Desinformación y síndrome de “pueblo chico”: las últimas barreras para acceder al aborto en La Pampa

Cientos de kilómetros recorridos. Mirta Fiorucci maneja el Chevrolet blanco. Va rápido, le gusta andar en la ruta. Tiene el pelo enrulado y grisáceo, usa unos anteojos de marcos enormes, como si fuesen capaces de mostrarle mejor el mundo y de protegerla también de la inclemencia de lo que ve. 63 años, profesora de matemática y física, militante feminista desde los ´90 aunque entonces ni siquiera ella se nombraba de ese modo. Antes de las cinco de la madrugada salió de su casa, amanece en La Pampa. En el asiento del acompañante va Mónica Rodríguez. 67 años, médica pediatra, dice que alguna vez fue tímida, pero a 10 años ya había leído La mujer rota de Simone de Beauvoir. Las dos miran hacia adelante.

En La Pampa, Mirta Fiorucci y Mónica Rodríguez son referentes en la lucha por los derechos sexuales y (no) reproductivos. Dos pioneras que lideraron el Monitoreo Social, un trabajo territorial que presentaron a fines de 2023 donde intentaron dilucidar cómo se está aplicando la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en las grandes ciudades como en los pueblos más pequeños e inhóspitos de la provincia. 

Ahora suena jazz en ese cubículo que se desplaza sobre la línea del asfalto. Están yendo a Santa Isabel, pero después viajarán a General Acha, estarán en Victorica, visitarán La Adela, llegarán a Realicó, pararán en Jacinto Arauz. 

Para ser justa: llevan miles de kilómetros, no cientos, miles de kilómetros recorridos en este viaje que iniciaron hace tantos años, porque hay que sumar también todas las veces que marcharon por las calles de Santa Rosa, levantando banderas feministas y pañuelos verdes.

La Pampa, feminista precoz

La salud sexual y reproductiva fue definida por primera vez como un derecho en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo realizada en El Cairo en 1994. Pero tres años antes de eso, La Pampa ya había sancionado el Programa Provincial de Procreación Responsable. Garantizaba el acceso a la anticoncepción reversible. Si bien por aquellos días un sacerdote predicó en Santa Rosa que “el útero es de Dios” fue la primera jurisdicción de nuestro país en avanzar con una legislación así. Recién en 2002 tuvimos una ley nacional en esta materia.

La Pampa también se adelantó en el reconocimiento al derecho a la anticoncepción permanente. Fue en esa época cuando se conocieron Mirta Fiorucci y Mónica Rodríguez. En 2002, a la pediatra la invitaron a participar de las reuniones que hacía Mujeres por la Solidaridad, colectivo que ya integraba la profesora de  matemática. Rodríguez llegó en un momento clave: a finales de ese año se hizo pública la historia de Carmen Gutiérrez, una madre que reclamaba la ligadura de trompas porque padecía una enfermedad que transmitía a sus hijos varones (la distrofia muscular de Duchenne), pero una jueza le había denegado la práctica por considerarla ilegal.  

—Esa lucha fue una usina —dice ahora Mónica Rodríguez.

Para acompañar a Carmen Gutiérrez el grupo de mujeres se puso a estudiar, a revisar otros casos, distintas legislaciones, empezaron a apropiarse de un lenguaje preciso, a tener una voz en los medios de comunicación, a hablar del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Y lograron incidir en las políticas públicas: en 2003, por unanimidad, en La Pampa se aprobó la ley sobre el Ejercicio de las Actividades de Salud, que incluía en el artículo 17 la realización de ligadura de trompas de Falopio y vasectomía.

Tres años después distintas organizaciones sociales de la provincia fueron invitadas a unirse a la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito.  Mujeres médicas, sindicalistas, universitarias, trabajadoras sociales, docentes, formaron el Foro Pampeano. Fiorucci y Rodríguez estaban ahí. El tema no era algo nuevo para ellas.

—En 2006 ya sabíamos que había casi 500 internaciones por año en hospitales públicos por causas vinculadas a abortos incompletos en La Pampa —dice Mónica Rodríguez. —La realidad no nos era ajena: Santa Rosa no dejaba de ser un pueblo chico, sabíamos qué pasaba, en qué consultorios se hacían de modo ilegal y riesgoso. Decidimos que trabajaríamos para no tener muertas en abortos clandestinos.

Ese año, ese 2006, se produjo otro antecedente en el acceso al aborto en los ámbitos hospitalarios de la provincia: se aprobó una ley  -por 19 votos a favor, una única abstención y sin votos en contra- que dio origen al Protocolo Hospitalario para la atención de abortos no punibles. Que luego el gobernador Oscar Mario Jorge vetó.  

Y las mujeres resistieron: otra militancia golpeó la puerta. “Se inició la construcción de una red basada en el modelo de reducción de riesgos y daños, en alianza con otros espacios profesionales y de activismo para garantizar abortos seguros, en el ámbito hospitalario”, dice para resumir esa época el informe del Monitoreo Social realizado por el Foro Pampeano.

Cambio de época

La Pampa. Una tierra reseca, con una población total de casi 362 mil habitantes según el último censo, donde sin embargo la lucha de las mujeres floreció mucho antes que en otras zonas. Acá, donde creen que nunca pasa nada.

En 2012, el fallo F.A.L impulsó nuevos protocolos. La Corte resolvió así una discusión sobre la que no había acuerdos: sin importar la salud mental de las mujeres, ante una violación, el aborto sería no punible. El Foro Pampeano ejerció presión a nivel provincial para ajustar los protocolos de acuerdo a lo que implicaba el fallo. Y se mantuvo lo suficientemente cerca de los debates y de los espacios de toma de decisión. En 2018 participó en la redacción de un Protocolo de interrupción legal del embarazo (ILE) no restrictivo aprobado por el Ministerio de Salud.

En el corazón de la pandemia, la marea feminista surfeó su ola más enorme: se aprobó a nivel nacional la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Su promulgación fortaleció el trabajo que ya se estaba realizando en La Pampa.

—Desde entonces se duplicaron los centros de salud para implementar la ley en la provincia: de 24 pasaron a ser 55— dice Mónica Rodríguez.

Pero quizá por la misma experiencia adquirida, las compañeras del Foro Pampeano tenían en claro  que una lucha no se gana sólo con la aprobación de una ley. A veces es solo el comienzo. Sabían que en  2022 el número de IVE/ILE fue de 419, lo que arrojaba una tasa de interrupciones cada 1000 mujeres en edad fértil de 4,72, y que de acuerdo al número de servicios de ILE/IVE en relación con la población de mujeres, La Pampa había sido la provincia con el indicador más alto para aquel año.  Lo que se preguntaban era si las mujeres y personas gestantes estaban bien informadas, si conocían realmente sus derechos, si el personal de salud cumplía con lo que ofrecía la ley. Y para responder todas esas preguntas diseñaron un Monitoreo Social. 

Del Congreso a los pueblos

Realicó es un pueblo de unos ocho mil habitantes ubicado al norte de la provincia. Eli Molina vive allí, nació ahí, se fue, volvió. Tiene 41 años, trabaja de manera virtual para el museo Olga Orozco. Cuando supo que el Foro Pampeano buscaba compañeras para que monitoreen la aplicación de la ley, se ofreció. En el hospital de su ciudad se acercó al consultorio de ginecología, esperó a las mujeres que tenían turno, les preguntó si podían conversar en otro momento. Algunas les dijeron que sí, pero después no respondieron sus mensajes, o le dieron mal el número de teléfono. Con otras pudo encontrarse. 

Pudo constatar que en Realicó, como en Santa Rosa o General Pico, las grandes ciudades, se está aplicando bien la ley: solicitás turno, actúan según tu inquietud, hay afiches informativos, la medicación está disponible, los equipos de salud han tejido las redes con otros hospitales para derivar pacientes cuando hace falta. Pero no alcanza.

—Hay mucha desinformación —dice. 

Sí. Eso atraviesa todas las localidades donde se realizó el Monitoreo: “las personas encuestadas que referían asistir habitualmente a dicho centro de salud, desconocían que se podía consultar o recibir atención para la IVE/ILE en dicho establecimiento, al mismo tiempo se observaba que en la sala de espera había cartelería o stickers respecto de este derecho. Esta observación ilustra uno de los desafíos en la implementación de esta Ley. De alguna manera, persiste cierto ”estado de clandestinidad“ vinculada con estas prácticas en amplios sectores de la población, y aún en los propios efectores de Salud, probables resabios de aquellas prácticas y concepciones que actuaron por décadas, obturando el derecho a decidir la interrupción de un embarazo”.

Bancarse el qué dirán

A cinco horas en auto, en el otro extremo de la provincia, en La Adela, un pueblo de dos mil habitantes que limita con Río Negro, Ana Laura Cabrera también relevó qué estaba pasando allí con la ley. Es Licenciada en Ciencias Políticas, tiene 39 años, fue parte de la red de Socorristas de la zona, ahora es docente de nivel secundario, feminista. Todo eso en una localidad tan pequeña invita, de entrada, a “bancarse el qué dirán”.

Ella también visitó durante semanas la salita comunitaria del pueblo. También pudo ver que se hace bien el trabajo: el médico que trabaja ahí reconoce el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y “eso marca la diferencia”, dice. Lo difícil es la mirada de muchas usuarias sobre el tema.

—Yo ni loca lo hago, no me lo permito –le respondían las mujeres que entrevistó.  

Pero Ana Laura Cabrera sabe que nada es tan simple y lineal. Ana Laura Cabrera está acostumbrada a que la llamen para que recomiende médicos que no sean del pueblo. La cuestión de que la información circula violando el derecho a la intimidad preocupa a los equipos del estado que trabajan por la aplicación de la ley.

En las entrevistas que también se hicieron para este Monitoreo Social con referentas de la Dirección de Maternidad e Infancia, con el Programa de Salud Sexual y con el Programa de Adolescentes, se reconoce que la cuestión de la  confidencialidad en las comunidades pequeñas es uno de los puntos más complejos vinculados con la calidad de atención de las ILE/IVE y que “es motivo de reclamos presentados por las personas que se comunican con la Línea de información del Ministerio”.  

A 200 kilómetros de La Adela, hacia el este, se ubica Jacinto Arauz. Rosana Bertinat es nacida en ese pueblo en el que alguna vez René Favoloro trabajó como médico rural. En la actualidad, la localidad no tiene más de dos mil quinientos habitantes. Bertinat tiene 35 años, es Profesora en Psicología, las primeras marchas de Ni Una Menos terminaron de comprometerla con los derechos de las mujeres, después la militancia por la IVE se volvió también su causa. Desde ese lugar se sumó a hacer el Monitoreo. Cubrió su pueblo y el de al lado: General San Martín, donde da clases en el nivel secundario. Hizo encuestas a mujeres de todas las edades. Quedó muy sorprendida porque las usuarias de los servicios de salud con las que habló creían saber del tema y sin embargo no tenían información de la IVE, o manejaban datos equivocados, otras sabían cosas, pero a medias.

Los datos generales del Monitoreo confirman esa sensación de Bertinat: “En relación con el conocimiento de las personas encuestadas respecto de la existencia de una ley nacional que permite abortar legalmente, un 84% de las usuarias contestaron afirmativamente. No obstante, cuando consultamos acerca del conocimiento sobre el plazo gestacional permitido para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) el nivel de conocimiento bajó: sólo el 30% respondió correctamente. También se observa desconocimiento sobre las causales para el acceso al aborto fuera de ese plazo”. ¿Qué deberíamos saber todas las mujeres o personas gestantes? Pilar Galende, médica pampeana, presidenta de la Federación Argentina de Medicina General, responde:

—La ley 27.610 autoriza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 inclusive. Hasta esa fecha, la persona que decide no continuar un embarazo por la razón que sea, puede solicitar la práctica en cualquier servicio público o privado, tenga o no obra social. La modalidad de objeción de conciencia está incluida en la ley, pero no se puede adoptar institucionalmente, o sea, puede ser que un profesional no haga la práctica, pero el centro de salud debe garantizar la resolución del caso, ya sea ahí mismo o realizando una derivación. Hasta la semana 12 de embarazo las prácticas pueden ser ambulatorias, el tratamiento se hace con dos medicaciones combinadas, de alta eficacia y mucha seguridad, que la persona utiliza en su domicilio siempre con el acompañamiento y la supervisión de un equipo de salud. Entre la semana 13 y 14 puede transitar la interrupción, pero ya en el contexto de una internación para mayor seguridad. 

Rosana Bertinat sabe que hay que seguir defendiendo la ley 27.610, pero también dice que el Estado debe ser garante.  Para ella, como profesora de nivel medio, la ESI es fundamental. Conoce a los adolescentes, sabe que necesitan más espacios para formarse en materia de derechos. 

Es preciso pasar la información. 

—Más que nunca en este momento –dice la docente de nivel secundario-. En las aulas se imponen comentarios que antes no se escuchaban, agravios hacia las condiciones sexuales, la puesta en duda de si fueron 30 mil desaparecidos. Teníamos un consenso social que se puso en cuestión. Hoy regresan discusiones que te dejan pasmada. Quedas desorientada.  

Por esa misma razón para el Foro Pampeano fue imprescindible realizar este trabajo del Monitorio Social durante 2023 y presentarlo antes del 10 de diciembre. Querían ver y mostrar todo lo que se había hecho hasta acá. Para cuidarlo, para que siga siendo faro, para no perder de vista las conquistas ganadas, debatidas en el Congreso, amparadas en leyes, protegidas por el Estado. Para seguir trabajando en el acceso a la ley 27.610 en toda la provincia.

Hoy, detenidas en este instante, ¿qué ven por los espejos retrovisores Mirta Fiorucci y Mónica Rodríguez? Quizá los frutos de tanta lucha. Y un miedo nuevo.

—Fueron muchos años –dice Fiorucci y la voz se entrecorta por la emoción—. La gran marea verde no se hizo de un día para el otro: en La Pampa nos sumamos cuando recién aparecían los pañuelos verdes y nadie los quería tocar. Salir de la clandestinidad fue importantísimo. Recorrer tantos pueblos y ver cómo se aplica la ley, qué sienten las usuarias, es fuerte. Y nos obliga a ampliar el compromiso con el cumplimiento de los derechos que es todo lo que está amenazado ahora, con este gobierno.

Un largo camino recorrido. Pero como supo decir Eduardo Galeano: “el horizonte se corre más allá”. Con el proyecto de ley Ómnibus, presentado en diciembre por el presidente de la nación, en normativas que tienen que ver con cuestiones de género se incorporaron definiciones como “hijo por nacer” o “vida desde la concepción” y se plantea la eliminación del principio de autonomía progresiva que en el marco de la IVE le permitía a las adolescentes de 16 años decidir sobre sus cuerpos. El pie de Mirta Fiorucci, el pie de cientas de pampeanas, de miles de feministas, siempre dispuesto a pisar el acelerador. 

AA/MA