Retenciones, cupo o fideicomisos: el Gobierno zigzaguea entre instrumentos para “desacoplar” el precio de los alimentos

“Algunos se enamoran de las retenciones, pero en este momento hay que discutir si esa es la mejor herramienta para seguir capturando dólares para poder sostener el crecimiento que imaginamos para este año y el que viene”, dijo esta semana la diputada –contadora de profesión– Victoria Tolosa Paz, e inauguró una vertiente más dentro del heterogéneo discurso del Frente de Todos sobre tema. Incluso ponderó a las “cuotas exportables” como una estrategia más apropiada en este escenario. 

El contexto internacional, que atiza la ya alta inflación que arrastra la Argentina, impone la obligación de buscar mecanismos para evitar que la escalada global de los alimentos impacte de lleno en la mesa de las familias. Algo que, de todos modos, ya está sucediendo. Solo en abril la harina de trigo aumentó 16,1% y el aceite de girasol, 13,5%, según datos del Indec.  

Dentro de la coalición oficialista conviven dos líneas argumentales sobre los motivos por los que no se avanzó hasta ahora con un aumento de las retenciones a la exportación de productos primarios. El presidente Alberto Fernández destacó públicamente esa medida como una “posible solución” al problema de la disparada de los alimentos –e incluso su portavoz agregó que se trata de una herramienta efectiva y rápida de instrumentar–, pero dijo que lo disuade de impulsarla el hecho de que la oposición la rechace. Se niega a ir hacia una derrota segura en el Congreso. 

Tanto su ministro de Economía, Martín Guzmán; como su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, opinan otra cosa. Creen que, en este contexto, las retenciones serían contraproducentes desde el punto de vista económico porque podrían generar una reducción del flujo de ingresos de dólares. 

En el Ministerio de Agricultura consideran que, incluso, las retenciones no generarían el efecto de baja de precio esperado y muestran proyecciones en las que el resultado final de una suba de este tributo –con el esfuerzo político que implicaría concretarla– apenas “bajaría $10 el precio del pan”. La llave para afectar el precio de las góndolas no está, para Domínguez, en el origen (el productor), sino en la cadena de comercialización, donde se puede intervenir con otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, los fideicomisos que articula la oficina de Comercio Interior, que tiene como flamante titular a Guillermo Hang. 

Retenciones, cupo, fideicomisos. ¿Qué de todo prefiere “el campo”? Para David Miazzo, economista jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la opción de una suba de retenciones es “menos mala” que el establecimiento de cupos, porque es más “transparente”. “Sabés que lo que te retienen es el x por ciento, lo que baja en x por ciento el precio interno. El impacto del cupo es mucho menos claro y entra en juego el poder de negociación que cada jugador tiene para acceder a ese cupo”, explica. 

De todos modos, Miazzo señala que el efecto final en las cuentas solo se puede evaluar en un escenario concreto. Por ejemplo, contra la retención actual del 33% para la soja –que considera muy alta–, un cupo de exportación tendría un efecto “menos dañino”. Como ejemplo inverso, menciona que entre 2008 y 2015 los cupos de trigo y maíz generaron un impacto en los precios equivalentes a un derecho de exportación del 10%, por lo que eran preferibles a un porcentaje mayor de retenciones.

Si bien es diferente al mecanismo implementado por Cristina Fernández de Kirchner, desde diciembre de 2021 rige una medida similar a los cupos de exportación. El Gobierno define “volúmenes de equilibrio'' que rigen para el trigo y el maíz, destinados a garantizar el abastecimiento interno. También están vigentes restricciones a la exportación de los cortes de carne más consumidos por los argentinos y argentinas.

Alejandro Ciancaglini, que dirige un estudio de asesores tributarios para el negocio agropecuario ubicado en la ciudad bonaerense de Adolfo Gonzáles Chaves, opina que las retenciones tienen un impacto “regresivo” al interior del sector agropecuario. Frente a un aumento del impuesto, las grandes empresas exportadoras le trasladan el costo al productor ofreciéndole menos dinero por su cosecha. “El exportador siempre va a mantener su margen de ganancia y quien soporta la retención es el productor, sin distinción de si es grande o chico”, explica.

Sobre la disposición de cupos a la exportación, el tributarista considera que es una medida menos lucrativa para el Gobierno desde el punto de vista fiscal y que puede generar una afectación del mercado internacional. “Se cae en la posibilidad de incumplimiento y pérdida de mercado por conducta errática. Por ejemplo, si le estoy exportando a Brasil 10 millones de toneladas y le rebajo a 5 millones, Brasil no me va a comprar la próxima. El comercio internacional requiere previsibilidad y el mantenimiento de los mercados”, apunta. 

De avanzar con medidas de este tipo, la Argentina no sería una excepción en el mundo. En el último tiempo más de 20 países pusieron algún tipo de restricciones a la exportación de alimentos, según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés). De todos modos, Ciancaglini dice que la mayoría de los países están tomando esas decisiones por un tema de “volumen”: para garantizar que falte el alimento al interior de sus fronteras (por ejemplo en India, que cerró la exportación de trigo, hubo una ola de calor que afectó la cosecha). No es un esquema para regular el “precio”, aunque se espera que –por la ley más básica de la economía– la mayor oferta lo modere. 

Si el foco se pone en la cadena de comercialización, como proponen en Agricultura, aparece la herramienta de los fideicomisos cruzados. Con este mecanismo se captura parte de la ganancia de los exportadores y se vuelca a subsidiar a quien procesa y distribuye el producto en el mercado interno. Por ejemplo, a los molinos harineros que venden, entonces, la bolsa a un precio más barato a las panaderías y las fábricas. 

Ya rige un fideicomiso para el aceite de maíz y otro para la harina de trigo 000, que pese a que lleva meses de armado avanzó unos pocos casilleros en la instrumentación efectiva.  Para Ciancaglini, que asesora a productores de todos los tamaños, es la opción “menos mala de todas” y además tiene un “direccionamiento más preciso”, va directo a quien lo tiene que recibir. 

El gran punto es de dónde se obtienen los recursos para financiar ese fideicomiso. En el caso que existe para el trigo, esos fondos derivan de un aumento de dos puntos porcentuales de las retenciones a los subproductos de las soja. Es decir, que es un mecanismo no excluyente sino complementario respecto de las retenciones. Redistribuye lo que se capta con alguna otra herramienta o, llegado el caso, sale de las arcas del Gobierno. 

Pese a los pros y contras, hay sectores más duros del campo que no admiten ninguna intervención. “Ninguna herramienta de esas es buena”, dicen en la Sociedad Rural Argentina (SRA), “le ponen techo a la producción o la desincentivan mucho”. 

DT