Plan Motosierra en áreas claves: la víctima de femicidio que esperaba atención y la especialista en leucemia despedida

Esta semana el gobierno de Javier Milei despidió a 3000 empleados públicos, que se suman a los 19.000 que los gremios contabilizan en el primer semestre. La nueva tanda de despidos en el Estado Nacional desarticula políticas que impactan directamente en la sociedad, desde mujeres víctimas de violencia de género hasta a las pequeñas y medianas empresas que tienen asistencia del INTI. Afecta desde los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad al descuidar las pruebas hasta los estudios de detección y seguimiento de pacientes con leucemia y linfoma. Fuentes cercanas al Gobierno confirmaron que planean despedir 75.000 en total.

La mayoría de los despidos fueron en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el exministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos y el Hospital Posadas. Hay empleados y empleadas que estaban contratados por el Artículo 9 de la ley de Empleo Público, por convenios de cooperación con otros organismos y también monotributistas. Con esta nueva tanda, hay programas que prácticamente quedaron paralizados y otros reducidos a la mitad. 

En la Subsecretaría de Prevención de las Violencias se desvincularon a 685 personas, lo que representa el 85% del personal, como lo confirmó el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.  El programa Acompañar, que ayudaba a que las mujeres salgan del círculo de violencia a través de una ayuda económica, psicológica y legal, quedó gravemente impactado: echaron al 50% de las personas que trabajan ahí, muchas de ellas profesionales especializadas. “Ya tenemos el registro del femicidio de una mujer que estaba esperando ingresar al programa Acompañar desde hace meses. Sus hijos e hijas quedaron sin su madre y desamparados, porque tampoco se le está pudiendo realizar el trámite y el acompañamiento de la manera que se lo se lo merecen”, afirmó Fernanda Fuentealba, delegada de ATE en la Subsecretaría.

El programa Acompañar fue creado para dar apoyo económico a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Sin ese apoyo, muchas veces les resulta imposible poder romper salir de la violencia.

Esto está directamente relacionado con la casi disolución del Programa para el Apoyo Urgente y la Asistencia Integral para familiares de víctimas de femicidio, en el que quedaron trabajando solo dos personas en todo el país. También fue afectado el Programa de Reparación económica mensual para hijas y/o hijos de víctimas de femicidio, que entre otras cosas permitía que esos chicos puedan completar los estudios. En lo que va del año, 151 hijos e hijas quedaron sin madre. Según datos del del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, se registraron 136 femicidios, 3 lesbicidios, 1 trans-travesticidio y 11 femicidios vinculados. 

A eso se suma, el desguace de la Línea 144, que atendía 340 llamadas diarias. El personal se redujo en un 42%: echaron a 75 de las 146 personas que daban el servicio en todo el país. “Quedó diezmada, esto impacta directamente en la capacidad de atención, cada caso requiere un tiempo para hacer la evaluación, dialogar y pensar cómo poder salir de la violencia. Eso te lleva a tiempo, no es un call center, es un área de atención de escucha de acompañamiento profesional”, explicó Fuentealba. 

Otro de los organismos fuertemente afectado fue el INTI, donde despidieron 282 personas de todo el país. Incluso fueron reprimidos el lunes tras manifestarse en la sede de la Ciudad de Buenos Aires. Esto se suma al desmantelamiento por la falta de dinero para insumos, equipamiento e infraestructura. En este caso, el impacto lo ven también las pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. En Río Negro y Chubut, por ejemplo, distintas cámaras empresarias se pronunciaron en defensa del organismo, incluso el Cluster Vaca Muerta. “En el interior, las PyMES no tendrían la posibilidad de poder ser acompañadas  por un equipo interdisciplinario para poder abarcar un desarrollo de distintas áreas”, contó Julieta Caló, diseñadora industrial del INTI Bariloche, a este diario. 

Además de controlar la calidad del combustible, verificar las balanzas de los supermercados, corroborar que los juguetes no contengan elementos tóxicos, entre otro tipo de certificaciones, el INTI da asistencia técnica para mejorar productos y procesos a empresas y emprendimientos que de otra manera no podrían hacerlo. “Esas certificaciones respaldan la seguridad de los productos y de los procesos, entonces desmantelar el INTI significa negar la posibilidad que se le está dando a las empresas desde el año 1957 de poder exportar o poder cumplir con ciertos estándares para que puedan ser competitivas en el mercado”, agregó Caló. 

Una fuente del entorno de Javier Milei le confirmó a elDiarioAR que el Gobierno planea despedir en total a 75.000 trabajadores y trabajadoras en forma escalonada. A ese objetivo se llegará mediante tandas trimestrales de desvinculaciones, la primera de las cuales tuvo lugar en marzo y, la segunda, en junio. Según los datos del propio Gobierno, son 25.000 los despidos en lo que va del año, a los que se suman los de esta semana. Todo indica que hay que esperar alrededor de 50.000 nuevos. En el oficialismo admiten que puede haber “casos injustos”, pero sostienen que en todo casos son “una gran minoría” y que en 20 años se duplicó la planta de trabajadores estatales, razón suficiente –de acuerdo a su razonamiento– para que esta nueva administración pueda realizar los recortes sin haber que hasta el momento se conociera si realizaron o no algún tipo de evaluación laboral sobre los despedidos.

En la Secretaría de Derechos Humanos se registraron 63 despidos que se suman a los más de 40 de principios de año. Pertenecían a la Dirección Nacional de Sitios, que tiene a cargo los excentros clandestinos de detención, al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, el Centro Cultural Haroldo Conti y al Archivo Nacional de la Memoria. Son espacios que trabajan con políticas reparatorias vinculadas con las pensiones y asignaciones a sobrevivientes y familiares. 

Además, despidieron a especialistas que se encargaban de los sitios de memoria, importantes para el desarrollo de los juicios por delitos de lesa humanidad. “Sacaron gente especializada como conservadores, historiadores, archivistas,  historiadores, investigadores, gente de mantenimiento, arquitectos que tenían saberes específicos para para mantener los edificios por la erosión del tiempo porque son prueba judicial. Por ejemplo, despidieron a personas que  pueden trabajar sobre una pared para hacer el decapado, es decir, sacar capa por capa de la pintura para llegar y corroborar lo que dice un sobreviviente”, explicó Octavio Rampoldi, secretario de Derechos humanos de la Junta Interna de ATE.

En el área de Salud, el gobierno echó a 88 trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas. Algunos de Enfermería, Kinesiología, Endocrinológía, e incluso a la única bióloga molecular que detecta casos de leucemia en adolescentes. Según un informe realizado por la CTA, la cantidad de ocupados pasó de 341.473 en diciembre de 2023 a 322.250 en abril de este año, por lo que se registraron 19.223 bajas. La mayoría de las desvinculaciones fueron en Administración Pública  Nacional, sobre todo en Administración Centralizada, con más de 15.400 trabajadores y trabajadoras desvinculadas. En su mayoría, se trata de organismos públicos que ejecutan políticas sociales, culturales y científicas.

CDB/MG