La inflación envejece la pauta salarial del Gobierno, mientras la desilusión invade a los empresarios del Llao Llao

Unos se reunieron esta semana en la sede de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), en Once. Otros se encontraron en el Llao Llao. Los primeros, los integrantes de la mesa chica de la CGT. Los segundos, grandes empresarios y sus hijos que formaron el autodenominado Grupo Argentina Mejor (GAM) en el marco de Endeavor, la fundación que fomenta el emprendedurismo top y que encabeza Eduardo Elsztain (dueño de Cresud, el holding que nuclea negocios agrícolas, inmobiliarios y de shoppings). En uno y otro encuentro participaron muchos poderosos de siempre y algunos nuevos. Entre los gremialistas predominó el apoyo estratégico al gobierno de Alberto Fernández, aunque con advertencias contra una nueva cuarentena, por su eventual impacto social, y sobre la imposibilidad de seguir aceptando la pauta salarial propuesta por el Gobierno, dado que la meta de inflación del 29% va quedándose corta con la suba de precios del primer trimestre del año. Entre los hombres de negocios, lógicamente menos urgidos por la coyuntura que los trabajadores, el debate se centró en una cuestión más estructural: ¿tiene salida la Argentina?

Entre los que viven el día a día o penando en llegar a fin de mes la pregunta radica en si podrá seguir trabajando en la medida en que avanza la pandemia y surgen nuevas restricciones a las actividades. Ya la experiencia de 2020 demostró que se perdieron empleos y que ni la ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) ni el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) suplieron la caída del poder de compra. Es mejor trabajar que cobrar subsidio para lograr “la movilidad social ascendente”, según uno de los popes de la CGT, aunque peor es morir. Por eso, reclaman que se trabaje, pero con protocolos, insuficientes aún en algunas actividades. En concreto, este miércoles, en una reunión con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, el secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, pidió terminar con la escasez de barbijos y alcohol en gel, mejoras edilicias y aceleración de la vacunación a docentes, pero se diferenció tajante de otros sindicalistas de las provincias de Buenos Aires y La Rioja que advirtieron sobre un supuesto desborde de casos en escuelas. 

Romero es uno de los integrantes de la mesa chica de la CGT que se encontraron el martes pasado en UPCN, con Andrés Rodríguez como anfitrión. Los otros miembros son los dos líderes de la central, Héctor Daer (de un gremio clave en la pandemia, Sanidad, que cerró esta semana un acuerdo paritario de 2020 por 36%, el mismo nivel que la inflación, tras algunos paros), Carlos Acuña (de estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (seguros), Víctor Santa María (del sindicato de encargados de edificios, Suterh, que a su vez controla la Fundación Octubre y su grupo de medios de comunicación), Armando Cavalieri (Comercio), Gerardo Martínez (Unión Obrera de la Construcción, UOCRA), Carlos Frigerio (Cerveceros) y Antonio Caló (Unión Obrera Metalúrgica, UOM). En septiembre u octubre deben renovar autoridades y acordaron invitar a sumarse a los gremialistas que se alejaron de la conducción, como el bancario Sergio Palazzo y los camioneros Hugo y Pablo Moyano. Se evalúa una CGT con cuatro secretarios generales. A la vez acordaron pedirle una audiencia a Alberto Fernández para reclamarle fondos para las obras sociales, que se preserven los puestos de trabajo en la segunda ola de Covid-19 -hablan de “estallido social” si hay más cierres- y que comience a mejorar el poder adquisitivo, tras cuatro años de Mauricio Macri, uno de pandemia y el actual encarecimiento de la comida.

Los datos de la inflación del primer trimestre del año han sido peores que lo esperado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, el mismo que abrió 2021 proyectando un índice de precios al consumidor (IPC) del 29% y pidiendo a empresarios que remarcaran en esa línea y a sindicalistas que no pidieran más de un 33% de alza salarial. A principios de abril, el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala destacó el acompañamiento gremial a esa propuesta de Guzmán: “Las primeras paritarias cerradas para este año se ordenaron en torno a la pauta: el gremio bancario acordó un 29%, la paritaria nacional docente cerró en 34,5%; la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, en 32% y estatales del mismo distrito, en 34%; Suterh, 32%; Luz y Fuerza, 29,5%; AySA, 32%; UTEDyC (entidades deportivas), 30% y los gremios ferroviarios, 34%. Los acuerdos cuentan con cláusulas de ajuste o revisión para el caso de que la inflación supere la meta oficial”. Pero aún quedan algunos gremios importantes por cerrar a los que ya se les hace difícil aceptar una previsión de inflación del 29% que parece “quedarse corta”, según un sindicalista de la CGT.

Cavalieri arrancó pidiendo 36%, pero los comerciantes, de los más afectados por la pandemia -a diferencia del sector primario y el industrial-, están renuentes y negocian un 34%. Caló reclamó 35%. Los docentes universitarios rechazaron este miércoles la oferta de 33% que les formuló Trotta. Para fin de mes se prevé la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo y desde la CTA de los Trabajadores, que conduce el diputado oficialista Hugo Yasky, se prevé exigir un número mayor a todos los que se barajaron en las paritarias sectoriales. La idea es proteger a los que menos ganan -incluidos los beneficiarios del plan social Potenciar Trabajo, que cobran medio sueldo básico- y no sólo a los trabajadores de ingresos medios para arriba que se beneficiaron este jueves con la sanción de la ley que exime del impuesto a las ganancias a los que cobran menos de $ 150.000. Precisamente, los movimientos sociales opositores, incluidos los del Frente de Izquierda y Libres del Sur, organizaron este jueves una masiva manifestación en la 9 de Julio para reclamar por alimentos -el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, respondió con un refuerzo de la partida para comedores-, planes sociales y vacunas, clave para evitar que cierren más actividades. La Argentina es el cuarto país que más población vacunó en una Latinoamérica que inocula a paso lento: llega al 8,9%, frente al 37% de Chile, el 23% de Uruguay y el 9,1% de Brasil, naciones donde se está usando la menos efectiva vacuna de la farmacéutica china Sinovac y donde persiste el aumento de casos.

En la CTA de los Trabajadores consideran que reclamar una paritaria más alta o una revisión antes de tiempo, en junio o julio, en lugar de las fechas fijadas para agosto o septiembre, provocaría un espiral en el que después sobrevendrían más aumentos de precios de sectores empresarios a los que acusan de querer poner al gobierno del Frente de Todos (FdT) “contra las cuerdas”. Por eso, promueven que la solución pase por reforzar los controles de precios y de costos, sobre todo del plástico, el acero, el aluminio o el cemento, todos insumos producidos por grandes compañías. En el oficialismo está abierta la discusión entre los cristinistas que sostienen que el Estado debe meter mano para provocar un “shock de empleo y mejora del poder adquisitivo” y los que, como Guzmán, consideran que en el segundo trimestre la inflación se acomodará. Los primeros piensan darle un margen al ministro, que a su vez reconocen que ahora son los empresarios los que deben poner de su parte, dado que el dólar sube poco, las tarifas están congeladas, los salarios -tan devaluados en dólares en los últimos tres años- se ciñeron hasta ahora a la pauta oficial y las políticas fiscal y monetaria están más moderadas que en 2020. En la CTA de los Trabajadores buscan acordar con las otras centrales obreras un fuerte mensaje el 1º de mayo contra los “formadores de precios”. Habrá que ver si convencen a quienes en la CGT están de acuerdo con “más controles de precios pero que permitan la competitividad” y reclaman menos carga tributaria a los trabajadores, pero también menos gasto público, en especial el político, en llamativa coincidencia con lo que piden los más conservadores políticos, economistas y empresarios.

Dueños y herederos de las grandes fortunas de la Argentina -esos mismos que tienen hasta el próximo viernes para abonar el aporte extraordinario- se dividieron en la cita de Bariloche -de miércoles a viernes pasado- entre quienes argumentan que el país carece de salida y los que aún mantienen sus esperanzas, desvanecidas tras el fracaso económico de Macri y el regreso del kirchnerismo al poder (aunque no todo el FdT se identifique como tal). En una de las comidas, uno de los empresarios admitía que antes pensaba que la Argentina nunca volvería a estar tan mal como en 2001 y ahora piensa que se equivocó. En los debates se planteó la migración de millonarios (varios directivos de Endeavor se marcharon a Uruguay, como Marcos Galperin, Gustavo Grobocopatel y Martín Migoya, propietario de Globant), de cerebros (incluidos algunos de los primeros) y de empresas. Pero los que aún confían en el país plantearon la receta de “mejorar las políticas públicas, estabilizar la economía, abandonar el antagonismo contra los empresarios, reducir la volatilidad de las reglas de juego, promocionar el empleo y educar para el trabajo”. Estas dos últimas propuestas surgieron de boca de uno de los economistas invitados, Eduardo Levy Yeyati. También asistieron sus colegas el ex ministro de Hacienda macrista Hernán Lacunza y el ex viceministro de Economía kirchnerista devenido consultor Emmanuel Álvarez Agis. Falló la videoconferencia de Fernández, pero viajó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, un camporista moderado que con sus palabras sorprendió para bien, aunque en el empresariado piden hechos (a su favor). 

Uno de los empresarios asistentes lamentaba que en la sociedad argentina esté instalada una imagen de que ellos buscan siempre quedarse con más y alegaba que debían explicar mejor qué necesitan para crear mano de obra. Era uno de los que mantenía la ilusión. La basaba en que aquí están sus inversiones. Reconocía que los hombres de negocios debían provocar más confianza en la gente y en los gobiernos de turno para evitar que la política los cargue con más impuestos que, según él, pueden derivar en quiebras y despidos en plena pandemia. Ante la segunda ola de coronavirus, la diputada cristinista Fernanda Vallejos pidió aumentar los tributos a los bienes personales y a las ganancias empresariales “extraordinarias”. Guzmán, en cambio, aboga por su modificado proyecto de ley que sube del 30% al 35% la alícuota para grandes compañías, el 10% del total, y la baja al 25% para el 90% restante. Pero el ministro estará por unos días alejado de las peleas criollas y deberá librar otras en Europa, donde buscará apoyos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que él considera necesario antes de las elecciones -a diferencia de la vicepresidenta- y una nueva postergación de vencimientos de la deuda con el Club de París (grupo de países acreedores), que este año, a diferencia de 2020, se muestra más reticentes y duda de si condicionar el aplazamiento a un pacto con el organismo con sede en Washington.  

AR