La Corte sigue en silencio

Si el Estado “reorganizó” áreas clave, redujo equipos y desarmó programas, ¿cómo garantiza hoy la protección de las mujeres, niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de violencia? Esa pregunta motivó una demanda judicial que junto a otras organizaciones presentamos hace dos años. La respuesta a esta pregunta sigue pendiente mientras miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes que buscan ayuda no la encuentran. Son las 98.938 personas que no accedieron al Programa AcompañAR entre 2023 y 2024. La pregunta que originó nuestra demanda sigue sin respuesta.

Mientras la Justicia demora, los datos muestran una realidad desoladora y preocupante. Las principales políticas destinadas a prevenir la violencia de género y promover la igualdad vieron que su presupuesto se desplomó en un 89%. La Línea 144, la primera puerta de auxilio para quienes buscan ayuda, perdió dos tercios de su presupuesto en 2026. El objetivo oficial de asistencias se derrumbó a 60.000, un tercio de las personas atendidas en 2023.

El caso más evidente es el del Programa AcompañAR, que brindaba apoyo emocional, legal y económico para salir de situaciones de violencia. En 2023 accedieron 102.510 personas; en 2024 ese número se redujo a apenas 3.572 personas, es decir, 96,5% menos. Durante todo el primer semestre de 2025 no hubo una sola alta nueva. A este ajuste letal se suma que el beneficio, equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, se redujo de 6 a 3 meses. Como si eso no fuera suficiente, se empezó a exigir denuncia previa, una barrera que la propia normativa buscaba evitar. Sin acompañamiento y condiciones de seguridad mínimas, presentar una denuncia suele dejar a la mujer más expuesta al peligro antes que ayudarla. Hoy son miles los expedientes que siguen paralizados por trabas administrativas, mientras que las víctimas de femicidio siguen sumándose a la estadística de violencia letal.

Detrás de cada uno de estos números hay una persona que busca ayuda y no encuentra respuesta, o la encuentra tarde. Los tiempos judiciales son todavía mucho más lentos que los de quienes necesitan una solución urgente.

Cuando junto a un grupo de organizaciones presentamos, el 28 de junio de 2024, una demanda judicial contra el Estado nacional, advertimos que desarmar estas políticas sólo podía derivar en un recrudecimiento de la violencia y en un mayor desamparo para niños, niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia. Con la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, ese pronóstico dejó de ser una hipótesis, porque esa decisión significó un retroceso de más de treinta años en la protección de estos derechos, y ubicó a la Argentina como el único país de la región sin un organismo a cargo de las políticas de género. Sin decisión política ni dirección en la gestión, es muy difícil que el Estado pueda realmente cumplir con sus obligaciones para proteger a quienes atraviesan situaciones de violencia de género.

¿Cuánto nos cuesta el ajuste?

Intervenir cuando la violencia ya escaló le cuesta al Estado 22 veces más que invertir en prevención y atención temprana. El presupuesto nacional considerado en su conjunto se redujo un 24% respecto de 2023. Sin embargo, las políticas de igualdad de género sufrieron un recorte tres veces mayor.

Recuperar estas políticas para las mujeres de todo el país costaría menos del 40% de lo que el Estado resigna cada año por la exención del Impuesto a las Ganancias, que beneficia a magistrados y magistradas.

Mientras esta realidad golpea a quienes más necesitan los programas de acompañamiento en materia de género y violencias, la Justicia sigue sin responder. Hace apenas unas semanas se cumplieron dos años de la acción declarativa de certeza que presentamos en 2024 para que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, explique cómo iba a cumplir con sus obligaciones para prevenir la violencia contra las mujeres.

En diciembre de 2024, el juez Enrique Alonso Regueira hizo lugar a la medida cautelar que solicitamos y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de seguir recortando personal e infraestructura y sostener las funciones esenciales de prevención, atención y producción de datos. El Ministerio de Justicia apeló, y la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó esa decisión. Entonces, recurrimos a la Corte Suprema, que antes de decidir dio intervención a la Defensoría General de la Nación. La Defensoría emitió un dictamen contundente a favor de las organizaciones y recomendó dejar sin efecto la revocación y restablecer la protección cautelar para que se sostengan las funciones esenciales del Estado en relación con las políticas para abordar las violencias. El 27 de mayo de 2025 presentamos un recurso de queja para que la Corte reponga la cautelar en esos términos. Desde entonces, y aunque tiene ese dictamen favorable sobre el escritorio desde hace más de un año, la Corte todavía no se pronunció.

Mientras tanto, la causa de fondo avanza lentamente. El Ministerio contestó la demanda, se opuso a la producción de la prueba y no aportó ningún elemento que demostrara cómo garantiza la prevención y el acceso a la justicia frente a las violencias de género. El juez Alonso Regueira, hace pocos días, rechazó esta oposición y habilitó la etapa de producción de prueba. Por lo tanto, podremos acreditar en el expediente judicial el impacto que tiene esta inacción del Estado.

Dos años de demora judicial son miles de mujeres, niños, niñas y adolescentes que buscan ayuda, que necesitan asistencia y no la encuentran. Son las 98.938 personas que no accedieron al Programa AcompañAR entre 2023 y 2024. Son las llamadas a la Línea 144 que ya no tienen la misma atención que hace tres años. La pregunta que originó nuestra demanda sigue sin respuesta y la Justicia tiene la oportunidad de cumplir con su obligación de garantizar los derechos de todas.