Qué obras públicas prevé el presupuesto de Guzmán, bajo la lupa del kirchnerismo y la oposición

El bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), que encabeza Máximo Kirchner, se reunió este lunes en forma presencial en el Palacio Legislativo. Se suponía que iba a analizar el proyecto de presupuesto que elaboró el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que Kirchner prometió revisar, pero se dedicó a evaluar la derrota en las primarias y la perspectiva para las legislativas del 14 de noviembre. La oposición menciona críticas a la iniciativa, aunque reconoce que esta vez no aparece “nada raro”. Aunque muchas veces los presupuestos quedan en papel mojado, resultan una guía para analizar las prioridades de un gobierno. Por ejemplo, en la obra pública, donde se prevé duplicar (+103%, hasta $ 581.000 millones) la inversión en proyectos nacionales y elevar 43% (hasta $ 733.000 millones) las transferencias a provincias y empresas públicas, aunque las cifras hay que ajustarlas por una inflación prevista en un 33% por Guzmán.

El presupuesto atribuye el alza a obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), como la autopista Presidente Perón, en la provincia de Buenos Aires; la de la ruta nacional 22 en Río Negro, que lleva años en ejecución; la provincial 56 entre General Conesa y General Madariaga, rumbo a Pinamar y Villa Gesell; la autopista de la ruta nacional 34 entre Angélica y Sunchales, provincia de Santa Fe; la de la 40 entre Mendoza y San Juan; y la autovía nacional 11 en Resistencia. El incremento de la inversión pública también obedecerá al plan Juan Manso, por el que el Estado ha vuelto a repartir computadoras entre los alumnos, después del parate en el gobierno de Cambiemos; la construcción de la primera etapa de un gasoducto bautizada como Néstor Kirchner entre Tratayén (Neuquén, en la zona de Vaca Muerta) y Salliqueló (Buenos Aires), proyectos para el mejoramiento de las líneas ferroviarias Belgrano Cargas, Sarmiento, Roca, San Martin y Belgrano Sur), la construcción de los reactores nucleares RA10 y CAREM; iniciativas del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para llevar agua potable y cloacas a 2,7 millones de personas; adquisiciones de bienes de uso del Ministerio de Salud y la construcción de los vehículos lanzadores de satélites Tronador II A, B y C y las misiones satelitales de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). También se incluyen proyectos del Ministerio de Obras Públicas, como infraestructura urbana en la cuenca Matanza-Riachuelo, acondicionamiento de parques, reservas ecológicas, apoyo a municipios y el programa Argentina Hace, de “obras de ejecución rápida con mano de obra local y que promueve la paridad de género, el desarrollo de la inclusión social, la integración de jóvenes desocupados y la participación comunitaria”, según reza el presupuesto.

Entre las transferencias a empresas públicas para inversiones, se mencionan las obras de infraestructuras de las empresas de transporte ferroviario (DECAHF, ADIF, SOFSE, FASE y BCL) y vial (Corredores Viales SA), AySA e Integración Energética Argentina SA (IEASA). Entre los proyectos de AySA, la empresa que preside Malena Galmarini, se incluyen la finalización del acueducto Juan Manuel de Rosas en Escobar, la continuación de la planta de Dock Sud y otras obras en Escobar y Pilar, una planta de tratamiento en Laferrere, depuradoras en Merlo, José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel, la terminación de obras del Riachuelo, ´como su canal emisario, una planta de tratamiento de barros, la ampliación de una reserva en Quilmes y una estación de bombeo cloacal en Berazategui. 

 El diputado radical Luis Pastori (Misiones) critica la distribución geográfica de la inversión pública del presupuesto. Un estudio de la consultora Politikon Chaco sobre el proyecto muestra que cuáles son las provincias que recibirán más fondos per cápita: a la cabeza figuran Santa Cruz ($ 266.000), Río Negro (237.000) y La Rioja (222.000) y en los últimos lugares, Misiones (139.000), Entre Ríos (141.000) y Corrientes (148.000). Santa Cruz, La Rioja y Entre Ríos están gobernadas por el peronismo; Misiones y Río Negro, por partidos provinciales más o menos aliados al gobierno nacional y Corrientes, por la UCR. Las provincias donde más crecería la obra pública son Formosa (220%), Catamarca (219%) y Santiago del Estero (211%), todas oficialistas, al tiempo que las de menor aumento serían la peronista Tucumán (0,9%), Corrientes (9,9%) y la radical Jujuy (14,5%). Habrá que ver si el nuevo jefe de Gabinete, Juan Manzur, cambia la ecuación para su “Tucumán querido”.

De todos modos, Pastori, secretario de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, reconoce que el proyecto de Guzmán no presenta mayores polémicas: “No veo nada relevante respecto de otros años. Por experiencia, sabemos que las cosas raras no aparecen en el proyecto sino en el trabajo en comisión, más teniendo en cuenta que hay diferencias en el oficialismo. El año pasado, a un proyecto de 90 artículos le agregaron 30 más”. Pero advierte que la iniciativa se basa en una proyección “ficticia” de inflación del 33%. Bancos y consultoras esperan en promedio un 42,7%, según un relevamiento de la firma FocusEconomics. La española Mapfre Economics es la más optimista al anticipar un 30,3%, mientras que el estudio Ferreres es el más pesimista, con un 52,8%.

Pastori también señala que el presupuesto prevé que la economía crezca 4% y que la recaudación tributaria suba en consonancia un 1% del PBI, pero el mercado pronostica un 2,5%, un valor sólo superior a Brasil (2,2%) entre las principales economías latinoamericanas, según FocusEconomics. El banco británico Barclays predice una expansión de apenas el 0,8%, es decir, un virtual estancamiento, mientras que sólo el alemán Kiel Institute se acerca al pronóstico oficial (3,9%).

Al diputado radical misionero también le llama la atención la predicción de un dólar oficial a fines de 2022 a $ 131. “Da la impresión de que el presupuesto se hace sobre bases que no se cumplirán”, apunta. El sondeo de FocusEconomics prevé un tipo de cambio a $ 157. La agencia de riesgo crediticio Fitch es la que más se aproxima a la proyección gubernamental ($ 136), mientras que la más pesimista es la consultora Econométrica ($ 180), que ahora conduce el devenido libertario Ramiro Castiñeira. Otro diputado de la UCR, Facundo Suárez Lastra, advierte que el dólar subiría por debajo de la inflación presupuestada y mucho menos que la prevista por el mercado: “Así como hasta ahora el ancla del tipo de cambio para frenar la inflación no afectó la competitividad, si sigue así en el curso de 2022, sí la va a afectar”.

Pastori y Suárez Lastra alzan la voz sobre la evolución del impuesto sobre los bienes personales, también llamado a la riqueza. Pastori señala que el mínimo no imponible (piso patrimonial a partir del cual se tributa) no se actualiza desde 2018 y se mantiene en $ 2 millones, lo que puede llevar a que personas no necesariamente ricas paguen este impuesto. Es que $ 2 millones son US$ 19.000. Lo que llama la atención es que a Suárez Lastra le preocupen los que tienen activos en el exterior: advierte que el proyecto convierte en permanente la facultad del presidente de la Nación de manejar la alícuota sobre esos bienes.

El ex intendente de la ciudad de Buenos Aires reclama por los fondos a este distrito. El gasto corriente (operativo) del presupuesto nacional aumentará más en Formosa (61%), la provincia de Buenos Aires (60%) y Chaco (60%), todas peronistas, y menos en la capital (28%) y en las oficialistas San Luis (31%), San Juan (50%) y Santa Cruz (50%).

Pastori y Suárez Lastra advierten sobre la falta de detalle de cómo el Gobierno bajará los subsidios a la energía en 2022. Se trata precisamente del tema de debate interno dentro del FdT porque en el kirchnerismo consideran que la segmentación de tarifas según ingresos de los hogares terminará suponiendo un ahorro acotado y afectando a familias que no podrán abonar el aumento.

En el bloque oficialista apenas empieza el debate. “Recién estamos empezando a estudiar el presupuesto. En unos días avanzaremos con el análisis fino”, reconocen en el cristinismo. Pero en el albertismo se ilusionan: “No creo que haya objeciones de parte de nuestro bloque”.

Entre economistas cercanos al oficialismo se dividen las opiniones. “Lo más evidente es el tema subsidios a la energía porque hoy se cubre de bolsillo el 37% de la tarifa y pasaría al 43% promedio, algunos usuarios más y otros menos, por la segmentación, pero todavía no se sabe nada concreto de la segmentación”, observa Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Su colega Nicolás Zeolla, de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE, donde se desempeñó por años Mercedes Marcó del Pont), apoya el texto de Guzmán: “Desde mí punto de vista, el presupuesto tiene lógica dentro de los planteos de crecimiento, inflación y renegociación con el FMI (Fondo Monetario Internacional) y Club de París. Además de suponer que en 2022 podrá implementar la segmentación tarifaria, veo como positivo el crecimiento real de la obra pública, que llegaría a 2,3% del PBI, y advierto cierto optimismo en el dinamismo recaudatorio, con partidas como Ganancias y Seguridad Social creciendo 10% y 20% en términos reales. Ambas cosas explican la consolidación fiscal. No estoy al tanto de qué piensa el bloque oficialista. Supongo que buscará imprimirle un mayor dinamismo al gasto corriente, especialmente en partidas dónde cae, producto de la disminución de los programas de emergencia Covid, compensándolos con otros gastos, pero no lo sé porque es un presupuesto adecuado a las limitaciones del sector externo argentino. Mayor déficit fiscal para impulsar el crecimiento suena algo deseable , pero no está claro cómo se financiaría en términos de oferta de divisas”.

En el proyecto hay recortes en los servicios de inteligencia (subirá el gasto 19%, por debajo de la inflación prevista), la salud (12%, pues se supone que ya no habrá erogaciones extra por el Covid-19), la partida de trabajo (9%, también porque ya no habrá que repartir el plan Repro II a empresas y trabajadores independientes afectados por las restricciones) y sobre todo en la energía (5%), lo que vaticina una fuerte reducción de subsidios y el consiguiente tarifazo, pero sólo para las clases medias y altas. “Es raro que el oficialismo objete su propio presupuesto”, concluye, lacónico, Juan Manuel Telechea, del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala.

AR