El Gobierno relanza su campaña federal para conseguir votos y aprobar la reforma laboral en febrero

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD