Tras reunirse con Alberto Fernández, Guzmán se prepara para contrarrestar el impacto del anuncio de la inflación de marzo

Así como algunos van a misa o a la cancha todos los domingos, Martín Guzmán pasa por la Quinta de Olivos a conversar con Alberto Fernández. Ayer, horas antes de que el Presidente fuera padre por segunda vez en sus 63 años de vida, el ministro de Economía lo visitó apenas llegado del viaje que organizó a Brasil para asegurarse que el socio mayor del Mercosur le ceda gas boliviano en invierno y para promocionar inversiones en Vaca Muerta. Pero no sólo conversaron sobre el impacto de la crisis energética mundial por la guerra de Ucrania sino también del dato de inflación de marzo que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) anunciará pasado mañana, del cumplimiento que se logró de las tres metas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el primer trimestre del año y de los rumores sobre cambios de gabinete, que lo han llegado a incluir al propio jefe del Palacio de Hacienda, bajo fuego cristinista.

No todos los encuentros dominicales de Fernández y Guzmán se difunden, pero en este caso el Gobierno decidió hacerlo a modo de respaldo del Presidente a la continuidad del ministro. Claro que después de que se anuncie el índice de precios al consumidor (IPC) de marzo, cercano al 6% por el impacto mundial del conflicto de Rusia y Ucrania en los alimentos, el ex investigador de la Universidad de Columbia, de 39 años, no podrá quedarse de brazos cruzados. No se descartan medidas ni cambios en el equipo económico. En su cartera insisten en la “prudencia macro”: reducción del déficit fiscal y del financiamiento monetario de ese rojo, acumulación de reservas del Banco Central, suba de tasas de interés, todo lo pactado con el FMI y que ha venido redundado en una fuerte baja del dólar paralelo en los últimos dos meses y medio.

Habrá que ver si sobreviene una vuelta de tuerca sobre esos objetivos, algún incremento adicional de tasas esta semana, o si Guzmán aceptará algunas de las críticas que a cielo abierto le vertió el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que pidió una política económica clara, un aumento de las retenciones al campo o un mayor subsidio privado de los exportadores de granos para que a través de fideicomisos se eviten, como hasta ahora, incrementos del aceite, la harina y los fideos o las nuevas amenazas que se ciernen sobre los huevos, la leche y las carnes aviar y bovina (dado que el encarecido maíz alimenta el ganado). Feletti también pide más control de importaciones para preservar las reservas. Por lo pronto, el Gobierno reaccionó la semana pasada con dos medidas: prohibirá exportar a los frigoríficos que no respeten el acuerdo de valores de siete Cortes Cuidados e importar a los fabricantes que no cumplan con los Precios Cuidados, como los que requieren café, malta (insumo para la cerveza), cacao, productos utilizados para la elaboración de golosinas y pasta química requerida para la producción de pañales y productos de higiene personal. El Banco Central, que preside Miguel Pesce, reguló el acceso a las divisas para estas importaciones y otras de insumos industriales para evitar faltantes.

Además, a partir de hoy comienza una catarata de reuniones por las paritarias anticipadas de los distintos gremios y patronales para recomponer el poder de compra, tal como pactaron Guzmán, su par de Trabajo, Claudio Moroni, la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Confederación General del Trabajo (CGT). La suba del salario es la otra respuesta del Gobierno a la inflación mayor a la esperada. En Trabajo niegan que vayan a poner una pauta para su actualización, aún los más escépticos en el equipo económico como Feletti sueñan con cumplir el objetivo oficial de inflación del 48%, pero entre los sindicalistas hablan de que el alza de sueldos debería rondar entre el 50% y el 55% y revisarse en septiembre, dado que las consultoras ya pronostican que 2022 cerrará con un 60%. Una vez que cada sindicato negocie con la cámara empresarial de su sector, se presentará ante Trabajo para homologar el acuerdo. Sólo en caso de conflicto, intervendrá el ministerio, según fuentes oficiales.

Al menos Guzmán celebra que el mes próximo, cuando venga la primera misión del FMI a revisar el cumplimiento del programa, se encontrará con todo aprobado. El organismo auditará tres metas. La primera: la de recorte gradual del déficit fiscal, que se habría alcanzado por el aumento de la recaudación tributaria -dado el crecimiento económico que sigue vigoroso, pese a la inflación, y gracias al encarecimiento de las materias primas agrícolas- y la moderación de gastos considerados prescindibles -aunque algunos sectores no los consideran así y por eso denuncian, por ejemplo, ajustes en el Instituto Nacional del Cine (Incaa), que preside Luis Puenzo- al tiempo que aún siguen aumentando los subsidios energéticos, incluidos los destinados a la clase media y a los más ricos. La segunda meta: la fuerte reducción del financiamiento monetario del déficit, aunque este suele ser bajo en la primera mitad del año, por la cosecha de soja y maíz, y recién después comienza a presionar. La tercera: la acumulación de reservas, un objetivo que el equipo económico no logró en los primeros dos años de gobierno pese al alto superávit comercial, pero que ahora lograría por el nuevo préstamo que desembolsó el Fondo.

Algunos economistas vaticinaban que ni siquiera la primera revisión del acuerdo sería aprobaba. Fallarán. Pero, como siempre, las dudas se trasladarán al siguiente examen, el del segundo trimestre. En abril los entes nacionales reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas), encabezados por los cristinistas Soledad Manin y Federico Bernal, deberían convocar a audiencias públicas para aumentar la energía 20% a la clase media y 200% a los ricos, según el programa con el FMI. Está por verse si lo harán. Si ya antes de la disparada de la inflación por la guerra los cristinistas tenían dudas sobre el impacto en el bolsillo de las familias de ingresos medios, con salarios deprimidos desde hace cuatro años, ahora sus inquietudes deberían ser mayores. Seguramente será tema de debate de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con sus asesores, como Feletti, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, o la ex ministra de Economía Felisa Miceli.

En el cristinismo, más allá de las críticas a cielo abierto contra Guzmán, evitan pedirle la renuncia en público. Por ahora. En cambio, apuntan contra el albertismo: “Son ellos mismos los que hablan de que van a rajar a Guzmán. Esa estrategia del Gobierno de limar a sus funcionarios es demente. Si lo quieren rajar, que lo rajen y ya está, pero andar hablando del tema es raro”. Mientras, en las huestes del Presidente juegan al misterio sobre los pasos por seguir, pero reconocen las críticas al ministro: le reprochan poca destreza para entender la política y la economía real. Sin embargo, consideran que Fernández no puede dar la señal de debilidad de echar a su alfil y destacan que, aunque bien o mal, el ministro al final del día termina resolviendo los problemas, como el abastecimiento energético o los acuerdos por la deuda con los fondos de inversión y el FMI.

AR