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Pobreza laboral

El salario mínimo que decretó Milei no cubre ni la cuarta parte del costo de vida de una familia tipo

En la Argentina de Javier Milei el salario mínimo, dispuesto por decreto, no cubre ni el 25% del costo de vida mensual de los trabajadores, de acuerdo con el Indec.

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13 de enero de 2026 16:42 h

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En diciembre de 2025, una familia tipo necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el informe oficial del Indec sobre canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. En ese mismo mes, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue de $334.800. La relación entre ambos valores revela el núcleo del problema: el ingreso mínimo legal cubre apenas el 25,5% del costo de vida estimado para un hogar con dos personas adultas y dos menores.

En otras palabras, no alcanza ni para cubrir la cuarta parte de las necesidades básicas de una familia trabajadora. Esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el año y se consolidó como una expresión estructural de pobreza en el mundo del trabajo.

La canasta básica total (CBT) calcula el costo mensual de bienes y servicios esenciales: alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, vestimenta y algunos consumos no alimentarios mínimos. Su valor sirve para establecer la línea de pobreza. En 2025, esa canasta subió 27,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— aumentó un 31,2% .

Ambas crecieron por encima de muchos ingresos reales. Y aunque la inflación anual fue del 31,5%, según el IPC, los productos que más pesan en la canasta —alimentos, servicios y transporte— subieron aún más. Solo en diciembre, tanto la CBT como la CBA aumentaron 4,1%, una cifra superior al promedio general .

El problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto valen los salarios. El SMVM se mantuvo por debajo de la línea de pobreza todo el año. Para hogares de cinco integrantes, el costo de vida en diciembre fue de $1.376.478, mientras el ingreso mínimo seguía fijo en $334.800. Esa diferencia responde a una estructura económica que devalúa el trabajo y no lo reconoce como medio suficiente de subsistencia.

Además del salario mínimo, otro indicador relevante es el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores formales con aportes previsionales. En septiembre de 2025 —último dato disponible al cierre del año— ese ingreso fue de $1.551.831 brutos. A primera vista, el número supera el costo de la canasta básica total (CBT), que en diciembre fue de $1.308.713 para una familia tipo. Sin embargo, el RIPTE no refleja el ingreso disponible en mano, ya que incluye aportes jubilatorios, descuentos de obra social y otras retenciones, por lo que el salario neto puede reducirse en un 17% o más.

Además, se trata de un salario individual que debe sostener a un hogar entero de cuatro personas. Aun si se lograra empatar el valor de la canasta con un ingreso neto equivalente, esa familia seguiría sin margen para cubrir alquiler, salud no cubierta, educación extracurricular o cualquier gasto imprevisto. Por eso, incluso los trabajadores formales con ingresos promedio enfrentan niveles de restricción material crecientes. La pobreza laboral, en este escenario, no es una situación excepcional: es una realidad estructural que atraviesa al conjunto del mundo del trabajo.

La pobreza laboral de la que se viene hablando ya desde la pandemia ya no es un fenómeno marginal: al parecer llegó para quedarse. Según la Encuesta Permanente de Hogares, más del 36% de los ocupados trabaja en condiciones informales. En ese universo, los ingresos no solo son más bajos: también carecen de paritarias, aguinaldo o actualizaciones automáticas frente a la inflación. En la mayoría de esos casos, el ingreso mensual ni siquiera cubre la canasta alimentaria, lo que ubica a esos hogares por debajo de la línea de indigencia.

Los sectores registrados tampoco quedaron protegidos. En muchos gremios, las paritarias cerraron por debajo del 30% anual, y aunque hubo revisiones, no alcanzaron a igualar el ritmo de aumento del costo de vida. Según estimaciones del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el salario mínimo perdió un 36% de su poder de compra entre 2023 y 2025.

Detrás de cada cifra hay una traducción concreta: el salario rinde cada vez menos para comer, para alquilar, para viajar, para pagar servicios básicos. En lugar de acercarse al umbral de la canasta básica, el ingreso real se aleja. La pobreza no es un resultado ocasional: es la forma habitual en que viven millones de personas que tienen trabajo.

Este desfasaje estructural se volvió constante: el ingreso por trabajo ya no garantiza superar la línea de pobreza. En muchos hogares, ni dos salarios mínimos combinados alcanzan para cubrir lo que el Estado estima como nivel de subsistencia sin pobreza. Esa es la definición más nítida de pobreza estructural en el mundo del trabajo.

Mientras el modelo económico no garantice que trabajar sea suficiente para vivir con dignidad, la pobreza seguirá reproduciéndose dentro del empleo, y no en los márgenes del sistema. Es una crisis del valor del trabajo, no solo del nivel de precios.

JJD

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