En los últimos tres años, creció el número de víctimas de femicidio que ya habían hecho la denuncia contra su agresor

Marcha en Rojas pidiendo justicia por Úrsula

En los últimos tres años creció la cantidad de mujeres víctimas fatales de violencia de género que acudieron al Estado argentino y no obtuvieron respuesta: fueron víctimas de femicidios perpetrados por el agresor al que ya habían denunciado. El caso de Úrsula Bahillo, asesinada en Rojas por su ex pareja, el policía de la Provincia Matías Ezequiel Martínez, no es aislado.

Según cifras de la organización especializada La Casa del Encuentro, entre 2018 y 2020 92 mujeres denunciaron al varón que las asesinó en un crimen mediado por la violencia de género. En 2018, habían denunciado el 8,4% de las víctimas: en 23 casos de los 273 que tuvieron lugar ese año la víctima había buscado ayuda en algún organismo del Estado. En 2019, año en el observatorio de La Casa del Encuentro registró 299 femicidios, 33 de las víctimas habían presentado su denuncia: 11,04% del total. En 2020 esa población llegó al 12%.

Crece la cantidad de mujeres que presentan su denuncia y no obtienen protección -sino todo lo contrario- por parte del Estado, y crece, entre las víctimas totales de femicidio que este país cuenta cada año, la proporción de mujeres que habían buscado ayuda y, aún así, quedaron expuestas a sus agresores.

“¿Esa falta de respuesta es violencia institucional?”. Ante la consulta de elDiarioAR, Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, responde: “Indudablemente. Esa falta de respuesta es violencia institucional. La violencia de género es un fenómeno social cuyas causales llevará mucho tiempo transformar, pero lo que no puede seguir pasando es que una vez que interviene el Estado no haya eficacia y sí haya revictimizaciones”.

La violencia de género es un fenómeno social cuyas causales llevará mucho tiempo transformar, pero lo que no puede seguir pasando es que una vez que interviene el Estado no haya eficacia y sí haya revictimizaciones

Mariela Labozzetta — Titular de la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres

“Sea quien fuere el representante del Estado que intervenga, no importa si es un fiscal, un juez, un médico o un policía, tiene que articular un mecanismo eficaz. A veces se hace todo bien y los femicidios ocurren igual, pero no puede pasar que no se escuche a la víctima, que se minimice el riesgo, que falle la perspectiva de género en la dependencia del Estado, o que falten recursos en las oficinas especializadas. Son todas cosas que ya no pueden pasar”, destaca la fiscal, y remata: “Cuando ocurren estas cosas seguimos dando el mensaje de que la violencia de género está prácticamente autorizada”.

En 2019, un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación determinó que dos de cada tres homicidios dolosos cometidos contra mujeres son femicidios. Esa es la dimensión del impacto que la violencia de género -y sólo hablando de su forma más extrema- tiene en la vida y la muerte de las mujeres en la Argentina.

Las denuncias previas a los femicidios no son el único parámetro que da cuenta de esa falta de respuesta. Entre 2018 y 2020 hubo 53 crímenes cometidos por varones sobre los que recaía una medida cautelar de restricción establecida luego de que la víctima acudiera al Estado. El 6,1% de los femicidios cometidos durante esos tres años, según sistematizó La Casa del Encuentro, ocurrieron a pesar de esas medidas, que son dispuestas -y deben ser controladas- por el Estado.

En ese sentido, el caso de Úrsula se parece al de al menos otras 53 mujeres que fueron asesinadas por varones en los últimos tres años y al de otras 121 víctimas de femicidios registradas entre 2008 y 2017: en todos esos casos, mediaba alguna medida cautelar o de exclusión.

Martínez, el femicida de 25 años, es miembro de la Policía de la Provincia. En enero, entre los 31 crímenes mediados por violencia de género que se registraron en la Argentina, uno fue cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad. Entre 2008 y 2020 fueron 212 los femicidas que pertenecían o habían pertenecido a esos cuerpos que dependen del Estado. De cada 100 mujeres que son asesinadas en la Argentina en el marco de un femicidio, 6 asesinos son o fueron integrantes de las fuerzas de seguridad: esa autoría ya tiene dos marcas en los primeros 40 días de este 2021.

Las estadísticas sistematizadas por las organizaciones dan cuenta de otro déficit del Estado: no sólo que empezó a relevarlas años después -la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación inició su registro de femicidios en 2015- sino que no están unificadas. Es que, aparte del registro del Poder Judicial, existe el del Ministerio de Seguridad de la Nación, cuyo primer año relevado fue 2017.

En el caso de Úrsula había denuncias previas, una medida de restricción establecida por la Justicia y un agresor que formaba parte de las fuerzas de seguridad del Estado y que, Ley Micaela mediante, el mismo Estado tuvo la obligación de capacitar en perspectiva de género.

Se parece al de otras mujeres, que fueron violentadas, pidieron ayuda, no la obtuvieron y fueron asesinadas. No son casos aislados.

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