Entrevista

Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación: “Telecom no presentó ante el juzgado documentación que justifique mayores aumentos”

Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública

“Una buena señal”. Así definió la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm, a la decisión tomada este viernes por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa de rechazar la medida cautelar que había solicitado el grupo Telecom Argentina —empresa que comparte accionistas con el Grupo Clarín— para eludir el techo de aumento de tarifas del 5% y suspender el decreto 690/20, que en agosto pasado declaró “servicio público esencial en competencia” a la industria de las telecomunicaciones.  

La Justicia rechazó la cautelar presentada por Telecom para aumentar tarifas por encima de lo regulado

La Justicia rechazó la cautelar presentada por Telecom para aumentar tarifas por encima de lo regulado

“Que no se haya dado lugar, aunque posiblemente Telecom apele y vaya a la cámara, corrobora algunos lineamientos políticos que estableció el Poder Ejecutivo, refrendados por el Legislativo, que tienen que ver con seguir ponderando el acceso de los ciudadanos y las ciudadanas a servicios esenciales como la conectividad de servicios móviles, televisión paga, internet al hogar y telefonía fija", dijo Sánchez Malcom en diálogo con elDiarioAR. Para la funcionaria, que trabaja bajo la órbita del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, lo decidido por el juez Walter Lara es decisivo para que las empresas implementen el plan básico universal, respeten los aumentos fijados sin dilaciones y devuelvan lo que cobraron de más.

¿El fallo en el fuero Contencioso Administrativo Federal puede servir como señal para el resto de las grandes empresas que, de algún modo, estaban esperando a ver qué pasaba para emitir sus facturas?

Que no se haya hecho lugar a esta cautelar se reafirma que el aumento pautado del 5% es el vigente. Implica también que las empresas tengan que avanzar en la implementación del Plan Básico Universal y que la intimación que hizo el Ente Nacional de Comunicaciones para la devolución de los aumentos que se hicieron por fuera del tope establecido tiene que llevarse adelante. 

Además de este, hay otros frentes judiciales abiertos por el decreto. ¿Cuál será la estrategia judicial del Gobierno? 

La estrategia nuestra es mostrar que esto es un proceso vivo, porque realmente es así. Se está avanzando con mesas de negociación con todos los actores del sector. En la reglamentación del decreto ya se prevé que las empresas puedan presentar análisis de costos y financieros, y, en función de esos requerimientos fundados en datos, se pueden hacer determinadas revisiones. Es lo mismo que está diciendo el juez Lara Correa, al señalar que Telecom no le está presentando documentación de informes financiero que den cuenta del perjuicio que ameritaría suspender el decreto. 

Las empresas dicen que, tras los ocho meses de congelamiento, la suba de costos y el aumento tan escueto de tarifas amenazan su sustentabilidad. 

La realidad es que no hay documentación presentada por parte de las empresas que justifique frenar el decreto. Por supuesto que tenemos instancias de negociación y de revisión, pero tenemos que pensar que estamos hablando con un sector que se conforma por más de 2000 empresas de diferente calibre. Contemplamos cuatro verticales de negocio: servicios móviles, donde hay una concentración importante de mercado; telefonía fija, donde también hay gran concentración; y televisión paga e internet al hogar. Respecto de estos dos servicios tenemos un crisol de empresas pequeñas y medianas, cooperativas (en ciudades pequeñas y medianas de las provincias), que prácticamente no realizaron ningún aumento en 2020. Las grandes, Claro, Telecom y Telefónica, sí han hecho aumentos en 2020, ya los habían hecho en marzo y abril. Entonces, la mirada que nosotros tenemos que tener es integral y tenemos que empezar también a establecer condiciones un poco más justas para todas las empresas. Le estamos pidiendo sus análisis de costos y desde diciembre, de a poco, las van presentando. 

La estrategia nuestra es mostrar que esto es un proceso vivo. Ya en la reglamentación del decreto se prevé que las empresas puedan presentar análisis de costos y se pueden hacer revisiones

¿Hay fecha establecida para la próxima revisión de las tarifas?

Está en análisis alguna evolución próxima, que estamos evaluando junto con Jefatura de Gabinete y el Ente Nacional de Comunicaciones. Siempre teniendo en cuenta un escenario muy disímil y segmentando por volumen de empresa. Atendiendo a quienes no realizaron aumentos en 2020 y a los esfuerzos que están llevando a cabo las pymes y cooperativas. 

¿Podría anunciarse en las próximas semanas?

Todavía no está definido pero sí, va a ser pronto.  

Algunas cámaras difundieron mensajes en los que aseguran que el cable corre riesgo de "desaparecer", lo que remite a las consignas que circularon en el debate por la ley de Servicios de Comunicación Audivisuales (medios), en 2009. ¿Por qué le parece que este tema genera un debate tan encendido? 

En principio porque veníamos de cuatro años de prácticamente no regulación y no intervención del Estado para defender el acceso de los ciudadanos y ciudadanas al servicio. Al venir de un paradigma (durante el Gobierno de Mauricio Macri) muy vinculado a la liberalización del mercado implica un cambio de eje. Pero me parece que es muy injusto por parte de determinados actores no considerar que el Estado siempre tiene que estar resguardando los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que tiene que hablar con los privados, pero siempre mirando la ponderación de derechos. Por otro lado me parece mucho más injusto que no tengan en cuenta que estamos en un contexto de pandemia en el que, después de cuatro años de ajuste, el tejido social se vio nuevamente expuesto a una condición sin precedentes y tenemos que apuntalar todos los esfuerzos de los públicos y de los privados para garantizar el acceso a herramientas de educación, salud, de trabajo, de vinculación con seres queridos. Traer a colación que el cable puede desaparecer cuando hay un ente que regula, dialoga, y pide que presenten los costos y que se informen cuáles son los requerimientos concretos, certeros de las empresas, para tenerlos en cuenta y muchas empresas no lo presentan, me parece bastante injusto.

DT

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