Las terminales de Vaca Muerta: las emisiones que viajan más allá de la cuenca

Para muchos habitantes de Argentina, lo que suceda en el norte de la provincia de Neuquén, en las localidades petroleras como Añelo, puede quedar un poco lejos. Algo de cierto hay en esa percepción. Entre esa ciudad bajo la que se extiende parte del yacimiento de hidrocarburos no convencionales más importante de Argentina y la Capital Federal hay 1.200 kilómetros de distancia. Mientras que de Bahía Blanca, ciudad portuaria de la provincia de Buenos Aires, distan 640 kilómetros. Sin embargo, el entramado productivo de la extracción y exportación de petróleo y gas no termina en la provincia patagónica. Actualmente existen gasoductos, transportes y refinerías en otros territorios del país que cumplen un rol fundamental en la cadena productiva y que hacen posible que la rueda gire y gire cada vez más. En otras palabras, las terminales de Vaca Muerta van mucho más allá de Neuquén.

En ese contexto, la ONG estadounidense Earthworks trabaja apoyando a comunidades locales para evidenciar la contaminación derivada del petróleo, el gas y la minería, entre otras problemáticas ambientales. Para demostrar la contaminación del aire, la organización captura los gases invisibles al ojo humano a través de una cámara termográfica que también usa la propia industria. Con ese instrumento, Earthworks ha llevado a cabo tres viajes a Argentina en 2019, 2023 y 2026.

Ya en 2023 la cámara de Earthworks pudo capturar emisiones de gases en distintos puntos del yacimiento Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén; en refinerías, centrales termoeléctricas y plantas petroquímicas de Bahía Blanca, y en la refinería de Dock Sud, provincia de Buenos Aires. Este año sumó por primera vez a la provincia de Río Negro, precisamente para medir el nodo del gasoducto en San Antonio Oeste desde donde partirán los caños para alimentar a los dos buques de licuefacción de gas de Southern Energy, que comenzarán a operar a partir de 2027 anclados en el Golfo de San Matías, tan solo a 35 kilómetros de la ciudad turística de Las Grutas.

Junto a otras organizaciones ambientalistas, la ONG llegó antes que los barcos con la idea de establecer una línea de base de emisiones en este punto de infraestructura en expansión que pronto será el corazón de las exportaciones de gas licuado argentino.

“Las organizaciones decidimos ir a hacer una medición actual, que sería el momento cero en el que no están instalados estos proyectos, para en un futuro poder compararlos y así mostrar cómo esto fue alterando la calidad de aire de un ecosistema de alto valor de conservación”, sostiene María Marta Di Paola, miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, quien participó de la recorrida con Earthworks. El Golfo de San Matías, donde se instalarán los buques de licuefacción de gas, es un sitio clave de reproducción y cría de ballenas francas australes.

La cámara realizó sus registros desde las playas de “El Sótano” en las orillas de la bahía de San Antonio, en el Golfo San Matías. De esa manera, no se detectaron emisiones. “Ahora está prístino, superlimpio. Veamos cómo está la próxima vez que vengamos”, sostiene Patricia Rodríguez, analista y termógrafa de Earthworks, en referencia a cuando se terminen de concretar las obras para la instalación de los buques de gas natural licuado (GNL).

Emisiones a lo largo de toda la cadena

A diferencia de lo ocurrido en el Golfo de San Matías, el equipo de investigadores sí captó emisiones en su reciente visita a Neuquén y Bahía Blanca, al igual que en 2023. Este año, la captura de imágenes volvió a arrojar resultados. En Vaca Muerta, se capturaron imágenes de emisiones en 14 puntos y en Bahía Blanca y alrededores, en 8 ubicaciones, según adelantó Earthworks en una rueda de prensa, mientras los datos obtenidos están siendo procesados y sistematizados.

Las emisiones pudieron verse, como en los viajes anteriores, a lo largo de toda la cadena de valor, sin variar demasiado entre la infraestructura vieja o nueva. “Las emisiones se dan en todo tipo de infraestructura: vieja, nueva, es decir, no hay mucha distinción. Tal vez en las viejas puede haber más fugas por algún daño en las válvulas, pero con los venteos y con las emisiones parciales de los mecheros, no lo veo muy diferente”, explica Rodríguez.

Además, Rodríguez sostiene que pudo observar la expansión de la industria en comparación con 2023: “Vimos muchas más plantas, pozos, gasoductos, oleoductos, anacondas, camiones, mucha más presencia de todo lo que tiene que ver con la expansión de la infraestructura. Eso no era tan visible en 2023 y ahora está en todo el lugar. Claramente es una industria que está en expansión”.

En Bahía Blanca, las organizaciones recorrieron el polo petroquímico que abarca las localidades de Ingeniero White, Cerri y Puerto Rosales, donde se reciben, procesan y exportan el petróleo y el gas de la provincia de Neuquén. 

Di Paola, de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, explicó el objetivo del viaje a la zona: “Nos interesaba conocer qué pasa donde procesan todo lo que se extrae de Vaca Muerta”. En ese sentido, remarcó la importancia de visibilizar las emisiones que ya suceden en esos puntos de la provincia de Buenos Aires: “Siempre se habla de Vaca Muerta, y hablamos de lo que va a pasar en el Golfo San Matías, pero ya hay algo que está sucediendo hace muchísimos años en Bahía Blanca. Entonces, nos parecía importante incluir esa historia en el relato”.

Los instrumentos para evidenciar lo invisible

Earthworks trabaja con una cámara de imágenes ópticas de gas (conocida como OGI, por sus siglas en inglés), un instrumento fabricado por la compañía FLIR y utilizado también por la propia industria petrolera. Con esa cámara viajan a distintos sitios para medir los gases emitidos a la atmósfera por la explotación convencional y no convencional de hidrocarburos en Estados Unidos y países como México, Colombia, Brasil y Argentina.

A simple vista la cámara podría confundirse con una grabadora de video de los años 90. Sin embargo, tiene la capacidad de llegar a temperaturas criogénicas (200 o 300 grados bajo cero) para poder capturar, con distintos filtros espectrales, las emisiones invisibles al ojo humano. Detecta hasta 20 gases, entre ellos metano, benceno, tolueno, propano y butano.

“Ya hace 12 años que estamos haciendo este trabajo porque se nos ocurrió la idea de que, si podemos evidenciar la presencia de gases de efecto invernadero y otros gases nocivos para la salud con las imágenes que tomamos, junto con las comunidades, podemos generar cambios y reducir las emisiones de metano vía presiones de la sociedad civil”, explica Rodríguez en diálogo con Climate Tracker América Latina.

Sin embargo, la cámara tiene limitaciones: no cuantifica. “Nosotros no usamos la cámara para cuantificar, la usamos para decir 'aquí hay un problema, ¿qué vamos a hacer?'”, aclara. Además, las muestras que puedan tomarse solo reportan que en ese momento y lugar hubo una emisión, pero no dan cuenta de algo sostenido en el tiempo. 

Cámara y satélite: lo que se complementa

Las imágenes satelitales, muy utilizadas como herramientas de medición de emisiones, también tienen sus limitaciones. Según Rodríguez, “hasta ahora lo que capturan son lo que se llaman 'supereventos', que son liberaciones masivas de metano. Pero no son todas, porque uno puede estar en terreno viendo con la cámara algo que está súper mal, pero que no sale en las imágenes satelitales, por diferentes razones, como que no tienen tamaño masivo para capturarse desde el satélite, o porque hay muchas nubes o porque hay muchos árboles”.

La diferencia técnica entre ambas es precisa: el satélite puede cuantificar la cantidad de metano liberado, pero solo detecta emisiones masivas (los llamados “superemisores”, que son emisiones de más de 100 kilogramos de metano por hora). La cámara OGI, en cambio, muestra las emisiones en el territorio y geolocaliza la fuente, pero no mide cantidades.

En línea con lo planteado por Rodríguez, un informe de 2026 del Rastreador Global de Metano de la Agencia Internacional de Energía (AIE) analizó las herramientas disponibles para captar las emisiones de gas y planteó que las cámaras OGI tradicionales pueden identificar y localizar con precisión a las fuentes de emisión pequeñas, pero producen visualizaciones cualitativas en lugar de estimaciones cuantitativas de tasas de emisión.

Además, el informe destaca que la detección de metano mejoró notablemente en los últimos años gracias a un mejor aprovechamiento de las redes satelitales existentes y el lanzamiento de nuevos dispositivos. Según la AIE, una gestión eficaz del metano requiere marcos de medición que combinen datos espaciales, aéreos y terrestres, y que tengan en cuenta a los “superemisores”.

El metano: un gas de efecto invernadero de corto plazo con efectos a largo plazo

El metano es un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera, por lo que se considera que tiene alto poder de calentamiento, a pesar de ser de vida corta.

Según el citado informe de la AIE, el sector de combustibles fósiles es responsable de alrededor del 35% de las emisiones de metano de origen humano. Sin embargo, el propio organismo sostiene que casi 85 millones de toneladas, es decir, el 70% de las emisiones fósiles de metano, podrían reducirse con tecnología ya existente.

La sección de América Central y del Sur del informe indica que la intensidad de emisiones de metano de las operaciones de petróleo y gas en Argentina y Ecuador es aproximadamente el doble del promedio global. Además, señala que los volúmenes quemados (flaring) en Argentina aumentaron más del triple entre 2015 y 2025.

Emisiones de metano en Argentina

A futuro, las emisiones de metano de Argentina abrirán diferentes escenarios según las políticas que se apliquen. Gabriel Blanco, ingeniero, investigador y coordinador del Centro de Tecnologías Ambientales y Energía (CTAE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro, junto con la investigadora Daniela Keesler analizaron cómo serían esas emisiones de metano en cuatro escenarios energéticos proyectados a 2050: un contexto de continuidad del modelo actual; uno de electrificación de los consumos con expansión de energías renovables; uno que propone la incorporación gradual del hidrógeno verde; y un escenario de bioenergía que promueve el uso masivo de biocombustibles.

La foto del presente ya muestra una tendencia en alza. Según el estudio, “en 2022, las emisiones de metano del sector energético en la Argentina alcanzaron 25.106 ktCO₂e, y se estima que en 2025 estén cerca de las 35.000 ktCO₂e. Es un aumento del 39%, asociado principalmente a la expansión de la producción de gas no convencional en Vaca Muerta”.

Hacia adelante, la diferencia entre seguir con esta tendencia o cambiar de rumbo es enorme. Los investigadores plantearon que “bajo el escenario tendencial, con crecimiento sostenido de la demanda interna y proyectos de exportación, las emisiones podrían escalar hasta 56.300 ktCO₂e en 2050, duplicando las emisiones fugitivas respecto de 2025. En contraste, los escenarios alternativos proyectan emisiones casi nulas (300-400 ktCO₂e), limitadas a la generación eléctrica con biomasa y al uso de biocombustibles”.

Esa caída abrupta no sorprende a los autores: los escenarios alternativos están construidos sobre la premisa de llevar los gases de efecto invernadero casi a cero. Lo importante, según Blanco, es que demuestra que “es posible transformar el sistema (energético) desde lo técnico y lo tecnológico, porque si no se dice todo el tiempo que no se puede. Es cierto que no se hace de un día para otro, pero sí se puede, y eso es fundamental”. Además, el investigador destaca que la salida de los fósiles trae aparejados muchos otros asuntos que resolver según cada tecnología, por ejemplo, el requerimiento de minerales críticos necesarios para la electrificación. 

El análisis concluye que “resulta imprescindible cuestionar la orientación de muchas de las medidas de mediano y largo plazo que organismos internacionales proponen como vía de mitigación. Aun cuando aparecen revestidas de innovación tecnológica o de sofisticación regulatoria, en la práctica refuerzan la misma lógica extractiva y centralizada que sostiene la dependencia de los combustibles fósiles. Se trata de soluciones que ajustan el modelo actual y así extienden su vigencia bajo nuevas formas, en lugar de habilitar un cambio real de modelo energético. Superar esa lógica es una condición indispensable para encarar una transición energética profunda y coherente con los objetivos climáticos”.

La falta de datos, una continuidad

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) fue una de las promotoras y organizadoras del viaje interprovincial. En diálogo con Climate Tracker, Ariel Slipak, coordinador del área de investigación de la fundación, analizó la problemática de la falta de datos sobre calidad del aire en el país. “No hay mediciones de la calidad de aire rigurosas y sistemáticas. Lo que demuestra el viaje, más allá de las imágenes puntuales, es que hay opacidad”, sostuvo, y agregó: “Los estados nacionales y provinciales no realizan las mediciones. No hay información porque no realizan las mediciones que tienen que hacer”.

Esta problemática, según Slipak, se sostuvo a lo largo del tiempo: “Adrede, a mi juicio, los distintos gobiernos nacionales y provinciales que pasaron no han tomado medidas políticas para que se hagan esas mediciones. Con una actitud complaciente hacia la industria hidrocarburífera, para que no tenga que internalizar más costos”.

Además, el organismo encargado de diseñar y ejecutar las políticas públicas nacionales de desarrollo sostenible, protección de los bienes naturales y lucha contra el cambio climático sufrió una degradación no solo en materia institucional, sino también presupuestaria desde la llegada al gobierno de Javier Milei. Así lo explica el último informe de FARN: “El Ministerio de Ambiente fue reducido al rango de subsecretaría y, durante 2024, su presupuesto registró un recorte real del 79,4% en relación con los fondos ejecutados en 2023. En 2025 el ajuste se profundizó: la Subsecretaría de Ambiente presentó una caída real del 80,8% respecto de 2023. Para 2026, en caso de ejecutarse la totalidad de los fondos previstos, se proyecta una reducción real del 79,6% en comparación con 2023”.

Asimismo, la fundación dimensionó lo que significaba el organismo dentro del presupuesto nacional: “Hacia 2023 el peso del entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el presupuesto total era de un 0,12%, mientras que para los años de la gestión del actual Gobierno resulta estructuralmente de un 0,03%”.

Argentina y sus compromisos climáticos

Argentina suscribió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley 27.270. En diciembre de 2020, firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en la que se comprometió a no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. Sin embargo, bajo la gestión de Javier Milei, los esfuerzos para alcanzar esa meta se desaceleraron. Durante la COP30 de 2025, Argentina no actualizó su NDC.

“La falta de presentación de la NDC 3.0 no constituye un mero retraso administrativo, sino que simboliza un debilitamiento del compromiso político con la gobernanza climática internacional y profundiza la incertidumbre sobre la trayectoria nacional de reducción de emisiones”, advierte el ya mencionado informe de FARN.

Argentina tiene, además, compromisos internacionales vinculados específicamente al metano. Desde 2018 forma parte de la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC), en la que distintos gobiernos, empresas e instituciones se comprometen a reducir contaminantes de vida corta como el metano y el carbono negro. También integra la Iniciativa Global del Metano (GMI), que fomenta la recuperación y el uso del metano como fuente de energía.

Climate Tracker consultó a la Subsecretaría de Ambiente si había fecha estimada para la presentación de la tercera NDC, que debía realizarse en febrero de 2025 y a qué se debía esa demora. Asimismo, se consultó qué políticas se están aplicando actualmente desde la subsecretaría para reducir las emisiones de metano, y si hay mediciones periódicas o permanentes por parte de la subsecretaría y las acciones que se ejecutan con los datos obtenidos. También consultó acerca de las acciones que se implementan en el marco de los compromisos internacionales firmados. Al cierre de esta nota, no se recibió respuesta del organismo. 

Los subsidios a la expansión: el RIGI y el Super RIGI

En este contexto, surgió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado por el Congreso Nacional en 2024, que ofrece estabilidad fiscal por 30 años a grandes proyectos de inversión que superen los USD 200 millones. Según Slipak, “el RIGI no es solamente un régimen de incentivos fiscales, cambiarios y aduaneros a grandes proyectos de inversión, sino que también es un régimen jurídico que regula contra el ambiente”. El ya citado informe de FARN, destaca que el RIGI “establece un orden de prioridades en el acceso a recursos estratégicos, como el agua y la energía, favoreciendo a estos emprendimientos por sobre las necesidades de las poblaciones locales”.

Y es que varios de los proyectos que entraron a ese régimen están directamente vinculados a la cadena de Vaca Muerta. Según el informe de mayo de 2026 del Observatorio Rigi: “Entre 2024 y 2026 se presentaron 36 proyectos por más de USD 106.104 millones, de los cuales 30 corresponden exclusivamente a sectores extractivos: minería (20 proyectos) e hidrocarburos (10 proyectos).” En materia de petróleo, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) fue aprobado en el RIGI en 2025 y conectará la ciudad de Allen, provincia de Rio Negro con una terminal de exportación en Punta Colorada, sobre el Golfo de San Matías, a lo largo de más de 400 kilómetros.

En cuanto al gas, el consorcio Southern Energy ingresó al RIGI en 2025 el proyecto que contempla la instalación de dos buques de licuefacción de gas (Hilli Episeyo y MKII) en la costa rionegrina del Golfo de San Matías, que comenzará a operar en 2027. Asimismo, en junio de este año, ingresó al RIGI al proyecto del Gasoducto San Matías que trasladará el gas desde Neuquén hasta el golfo.

El pasado 8 de mayo, el gobierno nacional anunció el Super RIGI, una versión con beneficios fiscales aún mayores, entre ellos, una tasa de impuesto a las ganancias del 15% en lugar del 25% del RIGI original. El proyecto apunta a inversiones de más de 1.000 millones de dólares en sectores que incluyen GNL onshore y nuevos productos petroquímicos, entre otros.

Mientras tanto, Di Paola asegura que “Vaca Muerta no se podría seguir expandiendo si no tuviera como contracara Bahía. Y está claro que el Golfo San Matías va a ser el nuevo polo de exportación y es la infraestructura clave necesaria para que Vaca Muerta pueda seguir desarrollándose”. Por lo mismo, advierte que “la expansión en la producción de hidrocarburos se va a correlacionar con un incremento de las emisiones de metano”. 

Así, Bahía Blanca, donde la cámara registra emisiones desde 2023, se presenta como una ventana al futuro de lo que podría suceder en el Golfo. Las terminales de Vaca Muerta se siguen expandiendo. Las emisiones, de sostenerse el estado de las cosas, también lo harán.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina