguen actuando como si la sentencia de la Corte nunca hubiera ocurrido. 

Si bien los funcionarios de Seguridad declaran que no se debe perseguir a consumidores sino que hay que apuntarles a las grandes organizaciones, las policías gastan tiempo y recursos en esos actores de rango bajo en lugar de orientarlos a otras políticas preventivas o investigativas. Eso tiene una relación directa con engrosar estadísticas pero no con efectividad sobre “el combate contra las drogas”. Se genera la apertura de miles de procesos de instrucciones que luego, la enorme mayoría no prosperan. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad precisó que la Justicia porteña archivó el 91% (18.160) del total (20.016) de los casos iniciados por delitos menores de drogas entre octubre de 2019 y agosto de 2020. Las cifras surgen de un estudio realizado por el Centro de Estudio Legales y Sociales (CELS), en base a datos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y de ese Ministerio porteño. 

Con la limitación de la falta de datos oficiales de su Ministerio de Seguridad, igualmente en Provincia se puede ver un incremento en los últimos años. Pasaron de 9.392 detenciones en 2015 a 18.270 en 2018. Por otro lado, las organizaciones cannábicas que siguen y agrupan las denuncias sostienen que son cada vez más los casos que reciben y sobre los cuales asesoran. Por ejemplo, un pequeño recorte sirve para ilustrar: solo en enero de este año, 68 personas fueron detenidas en comisarías bonaerenses acusadas de sembrar, cultivar o guardar semillas. 

Los responsables del informe señalan que las razones del enorme aumento de detenciones y causas judiciales son contemporáneas con la adhesión de la Ciudad a la ley de desfederalización de los delitos menores de drogas, que supuestamente apunta a combatir el narcomenudeo. Esto comenzó en enero de 2019. De esa manera, la persecución de los delitos de drogas menos graves fue a la esfera de los Poderes Judiciales y a la Policía de CABA.

La provincia de Buenos Aires incorporó la desfederalización de los delitos menores en 2006. Desde entonces, la cantidad de casos de drogas informados por la policía provincial aumentó casi un 500%: de 8.220 hechos registrados en 2005 a 47.927 en 2019. “Se suponía que la desfederalización, debía brindar herramientas para intervenir en las conflictividades derivadas de la venta minorista de drogas pero lo que hizo fue reforzar la persecución policial de los consumidores”, sostiene el trabajo del CELS. Además de los dos principales distritos del país, a la ley de desfederalización también adhirieron Córdoba, Entre Ríos, La Rioja y Salta.  

“Supuestamente, la desfederalización se planteó porque la Justicia Federal quedaba lejos de las problemáticas en los barrios, que eran menores respecto del combate a las grandes organizaciones. Pero el resultado no fue ése. Esto  amplía los márgenes de discreción policial, donde se extienden las viejas prácticas como la extorsión o las causas armadas. En los barrios populares, los policías hacen sentir el rigor de esta manera. Con un par de días detenidos, podés perder el trabajo, tenés que ver en qué juez y en qué fiscal caés y si tenés un buen defensor. Por más que las causas, en su mayoría se archiven, no es gratuito todo lo que sucede con quienes son imputados”, explica coordinadora de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS, Victoria Darraidou.  

Esto que menciona Darridou se puede ver con claridad en lo que sucedió en febrero de 2021 en comisarías bonaerenses. Allí 32 personas estuvieron acusadas de tenencia simple, una figura que aplican cuando las fuerzas sospechan que hay comercialización pero pueden probarla. Aunque esas personas luego hayan sido liberadas y las causas archivadas, tuvieron que pasar días o semanas presas en comisarías hacinadas, en condiciones de alojamiento muy delicadas. 

“Mientras tenés un fallo de la Corte que va en una dirección, tenés una Policía que responde a leyes locales que dicen que debés detener por delitos menores. Cuando esto sucedía en la Justicia Federal el comportamiento era uno, con las Justicias y las Policías provinciales, funciona de otra manera”, remarca Darraidou.

“Tiene que haber una ley de drogas que apunte realmente a atacar al narco. Así se terminan las interpretaciones. El fallo Arriola declara inconstitucional un artículo sobre la tenencia para consumo, pero no modifica la ley. La Corte invita a reflexionar a los juzgados para que opten por atenerse a su fallo. Pero que exista el fallo no quiere decir que sea legal”, agrega al debate el abogado y asesor legal de Acción Cannábica, Gustavo Depaoli. 

Desde el Acuerdo por la Regularización Legal del Cannabis, vienen denunciando la persecución a los consumidores y a los delitos asociados, como los imputados por regalar parte de su producción o los casos de tenencia simple, que castiga con 1 a 6 años de cárcel. “En el punto cinco del Acuerdo decimos que tiene que haber una despenalización de la tenencia para consumo personal y también despenalizar esos delitos vinculados. Creemos que la desfederalización lo que hizo es dirigir una práctica que ya veíamos en todas las provincias. Al traspasar el poder a las Policías provinciales, a juzgado y fiscalías locales lo que está haciendo es posibilitar que más actores intervengan en la criminalización de las personas que usan drogas. Es una situación que el propio Gobierno es consciente, lo ha dicho en el Senado, pero lo que falta es cambiar las leyes”, explica Emilio Ruchansky, integrante del Acuerdo, un consenso inicial entre ONGs de Derechos Humanos, Ciencias Sociales, Seguridad, Educación y Salud Mental, junto a asociaciones civiles dedicadas a difundir información sobre los distintos usos del cannabis. 

Respecto de los avances que pueda tener una ley integral sobre el uso de la planta, Depaoli plantea que los avances que se dieron en materia de cannabis medicinal pueden empujar para que se pueda pensar en eso en un futuro no tan lejano. “Casi todas las provincias adhirieron a la ley de uso medicinal. Solo Formosa no lo hizo. Pero Córdoba, con un fuerte peso de la Iglesia, lo hizo. Entre Ríos redactó su propia ley, que no establece límite de plantas y tiene muchos puntos interesantes. Se empieza a transitar un camino. El Gobierno no tiene intención de discutirlo este año, pero comienzan las discusiones sobre los registros. Cada una de estas cosas va empujando para derogar la tenencia para consumo en algún momento”, concluye. 

AM